Un segundo semestre con más gasto: el clima electoral le pone fin al ajuste fiscal de Guzmán
“¿Guzmán es el del Frente de Todos o el de Cambiemos?”, bromea un economista, consultado por los resultados fiscales de mayo, mes en el que el Ministerio de Economía registró un balance primario superavitario de $25.714 millones. Ya en julio, transcurrida la primera mitad del año el ministro Martín Guzmán cerró con las cuentas ordenadas y una caída de 64% del déficit respecto del mismo período del año anterior, y casi que tuvo que disimular su conducta: por más estratégico que sea, el ajuste nunca es bien recibido y menos al interior de su propia fuerza política. Sobre todo porque gran parte del resultado se explica por una caída real del gasto del 40,8% en programas sociales en la comparación con los primeros seis meses de 2020, del 9,6% en las jubilaciones y del 5% en los salarios públicos, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).
Sin embargo, todo indica que el escenario no se podrá —ni se querrá— mantener en en la segunda mitad del año. “Lo que pasó en el primer trimestre no es extrapolable al segundo; la película fiscal va a ser distinta”, anticipó Martín Vauthier, economista de Anker Latinoamérica. A los factores económicos que indefectiblemente alterarán el escenario se suma el elemento político. Recomponer parte del gasto que se ajustó durante la primera parte del año será parte central de la estrategia de cara a las elecciones legislativas.
Guzmán tiene claro que para alcanzar algún acuerdo con el FMI y recuperar algo de la confianza sí o sí se necesita respetar la restricción presupuestaria, pero todo eso choca con la realidad del factor político y las elecciones.
La reducción del déficit primario, que fue de $473.102 millones en el primer semestre, se explica simultáneamente por una caída real en el gasto y un incremento en las distintas categorías de ingresos. Por el lado de los ingresos contribuyó una recaudación extraordinaria vía retenciones por la exportación de soja y maíz a valores récord y también sumó el llamado “impuesto a la riqueza”, que fue determinante para que mayo cerrara con números positivos. También mejoró la recaudación vinculada a la reactivación de la actividad tras el parate forzado por la pandemia.
Como ingreso extraordinario, para el segundo semestre solo se cuentan los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se espera que envíe el Fondo Monetario Internacional a fines de agosto. El resto de los elementos se topará con un límite: pasó la temporada de cosecha, el grueso del aporte a la riqueza ya fue recaudado y, según apunta la economista de C&T Asesores María Castiglioni, la mejora intermensual de la actividad comenzó a ralentizarse después del pico de enero.
Además, se espera que se modere la inflación, cuya disparada también colaboró a la consolidación fiscal: hizo que los ingresos crecieran al tiempo que se licuaban gastos como las jubilaciones y otras prestaciones sociales, que se ajustan con retraso. En efecto, los jubilados aparecen en la primera línea de ajuste. A pesar de los dos aumentos determinados por la ley de movilidad y los dos pagos extraordinarios, el poder de compra de los que cobran el haber mínimo registró una caída real de 13,6%.
Para el segundo semestre esperamos un push electoral que, entre bonos a jubilados, refuerzos de asignaciones y ampliaciones a programas ya existentes podría sumar un punto del PBI.
De acuerdo con los datos de la OPC, el gasto en programas sociales se redujo 40,8% en la comparación de este primer semestre con el primero de 2020, debido a que las transferencias destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores, fundamentalmente por la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP). Frente a la masividad de esas políticas, no alcanzó para mover el amperímetro el aumento de los montos destinados a la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo.
En plena carrera electoral se espera que los cambios más relevantes se vean por el lado de los gastos. La promesa del Gobierno es que los ingresos de las familias crecerán en términos reales, para lo que habilitó la reapertura de las discusiones salariales, convalidó paritarias por encima del 40% y adelantó las cuotas de recomposición del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tiene impacto en el monto de prestaciones sociales. Castiglioni también anticipó aumento de transferencias a provincias y una mayor inversión en subsidios al sector de electricidad y gas, como contracara al virtual congelamiento de las tarifas.
“Para el segundo semestre esperamos un push electoral que, entre bonos a jubilados, refuerzos de asignaciones y ampliaciones a programas ya existentes podría sumar un punto del PBI”, consideró Lorena Giorgio, economista jefa de Equilibra. Para que estas decisiones tengan impacto es fundamental que la inflación mensual se desacelere y perfore el piso de 3%. Según la economista, todo eso sumaría para la segunda mitad del año un déficit primario de 3 puntos del PBI, que se va a financiar mayormente con emisión del Banco Central.
Es esperable encontrarse con un rol moderadamente expansivo de la política fiscal. Se enfrenta un escenario donde se necesitan menos pesos que el año pasado y hay más recursos para administrar las tensiones cambiarias.
Los analistas coinciden en que aun pisando el acelerador en el gasto es difícil que se llegue a generar el déficit presupuestado oficialmente para el año, de 4,2%. Es una rareza conceptual: aunque se esfuerce, el Gobierno no alcanzará a gastar lo suficiente como para marcar el rojo anticipado. “Es un número que se puso en otro contexto, sin prever algunos de los factores que terminaron impactando, y probablemente pensando más en el discurso de la política que en una proyección vinculada a la consistencia macroeconómica”, consideró Vauthier. Ya en 2020 en el presupuesto se anticipó un déficit de 8,3%, que terminó en 6,5%.
“La política va a ver que tiene margen, al menos desde lo legal, para poner plata en el bolsillo de la gente. Pero eso tiene un límite, porque cuanto más alto el déficit más estresado está el programa financiero y más tensiones se ponen sobre el mercado de cambio”, agregó Vauthier.
La meta de déficit se puso en otro contexto y probablemente pensando más en el discurso de la política que en una proyección vinculada a la consistencia macroeconómica
“Hay intereses contrapuestos dentro de la alianza gobernante. Guzmán tiene claro que para alcanzar algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recuperar algo de la confianza en el peso y la Argentina sí o sí se necesita respetar la restricción presupuestaria, pero todo eso choca con la realidad del factor político y las elecciones”, sumó Diego Martínez Burzaco, de Inviu.
Para Nicolás Segal, economista del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), la buena marcha de la campaña de vacunación puede generar una dinámica virtuosa, extendiendo la mejora en la actividad y la recaudación y haciendo menos necesarias erogaciones extraordinarias. “Es esperable encontrarse con un rol moderadamente expansivo de la política fiscal, que si bien requerirá en parte del financiamiento monetario, se enfrenta un escenario donde se necesitan menos pesos que el año pasado y hay más recursos para administrar las tensiones cambiarias —apuntó—. El Banco Central pudo acumular reservas, cancelar pasivos en dólares y se renegociaron vencimientos públicos y privados”.
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