Aramis Castro/ Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico —

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En la primera cuadra de la calle Tarapacá –una bulliciosa zona comercial ubicada en la ciudad boliviana de La Paz, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar– un puñado de tiendas ofrecen collares, anillos, aretes y otras joyas de oro. Sobre las paredes de algunos locales que las rodean se observan, además, pizarras o letreros de cartulina en los que se ofrece la venta de mercurio a menos de un dólar el gramo. Cualquier persona puede llegar hasta aquí y comprar sin ningún requisito ni medida de protección la cantidad de mercurio –o azogue, como también lo llaman– que necesite.

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—Debo tener cuidado cuando peso, sino es difícil regresarlo a la botella—, advierte una vendedora, al mismo tiempo que coloca unos gramos de mercurio dentro de una bolsa transparente. La descarga del metal la realiza sin ningún implemento de seguridad y desde un diminuto envase blanco que lleva en su diseño letras negras con el título de ‘Mercurio El Español’. El frasco tiene impresa la silueta de un torero que agita su capa roja frente a un toro con los cuernos afilados.

La compra e importación de mercurio está prohibida en varios países –entre ellos Perú, vecino de Bolivia– por su elevada toxicidad y su destructivo impacto en la salud y los ecosistemas, pero en Bolivia este metal se vende libremente. 

Este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico –que analizó los datos globales de cinco años de exportaciones, accedió y revisó decenas de partidas de empresas importadoras, visitó sus direcciones, y recorrió cinco ciudades entre el altiplano y la Amazonía– expone cómo solo entre 2017 y 2021, tras la regulación del mercurio en Perú, la importación de mercurio a Bolivia casi se duplicó desde México con la participación de empresarios peruanos que registraron sus compañías en La Paz. 

La investigación periodística –que también tuvo acceso a expedientes fiscales– revela la ruta del contrabando y el mecanismo que permite que una parte importante del mercurio que llega a Bolivia formalmente desde un grupo de empresas de México, es enviado por contrabando hacia la Amazonía. Las propias autoridades bolivianas estiman que el 27% del mercurio importado se destina a la minería ilegal.

 A cinco años de la vigencia del Convenio de Minamata –el tratado internacional que entró en vigencia en 2017 y que busca frenar los usos del mercurio– el comercio global de este insumo tóxico continúa sin control entre los países exportadores, ingresa a Bolivia para luego ser enviado ilegalmente a Perú. El tráfico usa las mismas rutas que tienen otros insumos ilegales del contrabando.

La ruta México - Bolivia 

En los alrededores de la capital de Bolivia, en el corazón de La Paz –como ocurre con la calle Tarapacá– la venta de cada frasco que contiene un kilo de mercurio cuesta entre 1.600 a 1.800 bolivianos, lo que equivale a entre USD 231 y USD 260. Pero las personas pueden comprar menores cantidades: dos bolivianos por cada gramo. 

En todo Bolivia la comercialización de este elemento se realiza sin mayores restricciones. Los comerciantes entrevistados señalaron que sus principales clientes son mineros bolivianos y peruanos. La Paz se encuentra a solo cinco horas en auto de la ciudad peruana de Puno.

Con la vigencia del Convenio de Minamata en 2017, en Perú el ingreso de mercurio se prohibió y solo se autorizó para algunos casos muy excepcionales en los que se garantice que el metal pesado se gestionará con seguridad. Mientras, en Bolivia las importaciones de este metal tóxico comenzaron a aumentar.

Entre 2014 y 2022, según los registros de comercio global analizados en esta investigación, Bolivia importó más de 1.100 toneladas del insumo valorizado en más de USD 41’000.000. Más de la mitad de esta cantidad (55,5%) fue enviada desde México y el 44,5% restante desde Rusia, India, Vietnam, Tayikistán y otros países.

Del total de importaciones realizadas por Bolivia desde el 2014, el 70% corresponde precisamente a los años posteriores a la vigencia del Convenio de Minamata. Varias de las empresas que importaron mercurio en este tiempo están relacionadas a ciudadanos peruanos sedes fiscales se encuentran principalmente en La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. 

Bolivia es desde el 2015 el principal destino del mercurio exportado por empresarios mexicanos. El insumo es enviado en pequeños envases que llevan el nombre El Español, o en frascos más grandes de 30 kilos, que tienen una forma parecida a los balones de oxígeno medicinal.

Las propias autoridades de este país estiman que el 27% de todo el mercurio importado se destina a la minería ilegal.

Peruanos en Bolivia

Entre los principales importadores de mercurio en Bolivia, se identificó a un grupo de empresarios peruanos que a título personal o a través de empresas constituidas en este país importaron este producto entre 2014 y 2018. Desde ese año en adelante, la autoridad aduanera de este país decidió restringir la información, aunque los volúmenes de mercurio continuaron ingresando.

Se trata de las firmas Mercurio y Químicos S.R.L. (Merquim), Alvior Bolivia S.R.L. y Sociedad Química Potosí. También figuran como importadores, los ciudadanos peruanos Juan Orihuela Mamani y Elisa Huamán Chávez.

La primera de las cinco importadoras es Merquim S.R.L., con sede en La Paz, dedicada a la venta de sustancias químicas de uso industrial, y constituida por el ciudadano peruano Juan Sabino Tapia Huanca. La oficina declarada por la empresa se encuentra en el centro de la capital boliviana. 

Entre 2015 y 2018, según información de la aduana boliviana, esta empresa importó de México e India más de 34 toneladas de mercurio valorizados en poco más de USD 1’000.000. En sus redes sociales, Tapia Huanca publica una serie de fotografías con los envases de mercurio El Español y lingoteras, usadas como molde para fundir oro y otros metales.

Entre los peruanos con más importaciones de mercurio también aparece Juan Orihuela Mamani, quien como persona natural ingresó —entre 2016 y 2018— más de 60 toneladas del insumo provenientes de México. En Bolivia, Orihuela Mamani se encuentra registrado como una empresa unipersonal dedicada a las “importaciones de insumos mineros”, con domicilio en la zona de Ferropetrol, en la ciudad de El Alto. 

A menos de cinco minutos en auto del terminal terrestre y a unas cuadras de la primera estación del teleférico que conecta El Alto y La Paz, OjoPúblico recorrió toda la calle N° 6 pero no encontró la dirección reportada por el importador. Las personas entrevistadas en la zona tampoco reconocieron el nombre de Orihuela Mamani o sabían sobre alguna empresa importadora de mercurio. 

Este medio detectó que el mismo correo electrónico declarado por Orihuela Mamani en Bolivia, también se encuentra reportado como contacto en el registro especial de comercializadores de oro del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Además, el empresario aparece inscrito como un minero en proceso de formalización, aunque en estado suspendido. Esta situación, en Perú, le impide realizar actividades hasta cumplir los requisitos solicitados por el sector.  

En Perú, Orihuela Mamani se desempeñó como gerente en las empresas J y JP Constructores S.R.L, Planta Concentradora Sagitario S.R.L. y Reyrex International E.I.R.L, todas dadas de baja entre 2014 y 2016. Cuando estaban vigentes, las firmas se dedicaban al rubro de explotación de minerales así como venta de metales. 

Otra de las empresas importadoras es Alvior Bolivia S.R.L., con domicilio en La Paz, que tiene entre sus fundadores a la pareja peruana Luis Orlando Torres Vega y Olga Violeta Rojas de Torres; y a su hijo Aldo Orlando Torres Rojas. Importó desde México, entre 2014 y 2015, más de diez toneladas de mercurio.

Elisa Huamán Chávez es otra representante peruana e importadora de mercurio a Bolivia. De acuerdo a los registros de la aduana boliviana, importó en 2016 más de una tonelada del insumo, proveniente de México. En Perú, Huamán Chávez figura como gerenta general de las empresas G & S Omni E.I. R.L. y Dimeprom e Inversiones S.A.C., ambas con actividades suspendidas a la fecha.

En 2012, antes de que Huamán Chávez realice sus actividades económicas en Bolivia, Dimeprom estuvo implicada en una incautación de mercurio a proveedores que, según la hipótesis fiscal, tenía como destino a la minería ilegal en Puno.

Dentro del grupo de peruanos con operaciones en Bolivia aparece también la firma Sociedad Química Potosí S.R.L., constituida por los ciudadanos peruanos Leopoldo Santiago Rosas Cervantes, Víctor Teobaldo Toribio Tamara, Pastor Pachacútec Apaza y Percy Aguilar Chila; junto al boliviano Pavel Gorki Valencia Barrenechea. En 2015, esta firma importó desde México 345 kilos de mercurio.

Leopoldo Rosas Cervantes, uno de los fundadores de la empresa, fue detenido a inicios del 2016 por integrar la presunta organización criminal La grifa, que según las indagaciones fiscales desviaba insumos químicos a zonas cocaleras en el Valle del Río Apurímac, Ene y Marañón (Vraem) y el Huallaga, a través de las compañías Aqua Mamacocha, Verpe y Adhemax. El 2018, el Poder Judicial peruano lo absolvió del caso.  

OjoPúblico visitó el domicilio declarado por la empresa en los registros bolivianos, pero al llegar señalaron que no funcionaba ninguna empresa que respondiera al nombre de Sociedad Química Potosí. En el lugar, rodeado de vendedores ambulantes así como negocios mayoristas de ropa, juguetes y otros productos, solo funcionaba una agencia de viajes instalada en un edificio comercial del centro de La Paz.

De La Paz a Desaguadero

En la frontera entre Bolivia y Perú hay puestos de control oficiales, pero al mismo tiempo un extenso territorio con nula fiscalización. El punto de cruce más conocido es Desaguadero, pero hay personas que prefieren atravesar la frontera cruzando el río que lleva el mismo nombre y que nace en el lago Titicaca. En el lugar también se ubica un puente fronterizo cuyo tránsito no cuenta con algún impedimento, por parte de los efectivos policiales de ambos países.

Las pequeñas embarcaciones fluviales que recorren el río Desaguadero tampoco tienen algún tipo de revisión a los productos que transportan. Los fiscales ambientales entrevistados en Perú señalan que a través de esta ruta algunas personas trasladan ilegalmente mercurio en mochilas o camuflados en equipajes. 

Atravesar esta frontera no demora más de 15 minutos. Los cargamentos de los comerciantes se descargan en la orilla y luego son colocados en camiones con dirección a las ciudades de Puno y Juliaca (en el altiplano peruano) o en la región amazónica de Madre de Dios, el epicentro de la minería ilegal peruana.

El año pasado, el ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia alertó que el 26,9% (unas 52 toneladas) de todo el mercurio que se importa a este país tiene como destino la minería ilegal y el contrabando hacia Perú. Pero esta cifra es bastante conservadora respecto a los cálculos realizados en años anteriores para el caso peruano, que tasaron hasta en 15 veces más el azogue que ingresa de forma ilegal por la frontera. 

En Perú, las autoridades no tienen estimados sobre el ingreso ilegal de este metal pesado, pero en un reporte preparado por el Consejo de Oro Artesanal de Canadá en 2018 –en el que también participó el Ministerio del Ambiente– calcula que entre 410 a 795 toneladas de mercurio no formal ingresan cada año a Perú desde Bolivia.

La minería ilegal e informal en Bolivia es un asunto complejo. “Esta actividad se encuentra realizada en su mayoría por cooperativas que reciben ”condiciones sociales favorables, incluso sin haber terminado los trámites de constitución mientras desarrollan su actividad“, sostiene Oscar Campanini Gonzales, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), una de las organizaciones que más ha investigado los impactos de la contaminación por mercurio en este país. 

“Eres legal porque la ley te lo permite pero [en la práctica] no lo eres porque no has cumplido con todos los requisitos. La ilegalidad en Bolivia es una figura bien rara”, dice. 

Puno y Juliaca

A poca distancia de la plaza de armas de Juliaca, en las primeras cuadras de la calle San Martín, la venta de joyas se encuentra resguardada por la atenta mirada de los vendedores que comentan sobre el aumento de robos a sus negocios. 

Para proteger su mercadería han optado por colocar productos de cobre en sus mostradores en lugar de metales originales. Esta ciudad del sur del Perú, ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, también se caracteriza por ser destino y tránsito de productos de contrabando, como el mercurio.

Algunas tiendas de esta vía comercial de Juliaca, además, ofrecen la compra de oro para mineros que pueden llegar de zonas de extracción como la ciudad de La Rinconada, capital del distrito puneño de Ananea, ubicada a más de 5.000 metros de altura y una de las principales sedes históricas de la minería ilegal.

—Si me das tu contacto en media hora te puedo conseguir alguien que te venda mercurio. Pero está prohibido, así que esta persona te dirá dónde encontrarse—, responde una persona que dice llamarse Raúl, casi susurrando, y agrega que el frasco de un kilo de El Español tiene un precio de S/920.00 (USD 235.00).

En Juliaca, el insumo solo se vende por envase con previa coordinación y no al peso ni de manera libre como en Bolivia.

En Suche, ubicado en el distrito peruano de Cojata, también frontera con Bolivia, el ambiente se caracteriza por el intenso frío, con temperaturas que en la madrugada descienden a menos un grado centígrado. En este punto, cada jueves o viernes —entre las cuatro y siete de la mañana— se instala una feria llamada La Perla, donde camiones que llegan de Perú y Bolivia ofrecen en carpas sencillas diferentes productos, entre ellos insumos para la minería.

Las transacciones comerciales en la feria se realizan con la vigilancia de una pequeña camioneta de la policía boliviana que permanece inmóvil y cuyos efectivos prefieren permanecer dentro del auto oficial. Los vendedores aseguran que en algunos de los puestos se vende mercurio.

Una parte importante del mercurio que no se vende en Puno continúa su ruta hacia La Pampa, en la región amazónica Madre de Dios, donde —además de la extracción ilícita de oro— los registros sobre la destrucción de los bosques no se han detenido.

Destino Madre de Dios

La carretera Interoceánica acortó los tiempos que unen a la frontera de Bolivia con la Amazonía peruana y brasileña. El mercurio es trasladado a través de camiones de carga o transporte privado. En julio de este año, Madre de Dios registró una producción de 98.000 gramos de oro fino, según el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas. 

Además, las cifras oficiales del sector minero indican que, entre enero y julio de este año, el oro extraído en esta región se redujo en 16,7% respecto al año pasado. Sin embargo, al no haber una obligación en el reporte de la información, Madre de Dios es la única región de la Amazonía que declara datos de su actividad extractiva, que en varios puntos se desarrolla de forma ilegal sobre los ríos.

En la capital de la región, Puerto Maldonado, OjoPúblico comprobó que también hay lugares donde el mercurio continúa siendo vendido ilegalmente.

En los jirones Puno e Ica, a unos 15 minutos a pie desde la plaza central y a menos de tres cuadras del mercado principal de la ciudad, se ubican algunos locales de venta y compra de oro que —por su reducido tamaño y al no contar con letreros visibles— se confunden entre restaurantes, casas de cambio y ferreterías que también funcionan en estas calles. Los responsables de los sitios consultados mencionaron que habían puntos para acceder a frascos de mercurio, pero que solo era para mineros que ya tenían a sus proveedores en la zona.

Los comerciantes de oro entrevistados en Puerto Maldonado señalaron que el mercurio también se continúa vendiendo en La Pampa, un territorio dominado por la minería ilegal que no ha podido ser controlado a pesar de las múltiples intervenciones militares.

  

¿Qué hace el Estado?

Este año los gobiernos regionales en Perú culminan su mandato y ni ellos ni los gobiernos de Perú y Bolivia tienen medidas concretas para enfrentar el contrabando de mercurio usado en la extracción ilegal de oro. 

Martín Arana Cardó, ingeniero forestal y parte del equipo que inició la implementación del Convenio de Minamata desde el Ministerio del Ambiente en Perú considera que “si se quiere controlar el mercurio, tiene que haber una adecuada trazabilidad de la producción de oro”. 

Sin embargo, hasta ahora ni el Minem ni la Sunat han podido definir con claridad una propuesta. El análisis de Arana recuerda que recién desde fines de este año será obligatorio que los mineros en proceso de formalización reporten su producción aurífera de forma semestral, aunque esta medida todavía no cuenta con otra que evite la comercialización de oro de origen ilegal.

Es tan grande la minería ilegal en Perú que una evaluación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del 2021 la calificó como el segundo delito vinculado a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) reportadas entre 2012 y 2020, solo superado por los delitos contra la administración pública.

El incremento de estas operaciones alrededor de la minería ilegal guarda una relación con el aumento en el precio de la onza de oro.

Las operaciones vinculadas a esta presunta actividad ilícita involucraron a países como India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza. En el periodo analizado, la SBS detectó por lo menos a 3.907 personas en los 1.950 reportes sospechosos con posible delito proveniente de la minería ilegal. 

Desde 2012, el Ministerio de Producción preside un grupo de trabajo binacional para reducir el ingreso de mercadería ilícita en las fronteras de Perú y Bolivia. Tres años después de su conformación, este grupo instaló una mesa para adoptar medidas contra el contrabando de oro.

OjoPúblico accedió a todas las actas de las reuniones realizadas y desde 2018 no hay una mención sobre un compromiso para el control en el uso del mercurio. Las actividades para enfrentar el contrabando de este insumo también han chocado con los límites de las fiscalías ambientales y las aduanas.

Los entrevistados en el despacho fiscal de Puno dijeron a OjoPúblico que uno de los problemas no solo es la falta de presupuesto para el desarrollo de las investigaciones sino también los procedimientos para el almacenamiento y destrucción del insumo tóxico intervenido. “No tenemos dónde guardar el mercurio que decomisamos y sabemos que es peligroso también para nosotros”, indicó el personal entrevistado. 

Para César Ascorra Guanira, director nacional del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), el control del mercurio en Perú presenta una falta en el desarrollo tecnológico para el proceso de almacenamiento del insumo. 

“A veces las botellas de mercurio decomisadas están en la misma oficina del fiscal. No tenemos la capacidad para almacenamiento que debería ser en frío y bajo agua para poder asegurar que no haya evaporación a temperatura ambiente”, comenta.

Las cifras oficiales en Perú muestran que, entre 2015 y 2022, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) realizó en Puno tres decomisos de mercurio equivalentes a una tonelada de este insumo, mientras que en la región Madre de Dios se decomisó cerca de cinco toneladas en 47 intervenciones realizadas en los últimos siete años. Ambas regiones representaron cerca del 50% del total incautado desde 2015.

Como parte del cumplimiento del Convenio de Minamata, la Sunat se encuentra a cargo de la autorización final, previa aprobación del Ministerio del Ambiente, de importadores y exportadores de mercurio. Desde la vigencia del tratado, el organismo ha otorgado consentimiento a tres compañías para que importen el insumo: Quimpac S.A., Minera Cambio S.A. y Triveño Mining Company del Perú S.A.C. 

Este año, Triveño Mining Company solicitó al sector ambiental un nuevo consentimiento para ingresar 12 toneladas de mercurio desde México pero el pedido fue denegado. 

Como informó OjoPúblico en un reportaje anterior, entre 2018 y 2021, esta empresa importó tres toneladas de azogue. En 2016, el presidente y director ejecutivo del Grupo Triveño, que integra a esta empresa, Adolfo Triveño Torres tuvo una sentencia en primera instancia por tráfico de mercurio destinado a la minería ilegal.

La implementación del Convenio de Minamata, a cinco años de su vigencia en más de 120 países, ha representado un reto para los gobiernos de Perú y Bolivia. Si bien hay mayores avances para el caso peruano, todavía no se cuenta con un plan de acción nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala. 

Para el caso boliviano, las conclusiones del primer informe del observatorio andino de mercurio a cargo de la Comunidad Andina (CAN) indican que la coyuntura política no ha permitido que se aprueben medidas para reforzar el control y fiscalización del mercurio y “se congeló sus posibles avances”.

El reporte también recomienda que se genere una herramienta para integrar la información de los países miembros de la CAN con el objetivo de “identificar el movimiento del mercurio” y poder “cruzar información con datos oficiales complementarios”. Pero mientras las intenciones políticas persisten, el paso del mercurio continúa extendiéndose sobre los ríos y bosques de la Amazonía peruana. 

Esta investigación es parte de Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico

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