El Poder Judicial también mata cuando minimiza, demora o niega justicia

Conozco a Laura Moyano Giarelli desde 2019, cuando nos cruzamos en una exhibición en la que una artista plástica la había retratado y nos pasamos los números de teléfono. Desde entonces, participa activamente en eventos que hacemos en el Archivo, conversamos, estamos en contacto. La vi muchas veces llegar con su mamá, cómplices, sostenidas una en la otra. Su madre, que iba con la bolsa del Archivo a hacer compras a la panadería, como quien lleva un emblema en la vida cotidiana. Laura sobrevivió a un intento de travesticidio en 2015. La atacaron con brutalidad: estuvo un mes internada, pasó por varias operaciones y le dieron 25 puntos de sutura en la cabeza. Para mí, Laura es uno de los tantísimos casos cercanos, y uno de los pocos en los que hay una sobreviviente para dar testimonio. 

Hoy, después de nueve años, comienza el juicio por jurados en el Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata. El acusado es Leonardo Agustín Bermúdez. A pedido del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia, el fiscal Jorge Paolini imputa a Bermúdez por tentativa de homicidio agravado por odio a la identidad de género, como establece el artículo 80, inciso 4 del Código Penal. No se trata solo de un intento de asesinato: el ensañamiento con que atacaron a Laura tiene que ver con su identidad. Y nombrarlo así también es parte de la justicia que buscamos.

El caso de Laura, como sabemos, no es aislado. En abril de 2023, Sofía Fernández, profesora de Lengua y Literatura, fue detenida en circunstancias poco claras tras visitar a su hermana Mabel. Horas después, la policía informó que Sofía se había suicidado en la comisaría 5ta. de Derqui, en Pilar. Sin embargo, la autopsia reveló signos de tortura y asfixia, descartando la versión oficial. La lucha incansable de Mabel, su familia y la comunidad logró que, tras múltiples obstáculos judiciales, la Fiscalía de Pilar solicitara que tres policías sean llevados a juicio por homicidio agravado por odio a la identidad de género, y otros siete por encubrimiento. Sin embargo, el camino judicial no es fácil: el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, se ha negado a calificar el caso como crimen de odio. La defensa pidió su recusación, pero la justicia decidió que continúe al frente del caso. Estos razonamientos muestran cuán lejos está todavía el Poder Judicial de entender y nombrar la violencia estructural que vivimos.

La reciente decisión, del viernes pasado, de la Corte Suprema en el caso de Diana Sacayán refleja una preocupante tendencia del sistema judicial a minimizar los agravantes relacionados con crímenes de odio hacia identidades de género diversas. Diana, reconocida activista trans, fue asesinada brutalmente en 2015. Aunque el Tribunal Oral Criminal N°4 había condenado a Gabriel Marino a prisión perpetua por “homicidio agravado por odio a la identidad de género y violencia de género” en 2018, en 2020 la Cámara de Casación excluyó el agravante de odio a la identidad de género, calificando el crimen como femicidio. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso para restablecer el agravante, pero ahora la Corte, con el voto del cuestionado juez García Mansilla, se negó a restituirla.

No es solo una decisión técnica: es una señal política. Lo que está en juego es el reconocimiento de la violencia que vive el colectivo travesti-trans y el Poder Judicial también mata cuando minimiza, demora o niega justicia. Mientras no se reconozca el odio por lo que es, la impunidad sigue viva.

MBC / AH