El Gobierno de Bolsonaro y las FFAA de Brasil reivindicaron el golpe de 1964 y la dictadura de 21 años

El Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y las tres fuerzas armadas reivindicaron este jueves oficialmente en un comunicado el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que instaló una dictadura que duró 21 años.

La reivindicación está incluida en la Orden del Día de los cuarteles y fue divulgada en un comunicado por el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, posible candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las elecciones de octubre, y los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

“El movimiento del 31 de marzo de 1964 es un hito histórico de la evolución política brasileña, puesto que reflejó los anhelos y aspiraciones de la población de la época”, dice la Orden del Día publicada en la página web oficial del Ministerio de Defensa.

Desde que asumió en 2019, todos los 31 de marzo el Gobierno de Bolsonaro, quien defiende que el régimen de facto que derrocó al presidente Joao Goulart haya aplicado torturas, exalta la fecha.

El texto omite llamar la mención de la palabra golpe pero también el cierre del Congreso, la censura previa, el asesinato, desaparición y torturas cometidas por el régimen durante sus 21 años, delitos de lesa humanidad documentados por la Comisión de la Verdad.

El comunicado repudia otros análisis sobre la dictadura militar al hablar de que la historia no puede ser “reescrita por mero revisionismo” y recuerda el apoyo civil que tuvo el golpe, al que el Gobierno de Bolsonaro y los militares desde 2019 volvieron a llamar “movimiento de 1964”.

El golpe, alentado por Estados Unidos de acuerdo con documentos desclasificados del Departamento de Estado, instaló en el poder como jefes de Estado de 1964 a 1985 a los generales Humberto Alencar Castlelo Branco, Arthur de Costa e Silva, Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo.

Fue la respuesta a un escenario de incertidumbres e inestabilidad política que “comprometía la paz nacional”.

“En marzo de 1964, las familias, las iglesias, los empresarios, los políticos, la prensa, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), las Fuerzas Armadas y la sociedad en general se aliaron, reaccionaron y se movilizaron en las calles, para restablecer el orden y para impedir que un régimen totalitario se implantara en Brasil, por grupos que propagaban falacias, que después fracasó en varias partes del mundo (en referencia al comunismo)”, apunta el ministro.

La mención a la OAB es considerada una provocación a esa entidad que fue pionera en la presentación de hábeas corpus para determinar el destino de los detenidos desaparecidos y que hoy publicó un comunicado defendiendo “el estado de Derecho” en respuesta a los militares.

Según el funcionario, en los años posteriores a 1964 la sociedad brasileña lideró un periodo de “estabilidad, seguridad, crecimiento económico y madurez política que resultó en el restablecimiento de la paz en el país y el fortalecimiento de la democracia”, a pesar de que durante ese tiempo no hubo democracia sino dictadura.

Según los organismos de derechos humanos, más de 20.000 casos de tortura están documentados.

La Comisión de la Verdad encargada en 2014 por la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) determinó que 434 personas fueron muertas tras haber desaparecido en manos del régimen.

De acuerdo con un capítulo de esta comisión, se sospecha que 8.100 personas de al menos ocho tribus indígenas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas por parte del régimen militar para la invasión de tierras y desarrollo de proyectos de infraestructura, sobre todo en la selva amazónica.

La reivindicación tiene un agregado clave que fue firmado también por los jefes del Ejército, general Paulo Sérgio Nogueira; de la Marina, almirante Almir Garnier Santos, y de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Almeida Baptista Junior.

Haberlos incluido en el Orden del Día indica que en los cuarteles no se hablará de golpe militar sino de un movimiento que colaboró con la democracia ante el posible avance del comunismo, tal la línea defendida por Bolsonaro, un excapitán del Ejército que hizo su carrera bajo el último trecho del régimen, en la gestión de Figueiredo.

Por la Ley de Amnistía autosancionada por la dictadura en 1979 que permitió el regreso de los exiliados y la apertura de los partidos políticos con elecciones regionales, los autores de crímenes de lesa humanidad en Brasil no fueron investigados, ni juzgados ni condenados.

El Supremo Tribunal Federal determinó la vigencia de la Ley en 2009.

Bolsonaro reivindica como uno de sus héroes al exjefe de la Policía secreta del régimen Carlos Brilhante Ustra, considerado uno de los jerarcas que fueron responsables de la prisión política de casi tres años de Rousseff, quien fue torturada por 22 días seguidos a inicios del año 1970.

Este miércoles, en el cierre del encuentro del Grupo de Puebla en Río de Janeiro, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas a vencer en las elecciones contra Bolsonaro, pidió a los militares “dejar de chuparle las medias a Bolsonaro” y cumplir su rol constitucional.

El de Bolsonaro es el Gobierno con más militares en las primeras, segundas y terceras líneas del Estado, con más de 6.000 cargos otorgados a los uniformados, que cobran doble salario por ello.

El vicepresidente Hamilton Mourao fue dado de baja en 2014 del Ejército siendo general luego de haber violado la cadena de mando fustigando el informe de la Comisión de la Verdad donde se documentaron los delitos perpetrados por el Ejército.

Con información de Pablo Giuliano, de la agencia Télam.

IG