La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano recomienda acusar por corrupción al presidente Pedro Castillo

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La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que investigó durante las últimas semanas las denuncias que pesan contra el presidente Pedro Castillo  en prosecución de una acusación constitucional, “propone a la Comisión Permanente del Congreso que, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones”, por presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. 

Peruanizar el Perú e inmunizar a Pedro Castillo

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En las conclusiones del informe de 360 páginas también se recomendó acusar constitucionalmente a Juan Silva, exministro de Transportes, a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, y a dos sobrinos del mandatario, todos prófugos de la Justicia, por integrar, presuntamente, una red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas en el caso del consorcio “Puente Taraca III”. 

La Comisión también sugirió incluir en estas acusaciones a Walter Ayala  exministro de Defensa “por su supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas”.

El informe del grupo legislativo, que inició sus trabajos en marzo, no contiene descargos del presidente Castillo luego que este rechazó, a último momento, recibirlos el lunes. Hace 10 días, el jefe de Estado negó estar involucrado en estos delitos durante un interrogatorio de la Fiscalía.  

El informe final, aún en etapa de borrador, será debatido por los integrantes de la Comisión Permanente, de mayoría opositora, este jueves, según medios locales. De ser aprobado, deberá ser enviado ante el pleno del Congreso que en caso de que apruebe el informe, Castillo podría enfrentarse a un tercer pedido de vacancia en 11 meses de gobierno en medio de una aguda situación económica por el costo de vida y una tasa de inflación del 8% anual, el más alto en 24 años. 

Los altos precios de los combustibles han desencadenado en un enorme paro de transportistas de carga cuya pérdida económica según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es de 18 millones de dólares diarios en productos de agroexportación y dos millones de dólares en productos de pesca tradicional.

El presidente Castillo renuncia a su militancia en Perú Libre

El pasado martes, el partido oficialista Perú Libre le había pedido al presidente Castillo que renuncie de manera “irrevocable” a su militancia a través del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que la decisión fue tomada “por acuerdo unánime del Partido, Comisión Política y Bancada”. 

Perú Libre acusa a Castillo tanto de haber promovido la disidencia interna en la agrupación -el partido oficialista ha pasado de tener 37 integrantes en julio del año pasado a 16 en la actualidad- como de promover la inscripción de dos partidos políticos “paralelos” en el interior de Perú Libre, tras la conformación de las bancadas de Perú Democrático y el Bloque Magisterial, integradas por los legisladores disidentes.

Cerrón sostiene que el presiente Castillo ha implementado un “programa neoliberal perdedor”, y advirtió que si no renuncia se le iniciará un proceso administrativo disciplinario, que puede derivar en su expulsión.

El presidente Castillo quien había asegurado ante la prensa el miércoles que “en las próximas horas” daría una respuesta a Perú Libre, “entendiendo que por encima de todo está el Perú”, oficializó el jueves su dimisión a la militancia del partido político que lo llevó a ganar las elecciones el año pasado.

“Hoy he presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

AGB con información de diarios y agencias

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que investigó durante las últimas semanas las denuncias que pesan contra el presidente Pedro Castillo  en prosecución de una acusación constitucional, “propone a la Comisión Permanente del Congreso que, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones”, por presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. 

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En las conclusiones del informe de 360 páginas también se recomendó acusar constitucionalmente a Juan Silva, exministro de Transportes, a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, y a dos sobrinos del mandatario, todos prófugos de la Justicia, por integrar, presuntamente, una red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas en el caso del consorcio “Puente Taraca III”. 

La Comisión también sugirió incluir en estas acusaciones a Walter Ayala  exministro de Defensa “por su supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas”.

El informe del grupo legislativo, que inició sus trabajos en marzo, no contiene descargos del presidente Castillo luego que este rechazó, a último momento, recibirlos el lunes. Hace 10 días, el jefe de Estado negó estar involucrado en estos delitos durante un interrogatorio de la Fiscalía.  

El informe final, aún en etapa de borrador, será debatido por los integrantes de la Comisión Permanente, de mayoría opositora, este jueves, según medios locales. De ser aprobado, deberá ser enviado ante el pleno del Congreso que en caso de que apruebe el informe, Castillo podría enfrentarse a un tercer pedido de vacancia en 11 meses de gobierno en medio de una aguda situación económica por el costo de vida y una tasa de inflación del 8% anual, el más alto en 24 años. 

Los altos precios de los combustibles han desencadenado en un enorme paro de transportistas de carga cuya pérdida económica según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es de 18 millones de dólares diarios en productos de agroexportación y dos millones de dólares en productos de pesca tradicional.

El presidente Castillo renuncia a su militancia en Perú Libre

El pasado martes, el partido oficialista Perú Libre le había pedido al presidente Castillo que renuncie de manera “irrevocable” a su militancia a través del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que la decisión fue tomada “por acuerdo unánime del Partido, Comisión Política y Bancada”. 

Perú Libre acusa a Castillo tanto de haber promovido la disidencia interna en la agrupación -el partido oficialista ha pasado de tener 37 integrantes en julio del año pasado a 16 en la actualidad- como de promover la inscripción de dos partidos políticos “paralelos” en el interior de Perú Libre, tras la conformación de las bancadas de Perú Democrático y el Bloque Magisterial, integradas por los legisladores disidentes.

Cerrón sostiene que el presiente Castillo ha implementado un “programa neoliberal perdedor”, y advirtió que si no renuncia se le iniciará un proceso administrativo disciplinario, que puede derivar en su expulsión.

El presidente Castillo quien había asegurado ante la prensa el miércoles que “en las próximas horas” daría una respuesta a Perú Libre, “entendiendo que por encima de todo está el Perú”, oficializó el jueves su dimisión a la militancia del partido político que lo llevó a ganar las elecciones el año pasado.

“Hoy he presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

AGB con información de diarios y agencias

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que investigó durante las últimas semanas las denuncias que pesan contra el presidente Pedro Castillo  en prosecución de una acusación constitucional, “propone a la Comisión Permanente del Congreso que, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones”, por presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. 

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En las conclusiones del informe de 360 páginas también se recomendó acusar constitucionalmente a Juan Silva, exministro de Transportes, a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, y a dos sobrinos del mandatario, todos prófugos de la Justicia, por integrar, presuntamente, una red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas en el caso del consorcio “Puente Taraca III”.