La falta de viviendas y los desalojos en España desatan una crisis y presionan para pactar medidas urgentes

La indignación por el desalojo de Maricarmen –una mujer de 87 que fue obligada a dejar la casa donde vívía desde los 17– y por una crisis de la vivienda que asfixia a las familias y a los jóvenes tanto inquilinos como hipotecados, desbordó este sábado por la tarde las calles de Madrid. El eco del 15M –el movimiento de los indignados de 2011– planeaba por la Puerta del Sol y se hizo ensordecedor cuando el Sindicato de Inquilinas decidió hacer un llamamiento al final de la manifestación para plantar un acampe en pleno centro de la capital española. Ya no hay paciencia: exigen que este martes el Consejo de Ministros apruebe medidas urgentes después de las negociaciones con los grupos parlamentarios y que incluyan la prohibición de los desalojos y la prórroga de los contratos de alquiler de forma automática.

El Ministerio de Vivienda reiteró que un decreto para paliar la situación de la vivienda en toda España irá este martes al Consejo de Ministros después de que Sumar amenazara con no presentarse si no entraba en la orden del día. El desalojo de Maricarmen movilizó incluso a Junts, partido dispuesto ahora a aceptar un nuevo decreto y que podría desbloquearlo después de meses de parálisis. Pero el juego político tiene un actor que rebasa al Congreso y a Moncloa: las calles están mirando. Miles de personas se movilizaron este sábado para reclamar una solución y protestar contra el desalojo de Maricarmen.

Los desalojos han caído en los últimos años, pero se siguieron ejecutando más de 3.000 en España en el primer trimestre, la mayoría por impago de alquiler. Con la imposibilidad para muchos ciudadanos de comprar una vivienda porque requiere dos años de salario íntegro solo para la entrada —hasta cuatro en el caso de la capital— y los alquileres comiéndose de media la mitad de los sueldos, según estudios de Fotocasa e Infojobs, la situación se ha tornado insostenible. La posibilidad de que a un ciudadano lo expulsen de su vivienda por no poder pagar o para subir el precio es cada vez mayor. Un departamento de alquiler obliga a pagar de media en España 1.176 euros al mes frente a los 870 del arranque del año 2020. En Madrid la media alcanza los 2.000 euros por 100 metros cuadrados, según los anuncios en los portales. El precio medio para comprar vivienda en España ha pasado de los 175.000 euros por 100 metros cuadrados del arranque de 2020 a los 292.000 actuales. En Balears y Madrid, el metro cuadrado para comprar supera los 5.000 euros. Y esos precios no paran de subir.

El Sindicato pide un 'decreto Maricarmen'

En las calles, ni tan siquiera se conforman ya con el decreto de vivienda que plantea el Gobierno. Así lo manifestaba Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, plataforma con 9 años de vida que se ha convertido en uno de los mayores movimientos sociales del país. Del Río exigió ya no la aprobación del decreto de vivienda, sino de un decreto Maricarmen con cinco medidas que consideran urgentes.

El Sindicato reclama una ley estructural contra los desalojos que los prohíba si no existe una alternativa habitacional y una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones que evite el fraude que infla los precios de los alquileres y aboca a los inquilinos a la precariedad de contratos de menos duración y estabilidad, fuera de la LAU. Estas medidas ya forman parte del decreto que el PSOE presentó a los grupos parlamentarios en julio y que prometió llevar al Congreso en septiembre, finalmente aplazado y ahora rescatado de urgencia por Maricarmen.

Una congelación de alquileres vigentes al estilo Nueva York, prórrogas generalizadas a los contratos del alquiler de todos los inquilinos y una renovación automática cuando finalicen de cinco años más con prohibición de expulsión sin causa completan la lista de propuestas.

Esas medidas son más ambiciosas que las que planteaba hasta ahora el decreto del Gobierno y protegen más al inquilino. El hecho de dejar fuera cualquier modificación de la ley de suelo facilitaría la aprobación de Podemos, que se opuso por considerar que se aflojaba el control ambiental y a los pelotazos urbanísticos. Sea cual sea el texto que vaya finalmente al Consejo de Ministros, falta acabar de convencer a Junts, que aunque ve con buenos ojos prohibir los desalojos de fondos buitre e incluso que compren vivienda, sigue exigiendo exenciones fiscales a inquilinos e hipotecados.

Tras una semana de tensión en las calles, se espera que la próxima sea intensa en los pasillos del Congreso y de Moncloa, donde deben actuar rápido para apagar una mecha que amenaza con prenderse más aún. “Ministra rentista, estás en nuestra lista”, cántico del Sindicato durante la marcha, implica una subida de tono con respecto a otras protestas. También hay un rechazo frontal a las políticas de las comunidades y ayuntamientos del PP, a cuyos líderes critican de manera sistemática, aunque dan por perdidos en materia de medidas sobre vivienda.

“Nadie está a salvo”

Desde Silvia, una joven de 20 años que paga 750 euros por una habitación en el centro de Madrid, hasta Rosana, de 78 años con el departamento pagado pero que sale a las calles “porque hay que ir todos a una” y “por los hijos y los nietos”, la indignación en las calles va más allá de la situación personal y económica de cada uno. Es una cuestión de derechos humanos básicos. “Tienen que garantizar la vivienda, que lo dice la Constitución”, decía Rosana.

Barro, 26 años, vive en el barrio de Delicias de la capital y paga 595 euros por una habitación en un edificio donde vive con dos personas más. Eso significa mucho más de la mitad de su sueldo, puesto que trabaja solo a media jornada como profesor de música. Ni siquiera sabe bien quién es su casero: “se llama Capital Rooms, pero también Nuevo Hogar, pero también Nina, no sé, hay algo extraño”. “Al menos tengo un contrato”, explicaba durante la marcha, celebrando haber dejado el departamento anterior donde el inquilino que le realquilaba una habitación y, cree, se lo cobraba más caro, le echó de mala manera. “Es demencial que a una persona de 87 años la echen de su casa sin alternativa y con ofertas de particulares, pero además nadie está a salvo, da igual lo que estés pagando de alquiler, en cualquier momento tu casa pasa a ser propiedad de otro y ya no es tu casa”, señalaba.

No resultaba difícil encontrar en la protesta a personas con un buen sueldo incapaces de comprar un departamento o a ciudadanos de más de 40 años que comparten vivienda y aun así se dejan gran parte del sueldo en el alquiler. Muchos propietarios y empresas, mientras tanto, aumentan sus negocios a medida que se tensiona el mercado y los fondos celebran ferias como The District, esta última semana, para fomentar la inversión y la especulación inmobiliaria.

El caso de Maricarmen ha supuesto el huracán perfecto para desatar una indignación en las calles que no se veía, alrededor de toda España, desde las grandes manifestaciones del 8M feminista. La delicada salud de la mujer de 87 años, que vivía allí desde 1956, y la postura de Urbagestión, que no ha querido escuchar ni las ofertas del Ministerio y la echa por considerar que su contrato venció en 2007 tras fallecer su madre, han atravesado a miles de personas. Todo ello mientras Almeida y Ayuso participaban del encuentro de los grandes fondos, a los que han elogiado, mientras sacaban pecho de no aplicar la ley de vivienda que regula los departamentos turísticos.

Ante la inacción de gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en vivienda, el Gobierno ha desarollado la Ley de Vivienda de 2023, que la mayoría de autonomías no aplica, y ha impulsado la vivienda protegida para siempre. La vivienda pública todavía no llega de forma sustancial a los ciudadanos, ni la estatal ni la autonómica, y la ley no ha permitido contener los precios porque solo Catalunya, Euskadi, Navarra, Asturias y algunos municipios de Galicia aplican los topes. Allí donde se aplican, los alquileres son igualmente elevados, y muchos caseros los evitan con contratos de temporada o de habitaciones.

Pero entre los reproches del Sindicato al Ministerio está el hecho de que haya demorado la votación de un decreto de vivienda que hace meses que planea y que llevó a los grupos parlamentarios en julio. En febrero, Pedro Sánchez ya prometió esta ley contra el fraude de habitaciones y de temporada. Ante los recelos de Junts y Podemos por diferentes motivos, votos necesarios para aprobarlo en el Congreso, entra a la partida con fuerza un jugador mucho más numeroso e imprevisible que cualquier partido político: las calles.