La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al gobierno de Venezuela por ejecuciones en una cárcel
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó en las últimas horas al gobierno de Venezuela por un operativo que la Guardia Nacional realizó en un centro de detención durante el año 2003, en el que, según el comunicado del organismo internacional, fueron ejecutadas siete personas que estaban privadas de su libertad.
La sentencia de la CorteIDH señala también al Estado venezolano por las lesiones de otras 27 personas durante el operativo en cuestión, que ocurrió el 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, ubicado en el estado de Bolívar, al sur del país.
En su comunicado oficial, la CorteIDH informó que, aunque el Gobierno venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, era necesaria la sentencia para profundizar e investigar lo ocurrido y ordenar “medidas de reparación”.
“Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida”, detalló la Corte.
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, que permanecían presos en la cárcel de Vista Hermosa.
“El uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”, insistió en la sentencia la CorteIDH sobre las personas heridas en el hecho.
El Tribunal concluyó que el Estado faltó a la debida diligencia y que desde la fecha de lo ocurrido no se han esclarecido los hechos, no se ha identificado a los responsables ni se ha otorgado una reparación a las víctimas. Incluso señaló al Estado de omitir el inicio de una investigación ante la posible comisión de actos de tortura.
Por ello ordenó una indemnización por daño material de 50.000 dólares para la familia de cada fallecido y 25.000 dólares para cada una de las 27 personas que resultaron heridas en los hechos.
La Corte Interamericana señaló que, durante el proceso, el Estado de Venezuela aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso y reconoció que las muertes “encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.
La entidad de Justicia, con sede en Costa Rica, ordenó a Venezuela reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los responsables. Además, el Estado deberá hacer un acto público donde reconozca la responsabilidad en los hechos.
Con información de agencias.
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