La ultraderecha española, igual que Milei, vincula al colectivo LGBT con la pedofilia para justificar su agenda antiderechos
“El adoctrinamiento LGTBI lleva a la pederastia”. Es la última proclama enarbolada por Vox contra el colectivo LGTBI, pronunciada por la concejala en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano. Es la última, pero ni mucho menos la única. La extrema derecha vincula habitualmente a las personas homosexuales, bisexuales o trans con un supuesto peligro del que hay que proteger a los niños y niñas en la búsqueda de un chivo expiatorio al que culpar. Y no lo hace solo con ellas: es la misma estrategia que sigue con los inmigrantes y que está en la base de las ideas que justifican las “cacerías” organizadas por la ultraderecha en Torre Pacheco (Región de Murcia) o las que llevan a pedir el cierre de centros de acogida de migrantes como el de Alcalá de Henares.
Así como este discurso asocia de forma reiterada la migración a la delincuencia o la inseguridad ciudadana, la diversidad emerge como una amenaza para la infancia, sobre todo en los centros educativos. Es en este ámbito en el que los sectores extremistas despliegan su arsenal. “La corrupción de menores es algo que se practica en muchísimos colegios”, pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, un día después de la celebración del masivo Orgullo prohibido por Víktor Orbán en Budapest. “A la infancia hay que protegerla [...] La sexualización de los menores que se da en todos los colegios les pone en peligro”, añadió.
La lógica que hay detrás tiene que ver con el “ellos contra nosotros” que suelen enarbolar estas fuerzas políticas y que sitúa como enemigos a la “ideología de género”, la “cultura woke”, la inmigración o la Agenda 2030. “Parecen temas que están alejados, pero todo forma parte de un mismo marco. En el contexto español Vox se inspira en un concepto reciclado que viene del franquismo que es la anti España. Es el eje de todo y ahí actualmente entran las personas LGTBI y migantes. Franco ya definió a esos enemigos en función de su contexto histórico, ahora se ha resucitado y modernizado”, explica Sergi Soler, historiador de la Universidad Autónoma de Bacelona (UAB).
El experto, que investiga en el proyecto ARENAS las narrativas extremistas en Europa, describe una estrategia común: primero hay una “presentación de un supuesto problema” que en el caso de las personas migrantes es el “aumento de la criminalidad”, tal y como ha afirmado Abascal a pesar de que los datos le desmienten, o en el caso del colectivo LGTBI el “adoctrinamiento en las aulas”. Hay entonces una “identificación del enemigo y después su criminalización” para pasar a “presentarse como víctimas” y proponer después una solución radical que tiene que ver con la deportación, la prohibición o el silenciamiento. “Siempre se repite este esquema”, reitera Soler.
La retórica es común a otras ultraderechas a nivel global. Precisamente Hungría intentó vetar el Orgullo en base a una ley que restringe la representación pública de la realidad LGTBI cuando se dirige a menores de edad y que se llama oficialmente Ley de Protección de la Infancia, aprobada en 2021 bajo el pretexto de luchar “contra los delincuentes pedófilos”. De nuevo, la misma atribución homófoba. La norma se inspiraba en la adoptada por la Rusia de Putin en 2013, que estableció como objetivo “defender a los niños” de las “orientaciones sexuales no tradicionales”. Leyes similares se han aprobado en Bulgaria y se intentan en varios estados de Estados Unidos.
“En países de todo el mundo estamos presenciando cómo los movimientos de extrema derecha y antigénero explotan el lenguaje de la 'protección infantil' para impulsar políticas que, en realidad, ponen a los niños, especialmente a los jóvenes LGBTI, en mayor riesgo”, describe Gurchaten Sandhu, directora de programas de ILGA World, una federación que engloba a 2000 organizaciones LGTBI de más de 170 países.
Sembrar pánico moral
Con variaciones adaptadas a cada contexto nacional, a veces de forma más explícita y otras sin nombrar directamente las siglas LGTBI, la cruzada en lo que se refiere a la diversidad afectivo sexual se extiende principalmente en los talleres en las aulas. El presidente estadounidense Donald Trump se expresaba así hace unos meses: “Orar está prohibido pero los espectáculos de drags están absolutamente permitidos. No puedes enseñar la Biblia, pero puedes enseñar que los niños de guardería pueden elegir su género. Ustedes no confiarían en esta gente para cuidar a sus hijos ni 30 minutos y no deberíamos dejarles educar a millones de estudiantes seis horas al día”.
Las declaraciones fueron compartidas por Abascal, que aseguró haber escuchado “charlas grabadas” en colegios que “son corrupción de menores” y provocan la “destrucción de la inocencia de los niños”. Los mensajes se repiten y dibujan una realidad alternativa en la que se enseña incluso a los más pequeños “a masturbarse” o “se les sexualiza a edades tempranas”. La asociación Abogados Cristianos es una de las más activas en este terreno y ha convertido la denuncia judicial en su estrategia predilecta. La última polémica tiene que ver con libros de temática LGTBI en Castellón supuestamente dirigidos a niños de 11 años en los que se enseña “cómo cocinar con semen”. Según la asociación, el caso está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Neil Datta, director del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), un organismo que monitorea la actividad de estos actores antiderechos, lo describe como una “estrategia orquestada” con el objetivo de “sembrar pánico moral”. Tras los señalamientos, es común que haya simplificaciones o directamente bulos con los que construyen su retórica. “¿Están a favor de la pedofilia?”, preguntó a las puertas del Orgullo de 2021 un vocal de Vox en un distrito madrileño mientras se debatía una iniciativa para fomentar espectáculos infantiles LGTBI. Días antes, en las redes circulaban imágenes que relacionaban la pedofilia con el colectivo, unas fotos que en realidad eran un montaje de pancartas de una marcha de Costa Rica.
Utilizar los derechos de la infancia para negar derechos humanos es el hilo conductor común de estos actores
“Es una estrategia eficaz, sobre todo cuando la desinformación se amplifica mediante el uso de las redes sociales”, añade Datta, que explica cómo esto “puede causar un daño considerable o permanente para cuando los medios de comunicación u organismos como los tribunales revelan la manipulación”. El experto pone un reciente ejemplo ocurrido en Países Bajos, donde un juez acaba de fallar contra la asociación ultraconservadora Civitas Christiana por difundir durante dos años mentiras sobre un programa de educación sexual en las aulas creado por la organización Rutgers, a la que ha llegado a vincular con la pedofilia.
El caso recuerda al de Skolae, un pionero programa navarro de coeducación premiado por la UNESCO que se convirtió en blanco de ataques de Vox asegurando que promueve “juegos eróticos infantiles” –haciendo uso de una frase descontextualizada y dirigida al profesorado– para justificar su intento de introducir en varias comunidades el veto parental, que fue su propuesta estrella en 2019 y que volvió a emerger en medio de las negociaciones con el PP tras las elecciones de 2023. Skolae fue llevado a los tribunales, que lo anularon por un defecto en la tramitación solventado después por el Gobierno navarro, que lo sigue aplicando.
“Utilizar los derechos de la infancia para negar derechos humanos es el hilo conductor común de estos actores, por ejemplo, que el aborto perjudica a los no nacidos o la educación sexual integral 'sexualiza a la infancia'. Lo que varía es el contexto nacional específico, que crea diferentes oportunidades y limitaciones”, argumenta Datta.
'Save our children'
Además de las aulas, las bibliotecas públicas han sido objeto también de varias polémicas. Las Corts Valencianas aprobaron hace algo más de un año una propuesta de Vox con el apoyo del PP para separar los libros de contenido LGTBI de las secciones infantiles bajo el argumento de “proteger la inocencia de los niños”. Es lo que ya se aplica en Hungría incluso en las librerías, en las que estas obras están en estanterías específicas para adultos a pesar de ser cuentos infantiles, están envueltas en plásticos y en el caso de libros para adolescentes, figuran en ellos advertencias de '+18' o “este no es un libro para niños”.
Contra las bibliotecas públicas de Barcelona emprendió Abogados Cristianos otra batalla judicial –la mayoría acaban archivadas o no dándoles la razón–, en este caso en Barcelona. La fundación pidió al juzgado la retirada de títulos como Mi padre se fue con un señor de Zaragoza o Mi padre cree que soy un chico porque tenerlos en la sección infantil “vulnera el interés superior del menor y el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos”. La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, llegó a afirmar que “tener estos libros al alcance de los niños es una forma de blanquear la pederastia”.
Más allá de las connotaciones homófobas del discurso, este y su aplicación práctica no solo no protegen a la infancia, sino que impactan en sus derechos, defienden organizaciones de derechos humanos. Desde ILGA, Gurchaten Sandhu, esgrime que todos los niños, niñas y adolescentes “independientemente” de que sean o no LGTBI “merecen seguridad, apoyo y dignidad”. “Está completamente demostrado que la educación en diversidad y sexual previene el respeto hacia el propio cuerpo y el del resto de personas y también el acoso o la violencia hacia la población LGTBI”, añade Bea Martos, responsable de derechos LGBTIQ+ en Amnistía Internacional España.
El uso de la protección de la infancia como herramienta discursiva para negar derechos a la comunidad LGTBI no es nueva. Datta recuerda la campaña Save Our Children (Salvemos a nuestros hijos) iniciada en 1977 en un condado de Florida y capitaneada por la cantante Anita Bryant contra la ordenanza que prohibía la discriminación a gais y lesbianas en el ámbito laboral o habitacional. Bajo el argumento de que las escuelas podrían verse “obligadas” a contratar personas homosexuales, la campaña se extendió a otros estados y fue considerada la primera oposición organizada al movimiento por los derechos LGTBI.
Ya a finales de los 70 Bryant hablaba en EEUU del derecho de los padres a educar a sus hijos frente a la diversidad sexual, un mantra repetido insistentemente aquí y allá en los últimos años. En Hungría, el primer ministro de Fidesz, Víktor Orbán, pronunciaría en septiembre de 2020 una frase convertida en casi un grito de guerra y que prendería la mecha de su homófoba legislación: “Hungría es un país paciente y tolerante con la homosexualidad, pero hay una línea roja que no se puede cruzar: dejen a nuestros niños en paz”. Unos meses antes, a 2.000 kilómetros de distancia, Santiago Abascal reaccionaba en redes sociales a la noticia de que el Gobierno llevaría a los tribunales su 'pin parental' en la Región de Murcia: “Dejad a nuestros hijos en paz”, tuiteó el líder de Vox.
El discurso de Milei en Davos que causó la rápida reacción del colectivo LGBT, en la marcha antifascista
El 23 de enero de este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, Javier Milei lanzó un discurso contra lo que llamó la “ideología de género” y la cultura “woke”, afirmando que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”. Además, calificó a las personas trans y homoparentales de “pedófilos”, citando un caso aislado en Estados Unidos para generalizar a todo el colectivo LGBT. También atacó el feminismo y el ambientalismo, anunciando incluso su intención de eliminar la figura legal de feminicidio.
Sus comentarios causaron una ola de indignación inmediata. Organismos de derechos humanos, sindicatos y militantes LGBT+ en la Argentina calificaron la intervención como un discurso de odio Una semana después, el 1 de febrero, se llevó a cabo la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, con expresiones en Buenos Aires, cientos de ciudades del interior del país y capitales del exterior como Madrid, París, Londres y Nueva York. Las organizaciones convocantes incluyeron agrupaciones LGBT+, feministas, movimientos sociales, la CTA, la CGT y sectores de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.
Según los organizadores, sólo en Buenos Aires participaron alrededor de un millón de personas, que marcharon desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Reclamaron la defensa de los derechos conquistados y el fin de la retórica de odio gubernamental. Lemas como “Al closet nunca más”, “Basta de ajuste” y “La vida está en riesgo” visibilizaron la transversalidad del rechazo.
El impacto fue tanto nacional como internacional: en ciudades de Europa y América Latina se replicaron protestas simultáneas que visibilizaron el alcance global del repudio. En paralelo, medios internacionales destacaron el carácter antirracista, antifascista y en defensa de los derechos humanos de la movilización.
Este episodio marcó un quiebre en la presidencia de Milei: sus críticas a la “ideología woke” y el colectivo LGBT+ ya no son planteos ideológicos aislados, sino que generaron una respuesta social masiva. Aunque su base lo apoya por su agenda económica, el discurso homófobo y transfóbico de Milei provocó una movilización histórica en su contra, de la que participaron hasta sus propios votantes.
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