“Vacunagate” en Perú: el Gobierno y las elecciones de abril en riesgo por fraude con vacunaciones de privilegio

Con 1,25 millones de casos de Covid-19, y casi 45 mil muertos -una de las tasas más altas del mundo por millón de habitantes-, los últimos gobernantes del Perú han hecho mucho de cuanto tenían en su poder para evitar que sus nombres estuvieran entre esos números de enfermedad o muerte. En el último año, el país también ha sido el que más alta tasas de recambio de gobierno ha sufrido por crisis constitucionales.  Lo que ya se denomina en todos los medios continentales como “Vacunagate” amenaza con volverse una nueva crisis de gobierno, además de cambiar radicalmente el panorama electoral y reorientar las intenciones de voto para las presidenciales del próximo 11 de abril.

El martes, el presidente interino Francisco Sagasti (del Partido Morado), quien el 17 de noviembre había sucedido en el cargo a Manuel Merino (del partido Acción Popular), dio a conocer una lista de 487 personas vacunadas en forma oculta y aprovechándose de su proximidad al poder. La lista incluía al ex presidente Martín Vizcarra (del partido Somos Perú), candidato favorito como congresista para las elecciones, y a otros funcionarios actuales o de la administración anterior: “Los que han estado involucrados en estos actos totalmente impropios e inapropiados no tendrán un lugar en mi gobierno”, advirtió Sagasti.

Ayer, el ex ministro de Salud Fernando Carbone, presidente de la Comisión Investigadora del MINSA, había dado a conocer a la prensa que la lista de las personas vacunadas ilegalmente era más larga y variada que aquella nómina inicial. La presidenta del Congreso unicameral Mirtha Vásquez pidió que sean sancionados “con todo el rigor de ley”. En un país donde los congresistas disponen de amplias y rápidas capacidades para pedir y obtener la renuncia del presidente por lo que denominan su incapacidad moral -de las que han hecho uso a lo largo del pasado año al menos tres veces-, la posición de Sagasti no está exenta de riesgos.

A partir de hoy, la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República avanzará en investigar el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en altos funcionarios públicos. Con 100 (sobre 130= votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó que la Comisión sea conformada por los congresistas Otto Guibovich (Acción Popular), Ludmila Pérez (Alianza para el Progreso), Richard Rubio (FREPAP), Carlos Mesía (Fuerza Popular), Luis Castillo (Podemos), Roberto Chavarría (Unión por el Perú), Absalón Montoya (Frente Amplio), Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática) y Rubén Ramos (Nueva Constitución). Es decir, quedó fuera de la Comisión el gobernante Partido Morado.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que colaboró en los testeos del laboratorio chino Sinopharm cuya vacuna fue la utilizada para las vacunaciones fuera de la ley, reconfirmó la información ya conocida por la prensa. El expresidente Martín Vizcarra recibió el 2 de octubre del año pasado la primera dosis de la vacuna y el 29 la segunda: es decir, días antes de ser destituido en el Congreso por el escándalo de la contratación irregular de un cantante, y cuando aún estaba en el poder. Vizcarra alcanzó a favorecer también a su esposa, Maribel Díaz, inmunizada ilegalmente, y a su hermano, César Vizcarra, también entre los primeros en gozar de las ventajas tempranas de la ilicitud.

Acaso más escandaloso, y en todo caso mucho menos discreto, resultó el perfil de la actuación de Pilar Mazzetti, la exministra de Salud, quien inflamó el ‘Vacunagate’ al confirmarse que el 12 de enero recibió la primera dosis y el 6 de febrero la segunda, un día antes de que llegara al Perú el primer envío de la vacuna de laboratorio chino Sinopharm. En este caso, los hechos habían entrado en flagrante contradicción con las palabras de la máxima autoridad sanitaria peruana, quien había hecho pública su voluntad de sacrificio nacional y su intención de ser la última en vacunarse -cuando, en realidad, ya se había vacunado para entonces-.

En la lista facilitada por el gobierno de casi cinco centenares de favorecidos con vacunaciones adelantadas en calendario para poderosos también están incluidos el viceministro de Salud, Luis Suárez-Ognio –que renunció- junto a otros empleados públicos; la ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete -que también renunció-; Germán Málaga, jefe de los testeos clínicos de la UPCH, encargada de los estudios del fármaco chino, y suspendido por las autoridades sanitarias desde el miércoles; invitados y familiares de los personajes de primer orden de la nómina estatal o científico, como la hija del jefe Málaga, Ariana Málaga, como la hermana del viceministro Suárez-Ognio, Maria del Cármen, sus hijos Juliet y Luis, su cónyuge Inés Caro Khan.

A pesar de que pudiera saberse que las vacunaciones clandestinas se iniciaron en 2020, el Vacunagate explotó el jueves 11, cuando ante el periodismo Martín Vizcarra reconoció que se había vacunado en octubre, de resultas de la investigación periodística dada a conocer un día antes por Carlos Paredes en el programa de televisión “Beto a saber”, de Beto Ortiz. Antes de que la droga anti Covid-19 obtuviera el visto bueno de emergencia por las autoridades sanitarias peruanas, y mucho antes de la campaña oficial de vacunación, que largó el 9 de febrero.

El martes se conocieron nuevos detalles en las audiencias virtuales ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Germán Málaga, el jefe de los ensayos clínicos, declaró que él y la enfermera Cynthia Castillo vacunaron al entonces presidente y a su esposa en el Palacio de Gobierno de Lima, y que obraron a solicitud de Vizcarra. Tras la aplicación de las vacunas, dieron al presidente y a la primera dama un documento con las fechas de las inyecciones y la inscripción N.A. (No Aplica), debido a que “el presidente y su esposa no formaban parte de los 12.000 voluntarios que habían ingresado a este estudio de investigación”.

La UPCH abía publicado el sábado un documento donde desmentía una excusa de Vizcarra: la de haber integrado el primer pelotón de voluntarios que se presentaron para testear el fármaco chino. El domingo, la Fiscalía General había abierto una investigación contra Vizcarra para determinar si abusó de su poder para inmunizarse antes que la mayoría de la población. El miércoles, una de las mayores autoridades peruanas en COVID-19, el doctor Elmer Huerta, calificó a Málaga -de quien además se supo que había recibido dos dosis de la vacuna china más una suplementaria adicional como refuerzo, y que había también cedido al dueño de un restaurant chifa frecuentado por chinos de la delegación de Sinopharm “cansados de Burger King” (César Loo Cárdenas lo desmiente)- como a un simple “traficante”. El Vacunagate, que ya tiene nutrida y prolija entrada en Wikipedia, acaba de empezar. 

AGB con información de agencias