Desconcierto en el FMI por cómo impactará la moratoria jubilatoria en el déficit

En el medio de la negociación para rever las metas trimestrales de acumulación de reservas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Frente de Todos sorprendió ayer logrando el apoyo de ciertos opositores para aprobar la moratoria previsional y permitir que se jubilen 800.000 personas con la edad necesaria pero sin los aportes suficientes. Fuentes de confianza de los funcionarios del FMI comentaron que la sanción de la ley “al menos compromete” la negociación porque “los dejó desconcertados”. Agregaron que el ministro de Economía, Sergio Massa, les había prometido que no se aprobaría. Pero en el Palacio de Hacienda lo niegan y confían en que en las próximas horas terminará la discusión de su equipo en Washington, con Gabriel Rubinstein a la cabeza, para lograr la adecuación de las metas a un contexto de guerra en Ucrania y a la sequía agravada por la crisis climática.

En las revisiones del programa en 2022, el Fondo ya había advertido contra moratorias que eleven el gasto de la Seguridad Social. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó en octubre pasado un informe que calcula que en el primer año de vigencia de la ley el costo fiscal será del 0,27% del PBI y en el segundo, del 0,42%. Las nuevas jubilaciones implicarán un 0,39% y un 0,54%, respectivamente, pero a eso hay que restarle los aportes adeudados que cancelarán los trabajadores, que equivalen al 0,12% el primer año y al 0,09% el segundo.

El déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) fijado en el presupuesto 2023 y en el acuerdo con el FMI es del 1,9% del PBI. O sea, con esta moratoria se elevaría al 2,17%. Es de prever que el Fondo se mantenga firme en reclamar su meta. Por tanto, habrá que ver de dónde se generarán los ingresos o se recortarán los gastos para atender a los nuevos jubilados.

Ya en 2022, cuando el kirchnerismo impulsó en el Senado el proyecto de ley, con el apoyo de la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la camporista Fernanda Raverta, surgieron chisporroteos con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. El ex jefe del Palacio de Hacienda se oponía a la moratoria no sólo porque lo desviaba de su meta fiscal del año pasado, del 2,5% del PBI, sino porque consideraba que resultaba injusto darle la jubilación a algunos de los 800.000 potenciales beneficiarios que no habían aportado lo suficiente pero sí habían acumulado riqueza durante sus vidas laborales. Por eso, le parecía más justo que se les dé la pensión universal de adulto mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. El gobierno de Mauricio Macri creó la PUAM en 2016, pero en 2019 la limitó a aquellos que estuvieran por debajo de ciertos topes de ingresos en el último año, de patrimonio declarado en el impuesto de bienes personales, de valuación de sus autos y de consumos con tarjeta. A partir de entonces tampoco pudieron obtenerla los dueños de aviones o de barcos de más de 9 metros de eslora (largo). Con el mismo argumento, tanto Guzmán en su momento como ahora Juntos por el Cambio han rechazado esta moratoria recién sancionada.

AR