Mientras México y Brasil amplían derechos, la Argentina avanza en una reforma laboral de desprotección y fragmentación
“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”.
La frase pertenece a Margaret Thatcher, símbolo del neoliberalismo global, y sintetiza una visión donde los derechos colectivos son un estorbo para el mercado. Javier Milei no oculta su admiración por esa mirada y por la propia expremier británica: su proyecto de reforma laboral propone traducir esa consigna en política concreta.
La Argentina es hoy la tercera economía de América Latina, pero en materia de política laboral avanza en sentido opuesto a las dos primeras. Mientras Brasil y México —con gobiernos de izquierda— impulsan reformas que reducen la jornada laboral y fortalecen la negociación colectiva, el oficialismo argentino promueve un proyecto que flexibiliza, desregula y erosiona la arquitectura de derechos laborales.
La reforma de 182 artículos filtrada esta semana confirma lo que ya se venía anunciando: la intención del presidente Javier Milei de redefinir el trabajo como una relación individual, sin mediación gremial, con derechos recortados y poder concentrado en el empleador.
Una estrategia de descolectivización
El núcleo ideológico del proyecto es claro: romper la fuerza organizativa del trabajo. Al habilitar convenios por empresa, fragmenta la negociación sectorial, base histórica del sistema argentino de paritarias. Esta lógica debilita a los gremios, obliga a cada planta a negociar condiciones distintas y desarma la capacidad colectiva para discutir salarios. Es un modelo atomizador, que sigue la regla de “divide y reinarás”. Los convenios por empresa ya figuraban en borradores previos. Lo venía anunciando a viva voz, el Federico Sturzenegger, siempre sonriente, convencido de que está dando buenas noticias permanentemente.
Descolectivizar es desorganizar, y desorganizar es hacer que cada trabajador enfrente solo a su empleador. En ese esquema, reclamar deja de ser un derecho colectivo para volverse un riesgo individual.
La magnitud del impacto no es menor: más del 70% de los trabajadores registrados están alcanzados por convenios colectivos de actividad. Su desarticulación significaría desmantelar uno de los pilares centrales de la estructura laboral argentina, vigente desde mediados del siglo XX y clave en la recuperación económica post 2001
Salario por productividad: una idea tentadora que puede ocultar inequidad
El Gobierno sostiene que quiere “modernizar” el mercado laboral. Uno de sus argumentos es reemplazar los aumentos generales por esquemas de productividad, donde cada trabajador podría ganar más si produce más. En teoría, suena justo. En la práctica, convierte el salario en un premio discrecional, sometido a criterios poco transparentes y fácilmente manipulables.
Además, desconoce las desigualdades estructurales entre empresas: no es lo mismo una pyme que una multinacional, ni un taller textil que una planta automotriz. Al desligar los sueldos del marco paritario y atarlos al rendimiento individual, se introduce una competencia interna constante entre trabajadores que desgasta, precariza y erosiona la solidaridad gremial.
El oficialismo lo defiende como un mecanismo de eficiencia. Pero no hay productividad posible cuando las condiciones básicas —como estabilidad, descanso y previsibilidad— se ven recortadas.
La vuelta al trabajo como mercancía
El proyecto también incluye:
- Jornadas de hasta 12 horas con “bancos de horas” compensatorios (figura en borradores previos y fue anticipado por la diputada Romina Diez (en otro proyecto del oficialismo).
- Pago de indemnizaciones en cuotas y creación de un fondo de cese laboral.
- Fragmentación de vacaciones.
- Eliminación del principio de favor individual en los juicios laborales.
- Exclusión de trabajadores de plataformas y colaboradores de independientes de la Ley de Contrato de Trabajo.
En conjunto, estas medidas desarman el concepto de trabajo como derecho y lo reconfiguran como mercancía bajo reglas de mercado. Un producto que se ofrece, se pacta y se extingue sin protección ni comunidad.
Tampoco se incluyen disposiciones sobre licencias parentales, cuidados ni perspectiva de género, a pesar de los reclamos del movimiento feminista y del peso creciente del trabajo reproductivo en la agenda laboral.
El contraste regional: Lula y Sheinbaum, el espejo invertido
Mientras tanto, Lula en Brasil y Sheinbaum en México defienden el camino opuesto. El presidente brasileño propuso reducir la jornada legal de 44 a 40 horas, cuestionando que el aumento de la productividad no haya sido devuelto en tiempo libre. La mandataria mexicana impulsa una ley que llevará la jornada a 40 horas sin baja de salarios, con amplio consenso sindical y empresarial.
Ambos casos tienen algo en común: parten del supuesto de que el trabajo no debe adaptarse al mercado, sino al bienestar social. En cambio, Milei parte de la premisa contraria: que el mercado es el único ordenador posible, y que el Estado debe retirarse incluso cuando se trata de garantizar derechos básicos.
La reforma argentina no surge de foros de consulta ni de diagnósticos participativos, como en México, ni busca redistribuir los frutos del crecimiento, como plantea Lula. Es una reforma escrita desde la cúpula, con base empresarial, sin mediación sindical ni política, impulsada en un contexto de recesión, pérdida salarial y conflictividad social creciente.
Lo que está en discusión no es solo un nuevo régimen laboral sino qué tipo de ciudadanía se construye a través del trabajo. El modelo Milei propone una ciudadanía individual, fragmentada, disciplinada por el mercado. Sin paritarias, sin convenios por actividad, sin estabilidad, el trabajador se convierte en una variable más del cálculo empresarial.
“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”, fue una potente declaración de Thatcher, que reflejaba su ideología neoliberal y su defensa del individualismo, enfatizando la responsabilidad personal y familiar sobre el rol del Estado. La mandataria es venerada abiertamente por Milei, quien reivindica su figura en entrevistas y discursos, y replica su doctrina de desregulación, antisindicalismo y ruptura del Estado como garante de derechos colectivos.
La reforma laboral propuesta en la Argentina puede leerse como una traducción literal de esa frase: un intento de desmantelar los marcos colectivos —convenios, sindicatos, paritarias— que reconocen al trabajo como una dimensión social y no meramente contractual.
La Argentina no solo se aísla de sus principales socios regionales. Rechaza el rumbo progresivo que la región empieza a explorar en el mundo del trabajo y avanza en una dirección solitaria, de alta conflictividad y con riesgos institucionales.
Una modernización sin derechos es otro ajuste más de este gobierno, con otro nombre.
JJD
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