Análisis

Ecuador ante el plebiscito del siglo: ¿mejor naturaleza o más petróleo?

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el 16 de agosto, viajó a EEUU para realizarse exámenes médicos tras la detección de un melanoma, un tipo de cáncer de piel, en el párpado derecho que le operaron en  julio. "No es un tema que comprometa ni ponga en peligro mi salud, sino que se sigue las recomendaciones de los médicos", señaló el Presidente, que en mayo pasado cumplió un año de Gobierno.

Susana Santos


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Ambientalistas prevén para 2023 una consulta  popular para mantener bajo tierra el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, situado en la jungla de la Amazonía de Ecuador desde que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó el 6 de septiembre, después de casi una década de litigio, la validación de las firmas de respaldo para convocar al proceso.

El bosque Yasuní, que bordea con Perú en el extremo este de Ecuador, es una de las mayores maravillas naturales de Suramérica y del mundo. El Parque Nacional Yasuní, establecido en 1979 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989, ocupa 982 mil hectáreas, en el centro de una pequeña zona en donde anfibios, pájaros, mamíferos y plantas vasculares alcanzan una diversidad máxima.  Yasuní es también hogar de los pueblos indígenas Waorani, Kichwa, Shuar, Tagaeri y Taromenane. Los dos  últimos  viven en aislamiento voluntario, un derecho a no tener ningún contacto con el hombre blanco  ratificado y afirmado por la Constitución de Ecuador y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los yacimientos Ishpingo, Tambococha y Tiputini constituyen el bloque petrolero ITT, llamado también Bloque Petrolero 43, la mayor reserva de crudo del país, que se encuentra parcialmente en el biodiverso Parque Nacional Yasuní.

“¿Está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo, sí o no?”, es la pregunta de la consulta popular en referencia al llamado eje Ishpingo-Tambococha-Tiputini del Yasuní.

La Iniciativa Yasuní- ITT

Al principio del 2007, se había planteado a nivel gubernamental la Iniciativa Yasuní-ITT (siglas de los campos Ishpingo, Tambococha Tiputinide no extraer más de un cuarto de las reservas en hidrocarburo del país, que significa dejar 850 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo amazónico, a cambio de una compensación internacional.

En Ecuador cuyo principal producto de exportación es el petróleo, la propuesta de no extraer el 20% de las reservas de crudo asomaba como un dislate, sin embargo  fue cobrando adeptos y fuerza. La iniciativa surgida en la sociedad civil  fue apoyada  por el presidente Rafael Correa y se convirtió en política pública la posibilidad de no explotar el petróleo del ITT, dejando en segundo plano la opción de extraerlo. Los intereses petroleros codiciosos del ITT tuvieron momentáneamente un freno.

El “juicio del siglo”

La iniciativa Yasuní-ITT cuenta con el poderoso antecedente del llamado “Juicio del siglo”,  iniciado en noviembre de 1993 por  demanda colectiva de 30.000 indígenas y 80.000 colonos mestizos afectados por las actividades de la empresa estadounidense Chevron-TexacoTexpet en Ecuador, los sin voz que bien elevaron su voz contra los  18 años de explotación petrolera.  Demandaron a  la empresa por los impactos ambientales producidos por  la explotación del petróleo, que han afectado a la Naturaleza y a la salud de la población. Con diversos grados, la actividad petrolera ha contribuido sistemáticamente a la destrucción de la Amazonía.

El juicio del siglo  sentó un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese período, la empresa perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas, y extrajo  cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.

Texaco es responsable de  la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris - que de manera macabra, denominan a dos campos petroleros en la misma zona donde antes ellos habitaban- y  de todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, y el perjuicio a los colonos blanco-mestizos.

El 14 de febrero de 2011, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos falló a favor de las comunidades. El juez Nicolás Zambrano resolvió que la empresa debía pagar 9.500 millones de dólares al Frente de Defensa de la Amazonía que había interpuesto la demanda 18 años atrás.

A partir del reclamo del juicio histórico,  que supera el ámbito amazónico porque la destrucción afecta globalmente,  fue ideándose  la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonia ecuatoriana –un acuerdo histórico con acreedores internacionales de suspender el pago del endeudamiento externo a cambio de conservar la Amazonía  alineándose con el reclamo de la deuda ecológica.

La promesa de Ecuador como “potencia ambiental”

La tesis de la moratoria pasó a formar parte del primer gobierno  del ex presidente Rafael Correa (2007-2011) quien en  la campaña electoral prometió refundar el estado mediante una nueva Constitución y transformar al Ecuador en “una potencia ambiental”; y como primer paso para conseguir esta ambiciosa meta, se exigía “declarar y mantener efectivamente al menos el 40% del territorio nacional como área protegida para la conservación del patrimonio de biodiversidad del Ecuador”.

El mismo año de iniciar su mandato, Correa convocó una Asamblea Constituyente que se reunió en el pueblo de Montecristi para redactar una  nueva Carta Magna.  La Constitución resultante, la vigésima desde la creación de la República del Ecuador en 1830, aprobada por una mayoría abrumadora del electorado en 2008, es una de las más progresistas del mundo. “En esta Constitución se reconoce por primera vez en el mundo que la naturaleza es sujeto de derechos, lo que marca un antes y un después para la lucha por la naturaleza”,  dispone  la Asamblea Nacional Ambiental del Ecuador (ANAM). “Adicionalmente, la Constitución del Ecuador reconoce el derecho al buen vivir o sumak kawsay, concepto proveniente de los pueblos indígenas que plantea un nuevo modelo de desarrollo basado en la convivencia social en armonía con la naturaleza”.

En 2007 el presidente Correa acogió la Iniciativa Yasuní-ITT y la declaró política oficial de su gobierno. Se inició el proceso de negociaciones con las Naciones Unidas que  concluyó en 2010 con la firma de un acuerdo vinculante con el Programa de Desarrollo de la ONU (UNDP). El dinero que la comunidad internacional donaría para la no explotación del Yasuní iría a un fideicomiso controlado por el UNDP, del que  se desembolsarían fondos para programas de bienestar social y desarrollo sustentable en Ecuador, descritos en detalle en el acuerdo con el gobierno ecuatoriano.

La meta de proteger una zona equivalente a 100 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, en septiembre de 2009, quedó expresada en el  documento “Yasuní-ITT. Una Iniciativa para cambiar la historia” editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente. Allí consta el propósito de conseguir financiamiento para proyectos que permitan “conservación y deforestación evitada del 38% del territorio nacional”.

La luna de miel con los ecologistas fue una luna de hiel  

En 2009 Correa aprobó una Ley de minería que abre el país de par en par a la minería a gran escala y que según los ecologistas viola derechos reconocidos en la Constitución de Montecristi, como el derecho de la naturaleza (art. 72), el buen vivir (art. 275), la soberanía alimentaria (art. 281), el derecho al agua (art. 12), el principio de precaución (arts. 73 y 397), el derecho a la resistencia (art. 98), el derecho a la consulta (art.400), y el derecho al consentimiento (art. 57), entre otros.

El presidente Correa no reconoció validez alguna a los planteamientos de los ecologistas, a quienes acusó de “infantiles”. “Nos hacen perder tiempo… esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías (…) Son los absurdos con los que uno tiene que luchar, contra gente que no quiere el progreso sino atender a su fundamentalismo mental”, calificó  Correa.

A la decidida protesta de  Acción EcológicaCorrea respondió con la orden de cierre de esta organización cuya sede se encuentra en la ciudad capital de Quito, provocado una campaña internacional de repudio que lo obligó a retractarse.

En febrero de 2013,  el inicio del segundo mandato de  Correa,  quien había obtenido el 57% del favor de las urnas, significó también el inicio de un reforzamiento sistemático del modelo extractivista. ‘El Buen Vivir’  contemplado en la Constitución de Montecristi  no fue respetado, se posicionó  la razón de avanzar hacia el cambio de matriz productiva desde parámetros productivistas.

En agosto de 2013 quedó evidente que la recaudación de fondos internacionales para la Iniciativa Yasuní ITT había fracasado rotundamente. Correa canceló el acuerdo con Naciones Unidas y autorizó la extracción del petróleo del bloque ITT. Activistas locales e internacionales se rehusaron a abandonar el Yasuní y formaron la coalición Yasunidos para continuar con la campaña en pro de su conservación.

Peligro en el Bloque Petrolero 43-ITT

El Yasuní que se había convertido en un punto de quiebre del gobierno de Correa, fue capitalizado por su sucesor Lenín Moreno  (2017-2021)  en su apuesta electoral; sin embargo en el mes de diciembre de 2017Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, anunciaba en los medios de comunicación que se iniciaría la que se iniciaría la explotación del campo Tambococha, que ponía en entredicho el discurso de Moreno de cuidar el Yasuní.

En mayo de 2019 el gobierno por Decreto Ejecutivo 751 permitió la instalación de plataformas de perforación petrolera y producción de hidrocarburos en la zona ITT. El 1º de octubre, a través del Decreto Ejecutivo 883, se anunció un paquete de medidas recomendadas por el FMI para garantizar el flujo de endeudamiento: la liberalización del precio de los combustibles, la flexibilización laboral, privatizaciones y reformas de la seguridad social. Lo que comenzó como una manifestación “pacífica” el 3 de octubre por parte del gremio de transportistas se convirtió en uno de los acontecimientos más complejos y violentos de la historia republicana de Ecuador, con once muertos y más de 1000 heridos, que puso en  jaque al gobierno.  El gobierno se vio obligado a derogar el polémico decreto; sin embargo no modificó su política extractiva.

En marzo de 2020, la estatal Petroamazonas EP (luego fusionada con Petroecuador), adjudicó un contrato de prestación de “servicios específicos integrados” para la perforación y completación de 24 pozos nuevos en Tambococha, en el Bloque 43 dentro del Yasuní ITT, provincia de Orellana. El contrato de 148 millones de dólares se adjudicó a la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. Los nuevos pozos permitirán incrementar la producción en alrededor de 7.500 barriles de petróleo diarios.  

A partir de febrero de 2020 se inició la construcción de un acceso ecológico para conectar el tramo de la plataforma Tambococha B a la plataforma Ishpingo A, ambas ubicadas en el Bloque 43 –ITT. En marzo de ese mismo año, imágenes satelitales  difundidas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)  revelaron la construcción de una vía que salía de la plataforma Tambococha B hacia las plataformas Tambococha CIshpingo A e Ishpingo B; aprobadas para explotación y que podrían poner en riesgo la conservación de este territorio.

Una consulta popular de verdad

El actual presidente Guillermo Lasso, quien en su campaña prometió “no explotaremos el Yasuní ITT” y recorrió las provincias de la Amazonía ecuatoriana comprometiendo su apoyo en una  consultar popular para proteger el Yasuní, el pasado 13 de abril, acompañado de  autoridades  de los ministerios de  Energía y Minas y de Petroecuador abrió la válvula del pozo A005 en la plataforma del campo Ishpingo,  donde se  espera una producción de más de 3 mil barriles diarios de petróleo, enmarcados en  la meta del Gobierno de duplicar la producción petrolera del país.

La próxima  consulta popular -a diferencia de la organizada por el ex presidente Lenín Moreno- nació desde la ciudadanía de a pie, desde el pueblo organizado que durante seis meses  recolectaron 756 mil firmas y que apenas ahora, finalmente, se reconoce que son válidas. Por lo tanto, la posibilidad de ir a una consulta para que se deje en el subsuelo el petróleo de Yasuní, el lugar “más megadiverso del planeta” como bien lo caracteriza Antonella Calle, vocera de Yasunidos.

El Colegio Nacional Electoral (CNE) prepara para el 5 de febrero próximo las elecciones para designar a autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el presidente Guillermo Lasso también prevé llamar a una consulta popular sobre diferentes temas, entre ellos el de seguridad.

De concretarse estas elecciones en las fechas previstas, la consulta sobre el Yasuni, la biodiversidad y la vida de los pueblos aislados deberá ir en papeleta propia.

AGB

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