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Fraude fiscal en España

Piden casi cuatro años de cárcel para la pareja de Díaz Ayuso, la gobernadora del PP que condecoró a Milei

Fotografía de archivo (10/04/2025), de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Águeda | Alberto Pozas

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La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un documento en el que solicita una condena de 3 años y 9 meses de cárcel años de cárcel para él por defraudar más de 350.000 euros utilizando un sistema de facturas falsas entre 2020 y 2021, han informado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid solicita que Alberto González Amador sea condenado por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Por la cantidad defraudada en 2020 solicita dos años y un día mientras que por el de 2021 pide un año y nueve meses de cárcel.

Alberto González Amador se encuentra a las puertas de juicio más de un año después de que la Fiscalía, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, le denunciara por este fraude fiscal salido de las comisiones millonarias que cobró durante la pandemia por intermediar en operaciones de compraventa de material sanitario.

Según la Fiscalía y la jueza que le ha investigado usó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y, en la práctica, reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. Entre 2020 y 2021, según la Fiscalía, dejó de ingresar en total más de 350.000 euros, superando el umbral del delito fiscal en ambos cursos.

Del pacto de ocho meses a casi cuatro años

En un primer momento la intención de Alberto González Amador era cerrar su caso con el menor “ruido” posible, tal y como ha explicado él mismo en el Tribunal Supremo, su abogado buscó un pacto con la Fiscalía. Una propuesta de conformidad presentada en febrero de 2024 en la que el letrado reconocía el fraude fiscal en nombre de su cliente y se ofrecía a pagar sus deudas y aceptar ocho meses de cárcel, cuatro veces menos de lo que ahora pide la Fiscalía para él.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha difundido este miércoles una información falsa sobre el caso. El asesor de la presidenta madrileña ha afirmado en su cuenta de X que la Fiscalía pedía seis años de cárcel para González Amador, cuando la petición real no llega a los cuatro años.

Una información falsa que han rebotado algunos medios acusando, incluso, al Ministerio Público de haber filtrado la información que se ha inventado el jefe de gabinete de Ayuso.

El empresario todavía está imputado en una segunda ramificación de su caso. La investigación sobre si ejecutó un “soborno” a un directivo del grupo Quirón al comprar una sociedad de su mujer a un precio muy superior al de mercado. Esa causa ha recibido un reciente impulso por parte de la magistrada al encargar las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El empresario, por el momento, se ha limitado a alegar que compró esa empresa sin valor por medio millón de euros para acceder a las posibilidades de distribución que le daba esa sociedad.

El premio a Milei, que Díaz Ayuso le otorgó en Madrid hace un año

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, condecoró a Javier Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante su visita a España, en junio de 2024. Este reconocimiento es una distinción honorífica creada en 2017 para personalidades extranjeras, con el objetivo de destacar los lazos históricos, culturales, económicos y lingüísticos entre la región madrileña y sus países hermanados.

La entrega generó polémica política: mientras Ayuso lo justificó como un gesto institucional y un reflejo de afinidad ideológica —ambos comparten una visión liberal de la economía—, el Gobierno central español, liderado por Pedro Sánchez, criticó la decisión y puso en dudas su adecuación jurídica. De hecho, el PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegando que Milei no cumplía con las condiciones de “visita oficial” requeridas por la normativa vigente.

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