Por qué no apoyamos al candidato propuesto por el Ejecutivo para la Agencia de Acceso a la Información Pública

La candidatura de Gustavo Fuertes para el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública tras la renuncia de Eduardo Bertoni reflotó un debate que requiere mucha atención en Argentina

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La candidatura del Abogado Gustavo Fuertes para el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública tras la renuncia sin cumplir con la totalidad de su mandato de Eduardo Bertoni reflotó un debate que requiere mucha atención en Argentina: cómo funciona y cuál es el rol de la autoridad de aplicación de dos derechos fundamentales de la ciudadanía, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Como venimos diciendo desde la creación misma de la Agencia, subsumir la protección de datos personales a esta oficina es una mala decisión, ya que ambos derechos requieren autoridades de aplicación sólidas, autónomas, con solvencia profesional, pero ante todo, constituyen dos aspectos que pueden incluso colisionar entre si a la hora de dirimir aspectos de derechos fundamentales involucrados.

A esa arquitectura institucional que consideramos inapropiada para cumplir con la misión del organismo, se suma ahora la candidatura de un abogado con muchos años de trabajo en la administración pública, experiencia en el campo del derecho del consumidor pero nula experiencia y credenciales que lo avalen en los dos temas en los que tendrá que trabajar si se confirma su designación, tal como parece surgir de la Audiencia Pública celebrada este 23 de marzo. La idoneidad fue el punto más crítico cuestionado por quienes expusieron en la audiencia pública.

Diversas preguntas técnicas sobre acceso a la información y protección de datos dejaron en evidencia que el candidato no tiene la formación apropiada para lidiar con dos temas tan complejos. Respuestas breves, difusas o meramente voluntaristas sobre la capacidad e independencia del candidato frente al poder político de turno dejaron más incertezas que tranquilidad en la audiencia pública que, paradójicamente no fue transmitida en vivo.

Respuestas breves, difusas o meramente voluntaristas sobre la capacidad e independencia del candidato frente al poder político de turno dejaron más incertezas que tranquilidad en la audiencia pública que, paradójicamente no fue transmitida en vivo.

Preguntas tales como cuál es su posición sobre algunos de los temas centrales del debate a nivel internacional como las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, el tráfico transfronterizo de datos, entre otros temas centrales fueron tratados en forma tangencial bajo el anuncio de que se crearía un consejo asesor para analizar cada uno de estos aspectos para construir una posición consensuada. No pudimos obtener a partir de la audiencia una posición propia del candidato, que dijo desconocer y tener que estudiar varios de los temas sobre los que fue consultado.

Un tema que generó algunas dudas en la audiencia fue la afirmación de Fuertes de que no deberíamos como país atarnos a estándares ajenos que no fueran convenientes para el país. No explicó exactamente a qué se refería, pero la afirmación sembró la preocupación de quienes siguen de cerca la necesidad de mantener altos estándares de protección de datos y mantener la homologación con la Unión Europea, en riesgo hoy justamente por la falta de independencia de la autoridad de aplicación en materia de protección de datos.

Su visión más cercana al derecho del consumidor dejó en duda su mirada en relación a la protección de datos personales en poder del Estado. Prácticamente no respondió cuestiones que tuvieran que ver con el efectivo control que deberá ejercer frente a quienes hoy son sus superiores, ya que recordemos, Fuertes se desempeña actualmente como asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Nada dijo sobre cómo hubiera procedido frente al intercambio de bases de datos de una oficina pública a otra sin respetar el principio de finalidad de los mismos, aspecto que desde Fundación Vía Libre criticamos enfáticamente cuando fue avalado por Eduardo Bertoni.

Consultado sobre temas críticos como las políticas de inteligencia de fuentes abiertas (ciberpatrullaje) y la incorporación de tecnologías de reconocimiento facial respondió con algo más de solvencia. Es destacable su declaración de que el reconocimiento facial debe ser considerado como tratamiento de datos sensibles, por lo que estas tecnologías requerirían cuidados específicos y/o ser sometidas a la prohibición explícita de la ley de protección de datos personales. Indicó además que se debe estudiar el tema del ciberpatrullaje, en particular tras la resolución crítica de esta política impulsada en el Ministerio de Seguridad por parte de su antecesor.

No quedó del todo claro si tiene en su agenda de trabajo la idea de reformar la legislación vigente de protección de datos personales ni en qué sentido podría ir esa potencial reforma que, entendemos, es indispensable para afianzar el ejercicio de este derecho humano fundamental que debe terciar además con aspectos centrales del comercio en este siglo XXI.

La protección de datos personales tiene este doble juego: es central su protección frente al sector privado, ya que los datos son materia prima de los negocios de este tiempo. Pero también es esencial comprender que su abuso por parte del Estado lesiona los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía. El Estado tiene ese doble rol de ser usuario de datos, productor de datos y a su vez, debe ser el garante del ejercicio de los derechos de las personas sobre su información personal. Es por eso que se debe fortalecer una autoridad de aplicación independiente, con la capacidad y la convicción de fijar límites a cualquier abuso que puedan ejercer tanto el sector privado como el Estado en todo nivel.

Un total de 64 aportes se presentaron en relación a la candidatura del Abogado Gustavo Fuertes pero sólo quienes objetaron la candidatura hicieron uso de la palabra en la audiencia pública organizada por Jefatura de Gabinete. El desconocimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil que históricamente trabajan estos temas de la figura del candidato, su nula formación académica en el tema así como la falta de una idoneidad objetiva probada del candidato dejaron en evidencia que su perfil no está a la altura de la responsabilidad que el cargo conlleva.

Más allá de su voluntad de ampararse en el profesionalismo de quienes integran la Agencia, sobre quienes aseguró estabilidad laboral, llegar a un cargo de esta trascendencia requiere sólida formación, al menos en una de las dos materias de incumbencia de la agencia. La dirección de un organismo central como este debería ser ejercida por una persona autónoma e independiente del poder político, con sólida formación y reconocida trayectoria en el campo a regular así como con un compromiso sólido con la gestión de lo público. En este caso, sólo una larga carrera en la administración pública de la provincia de Buenos Aires avala al candidato propuesto.

La dirección de un organismo central como este debería ser ejercida por una persona autónoma e independiente del poder político, con sólida formación y reconocida trayectoria en el campo a regular

Desde la sociedad civil tenemos la plena disposición para cooperar en la construcción de una autoridad de aplicación rigurosa y sólida, independiente y autónoma, profesional y confiable, pero no terminamos de entender las razones del Poder Ejecutivo Nacional para proponer una candidatura que deja el ejercicio de estos derechos fundamentales en una situación incierta.

BB

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