Otros ataques contra civiles cuya autoría Israel negó o justificó como autodefensa
El bombardeo contra el hospital Al Ahli de Gaza que tuvo lugar el pasado miércoles se produjo cuando ya había miles de muertos y heridos palestinos –al menos un tercio de ellos menores de edad– en la Franja. Las autoridades locales indicaron que se trataba de un ataque israelí, pero el Gobierno de Netanyahu –tras unas horas de confusión– terminó negándolo.
Mientras eso ocurría, el presidente de Estados Unidos Joe Biden volaba desde Washington hacia Tel Aviv para reunirse con el primer ministro Netanyahu y mostrarle en público su apoyo incondicional. Si el ataque contra el hospital Al Ahli procedía de Israel y este lo asumía, el apretón de manos entre ambos mandatarios se vería empañado. El Gobierno israelí acusó a Hamas o a la Yihad Islámica de la autoría. El Consejo Europeo pidió una “investigación seria” sobre lo ocurrido mientras que Estados Unidos dijo no considerarlo “apropiado” y dio por buena la versión israelí.
En el mundo árabe la reacción a la agresión contra ese hospital fue casi inmediata. Miles de personas en Egipto, Líbano, Jordania, Irak, Siria o la propia Cisjordania salieron a la calle para condenar el ataque y los bombardeos israelíes que golpean Gaza desde hace trece días. Jordania anunció la cancelación de la cumbre en Amman en la que estaba previsto que el presidente estadounidense Biden se reuniera con el rey jordano, el presidente de Egipto y el de la Autoridad Nacional Palestina.
Tanto mandatarios como medios de comunicación de los países árabes mostraron incredulidad ante la versión israelí. Así lo expresaba, por ejemplo, el ministro de Exteriores jordano:
“Nadie en esta parte del mundo va a creer información de inteligencia basada en la inteligencia israelí. Sería precisa una investigación internacional independiente. Pero por ahora no importa lo que Israel diga. En el mundo árabe musulmán nadie lo creerá, teniendo en cuenta las experiencias anteriores y casos previos en los que Israel primero niega y después admite cuando los hechos emergen”.
El asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh
Uno de los casos más recientes de esas características fue el asesinato de la periodista de la cadena Al Jazeera Shireen Abu Akleh, quien recibió un disparo de un francotirador israelí en Jenín, Cisjordania, una mañana de mayo de 2022 mientras trabajaba. La reportera, palestina-estadounidense, llevaba identificación de prensa y chaleco. Israel acusó de su muerte a “palestinos armados” pero varios testigos responsabilizaron al ejército israelí.
Con el paso de los días y nuevas evidencias Israel modificó su discurso afirmando que la periodista se había quedado atrapada en fuego cruzado. Finalmente la muestra y análisis de varios vídeos tomados por periodistas y testigos –antes, durante y después del disparo– revelaron que no estaba en el fragor de un fuego cruzado y que el autor del disparo era un francotirador israelí. Al Jazeera llevó el caso a la Corte Penal Internacional –que lo estudia actualmente– con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas.
Su asesinato tiene ciertas similitudes con el ataque israelí perpetrado hace unos días contra un grupo de periodistas en el sur de Líbano, en el que seis reporteros resultaron heridos –una de ellas de gravedad– y uno falleció.
El ataque contra cinco niños en Gaza en 2022
El pasado verano, en el marco de una “operación preventiva”, en solo dos días las fuerzas israelíes mataron a 48 palestinos en Gaza, de los que 17 eran niños y cuatro mujeres. Además 360 palestinos resultaron heridos, entre ellos 151 niños, 58 mujeres y 19 ancianos. Uno de esos ataques israelíes mató a cinco niños de entre 4 y 16 años que jugaban en el cementerio local, uno de los pocos espacios abiertos en el concurrido campo de refugiados de Jabalia.
La explosión en la que murieron no tuvo las características habituales de un ataque con un F-16 o un dron israelí y las fuerzas armadas de Israel dijeron que habría sido causada por cohetes perdidos disparados por la Yihad Islámica.
Israel atribuyó el ataque a la Yihad Islámica. Con el paso de los días, sin embargo, algunos indicios señalaron la posibilidad de una autoría israelí
Con el paso de los días, sin embargo, se difundió que funcionarios de defensa de Israel no identificados –citados por el diario Haaretz– afirmaban la autoría israelí, aunque en público, de manera oficial, el Ejército israelí simplemente dijo que seguía investigando el incidente y que durante los ataques habían hecho “todos los esfuerzos posibles para minimizar los daños a civiles”.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos investigó el caso y su director, Raji Sourani, mostró fotos de un fragmento de metralla donde explicó que se veía el número de serie del cohete israelí.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su alarma ante el gran número de palestinos –muchos de ellos menores de edad– muertos o heridos desde el inicio de ese año y señaló el uso indiscriminado de munición real por parte de las fuerzas israelíes.
2021: “Sorprendente desprecio por las vidas de civiles palestinos”
En 2021, Amnistía Internacional denunció el “sorprendente desprecio por las vidas de los civiles palestinos” por parte de las fuerzas israelíes “al llevar a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales, matando en algunos casos a familias enteras –incluidos niños– y provocando destrucción sin sentido de propiedades civiles, en ataques que pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”.
El informe de dicha organización de derechos humanos llegó cuando “el número de muertos en Gaza sigue aumentando: al menos 198 palestinos murieron, entre ellos 58 niños, y más de 1.200 resultaron heridos”. En el mismo periodo diez israelíes, entre ellos dos niños, habían muerto.
Es difícil imaginar cómo bombardear edificios residenciales llenos de civiles sin previo aviso puede considerarse proporcionado, señaló Amnistía
“Está surgiendo un patrón horrible en el que Israel lanza ataques aéreos en Gaza contra edificios residenciales y casas familiares; en algunos casos, familias enteras quedaron enterradas bajo los escombros cuando los edificios en los que vivían se derrumbaron. En los casos documentados a continuación, no se dio ninguna advertencia previa a los residentes civiles para permitirles escapar”, advirtió Amnistía Internacional.
Israel no ofreció ninguna explicación sobre estos ataques, “sobre los objetivos militares a los que apuntaban, es difícil imaginar cómo bombardear edificios residenciales llenos de familias civiles sin previo aviso podría considerarse proporcionada según el derecho internacional humanitario”, señaló la organización de derechos humanos, que solicitó en varias ocasiones que la Corte Penal Internacional investigue como crímenes de guerra estos ataques.
Apartheid
En 2021 un informe de Human Rights Watch –en lo que llamó su informe más completo hasta la fecha sobre el trato de Israel a los palestinos– acusó a Israel de cometer crímenes contra la humanidad y señaló que Estados Unidos y la comunidad internacional “hicieron la vista gorda”. El informe de investigación abogó por una comisión internacional de investigación y sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos.
En concreto hizo hincapié en las políticas de “apartheid y persecución” de Israel, tal como lo definen las convenciones internacionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, subrayando la opresión estructural ejercida por el Gobierno israelí para “mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos”. El Gobierno de Israel calificó el informe de “panfleto de propaganda”. Otras organizaciones, como la israelí B'tselem también apunto a la práctica reiterada de mecanismos de segregación contra la población palestina.
La Gran Marcha del Retorno
En 2018, entre 40.000 y 50.000 hombres, mujeres y niños palestinos tomaron de manera pacífica la valla perimetral que separa Gaza de Israel para exigir el fin del bloqueo israelí y el derecho al retorno de los refugiados. En diez días de protestas, en su mayoría pacíficas, resultaron heridas más personas “que durante los cincuenta días de una guerra total en 2014. Esto debería haber generado reacciones mucho más sólidas”, denunció el Comisionado General de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Solo en el primer día murieron 17 palestinos y otros 140 en las semanas siguientes. A lo largo de las siguientes semanas 10.000 palestinos resultaron heridos, entre ellos 1.849 niñas y niños, 424 mujeres, 115 técnicos de urgencias médicas y 115 periodistas. De ellas, 5.814 fueron alcanzadas por fuego real. Un soldado israelí resultó levemente herido por la metralla de una granada lanzada por un palestino desde Gaza y otro soldado israelí murió abatido por un francotirador palestino cerca de la valla, fuera del contexto de las protestas.
Hubo indicios racionales de violaciones del derecho internacional y casos constitutivos de crímenes de guerra
El informe de la comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró a finales de febrero de 2019 que había “indicios racionales de violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional, y en algunos casos constitutivos de crímenes de guerra y contra la humanidad” en la actuación de las fuerzas armadas de Israel en la valla fronteriza gazatí.
El informe añadía que “las fuerzas de seguridad mataron y causaron mutilaciones de manifestantes palestinos, que no representaban una amenaza inminente de muerte o de lesiones para terceros, cuando fueron tiroteados, y que tampoco participaban en acciones hostiles”.
También puntualizaba que “a pesar de algunas acciones violentas, las marchas no constituían combates ni campañas militares” sino que “eran de naturaleza civil y tenían objetivos políticos”. El 22 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aceptó dicho informe por una mayoría de 23 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones.
Israel justificó su actuación en nombre de su derecho a la autodefensa y afirmando que las protestas estaban organizadas por Hamas, y calificó de “mentirosa y parcial” la investigación de la ONU: “En un nuevo teatro del absurdo, el Consejo de Derechos Humanos generó otro informe hostil contra el Estado de Israel (...) cuyo objetivo es desacreditar a la única democracia de Oriente Próximo”.
Informe de la ONU que apunta a crímenes de guerra en 2014
En 2014 una ofensiva israelí contra Gaza presentada como un acto de autodefensa que duró cincuenta días dejó 1.462 víctimas civiles palestinas, según datos de Naciones Unidas, un tercio de ellas niños. En ella atacó en varias ocasiones escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) –con decenas de muertos–. En al menos uno de esos ataques Israel negó su autoría en un primer momento y la atribuyó a Hamás.
También mató a cuatro niños que jugaban en una playa -de nueve, diez y once años- y lo justificó afirmando que los había confundido con milicianos de Hamas. La Comisión Independiente de Investigación de la ONU recopiló “información sustancial” que determinó la posible comisión de crímenes de guerra. “Cientos de civiles palestinos fueron asesinados en sus propios hogares, especialmente mujeres y niños”, señaló.
En 2014 Israel mató a 4 niños en la playa y lo justificó afirmando que los había confundido con militantes de Hamás
El informe de la Comisión señaló que “al menos 142 familias perdieron a tres o más miembros en un ataque a un edificio residencial, lo que provocó 742 muertes. El hecho de que Israel no revisara su práctica de ataques aéreos, incluso después de que sus terribles efectos sobre los civiles se hicieran evidentes, plantea la cuestión de si esto era parte de una política más amplia que fue al menos tácitamente aprobada al más alto nivel del gobierno”.
La Comisión de Investigación de Naciones Unidas expresó en sus conclusiones su preocupación por el “uso extensivo por parte de Israel de armas con un amplio radio de muertes y lesiones”. Al igual que en la ofensiva de este octubre de 2023, en 2014 Israel empleó “un patrón por el cual las Fuerzas Armadas israelíes emitían advertencias a la gente para que abandonaran un vecindario y luego automáticamente consideraban combatientes a cualquiera que se quedara. Esta práctica hace que los ataques contra civiles sean muy probables”, señaló el informe.
Naciones Unidas también denunció “el uso de munición real” de las fuerzas israelíes en Cisjordania para enfrentar manifestaciones o “controlar multitudes”, lo que entre junio y agosto de 2014 provocó la muerte de 27 palestinos. En la presentación del informe de la ONU en junio de 2015 los comisionados del mismo indicaron que “Israel debe romper con su lamentable historial a la hora de responsabilizar a los malhechores”.
La investigación de la ONU sobre los ataques de 2009
El informe de 2009 con las conclusiones de una investigación de Naciones Unidas –conocido como Informe Goldstone porque el jurista con ese nombre fue el coordinador– determinó que tanto las Fuerzas Armadas israelíes como grupos militantes palestinos habían cometido crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad.
Dicho informe condenaba las violaciones por ambas partes pero diferenciaba entre la severidad moral y legal de las violaciones de las fuerzas israelíes en comparación con las de Hamás y otros grupos armados palestinos. En él se detalló el uso de fósforo blanco por parte de Israel, ataques a civiles, el bloqueo de toda la Franja o el ataque contra la escuela Al Fakhura. El informe dio lugar a un debate en Israel sobre la apertura de una investigación independiente sobre las acusaciones de crímenes de guerra. El Gobierno de Israel rechazó rotundamente la acusación de tener una política de ataques deliberados a civiles.
Dos años después del informe –y tras la reacción israelí y sus aliados al mismo– Goldstone se retractó de la conclusión de que el Gobierno israelí marcaba deliberadamente a los civiles como objetivo. Los otros tres coautores de la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza de 2008-2009 publicaron entonces una declaración conjunta criticando su retractación.
Bombardeo de Qana en 2006
En 2006, Hezbolá lanzó cohetes sobre territorio israelí que mataron a tres soldados, y secuestró a otros dos, exigiendo negociación para un intercambio de prisioneros. Israel optó por bombardear territorio libanés, incluidos objetivos de Hezbollah, infraestructura civil y el aeropuerto de la capital, Beirut. También impulsó una invasión terrestre del sur de Líbano y un bloqueo aéreo y naval. Hezbollah incrementó los disparos de cohetes sobre el norte de Israel.
En ese contexto se produjeron ataques contra población civil por parte de Israel. Entre ellos, uno a dos ambulancias que el Ejército israelí negó en un principio. Otra de las agresiones fue el bombardeo de la ciudad libanesa de Qana, que provocó el derrumbamiento de edificios de cuatro pisos, causando la muerte de 27 personas, entre ellas 17 menores, lo que produjo una gran conmoción internacional y un incremento en las llamadas al alto el fuego.
Israel aseguró que el edificio se había desplomado horas después de su bombardeo, insinuando que el derrumbe se había debido a otro ataque y a la vez justificó la agresión alegando que desde allí se estaban disparando cohetes. Testigos y sobrevivientes indicaron que el edificio solo tardó en desplomarse unos minutos. El Gobierno libanés responsabilizó a Israel de las muertes, afirmó que desde el edificio o alrededores no estaban operando las milicias de Hezbollah y que ninguno de los cadáveres que se recuperaron eran de militantes, “además de que los equipos de rescate no encontraron arma alguna”.
El informe del Secretario General de la ONU calificó el ataque de "modelo de violación del derecho internacional"
La organización de derechos humanos Human Rights Watch desestimó las conclusiones de la investigación israelí. Por su parte Amnistía Internacional las tachó de “encubrimiento”, y afirmó que “Israel tiene un historial de no investigar las muertes de civiles o llevar a cabo investigaciones tendenciosas”. Tanto Amnistía Internacional como decenas de periodistas que habían estado filmando en la zona señalaron que nada indicaba que en el edificio o alrededores hubiera armas dentro o alrededor de la casa bombardeada o en las viviendas cercanas.
En agosto de 2006 el informe del Secretario General de Naciones Unidas calificó el ataque de “modelo de violación del derecho internacional, incluido el derecho humanitario internacional y las leyes sobre derechos humanos”. Según el informe, la población de Qana, a la que Israel afirma haber avisado con suficiente antelación para abandonar la ciudad, no podía hacerlo por estar Qana completamente incomunicada a causa de la destrucción de las carreteras de acceso por la aviación israelí en días anteriores.
Naciones Unidas recogió también la indicación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que señala que “avisar previamente a la población civil del inminente ataque no exime a Israel de sus obligaciones bajo las normas y principios del derecho internacional humanitario”.
El asesinato de la estadounidense Rachel Corrie
En marzo de 2003 la activista estadounidense Rachel Corrie fue aplastada por un bulldozer del ejército israelí en Gaza mientras intentaba proteger una vivienda palestina en riesgo de derribo por la excavadora israelí.
Según testigos presenciales, la joven fue deliberadamente atropellada, pues indican que el conductor retrocedió sobre su cuerpo ya aplastado. El Ejército israelí negó esa versión y estableció que se había tratado de un accidente. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch, entre otras organizaciones lamentaron la impunidad del Ejército israelí.
Sabra y Shatila
Otro de los episodios más conocidos y que más repercusión han tenido en el tiempo fue la matanza en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, Líbano, entre el 15 y 18 de septiembre de 1982, perpetrada por la Falange cristiana libanesa –aliada de Israel– en el marco de la ocupación de Líbano por Israel, que llegó a tomar y controlar el oeste de Beirut. Entre 800 y 1.700 palestinos –según diferentes informes– fueron masacrados por las fuerzas falangistas maronitas con el consentimiento de las fuerzas armadas israelíes dirigidas por Ariel Sharon y bajo su observación.
La masacre recibió la calificación de acto de genocidio por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas y un año después una comisión de la ONU dictaminó que Israel, como potencia ocupante de Sabra y Shatila, era responsable de la violencia acaecida en ellos.
Cuando años después, en 2001, Ariel Sharon fue elegido primer ministro de Israel, familiares de las víctimas de Sabra y Shatila presentaron una demanda contra él. La justicia belga admitió a trámite la denuncia en aplicación de una ley de jurisdicción universal para casos de violaciones de los derechos humanos, que había sido usada en 1993 para procesar a acusados del genocidio de Ruanda.
En 2003, el Tribunal Supremo belga dictaminó que Sharon –y otras personas involucradas– podrían ser enjuiciados en virtud de esta acusación. Meses después, ante presiones internacionales y problemas diplomáticos, Bélgica enmendó su ley para que se limitara a casos donde las víctimas fueran ciudadanos belgas. De ese modo se archivó la causa.
Los episodios aquí mencionados son algunos de los que más reacciones provocaron a lo largo de los años. Más allá de ellos, Israel mantiene ─como denuncian organizaciones de derechos humanos y relatores de la ONU– una dinámica de castigos colectivos contra población palestina a través de una política de hechos consumados que usualmente le permite reconocer la autoría sin mayores problemas, puesto que no hay consecuencias a pesar de que haya indicios de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Sin embargo, en algunos casos comprometidos Israel optó por negar al principio su autoría o complicidad, ya sea porque entre las víctimas hay ciudadanos europeos o estadounidenses, porque los daños humanos exceden lo habitual o porque se producen en un contexto que compromete la imagen de las potencias que apoyan sus políticas y estrategias militares. También hubo capítulos en los que las pruebas no fueron suficientes para determinar la autoría de un ataque.
Desde 1988 hasta octubre de 2023, el 87% de las víctimas han sido palestinas, y tanto la ocupación ilegal condenada por Naciones Unidas como las prácticas de segregación contra palestinos continúan.
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