Opinión

Paraguay marcha: contra los desalojos rurales, por una reforma agraria

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez promulgó en septiembre la ley que establece penas de hasta 10 años de cárcel a quienes invadan tierras privadas. Cuenta con el fuerte respaldo de sectores ganaderos y agrícolas, y es repudiada por campesinos y pueblos originarios.

0

Las organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay advirtieron que tras la aprobación de la Ley 6830/2021 se suceden sin parar los desalojos y los ataques a las comunidades . La norma, más conocida como “Ley Zavala-Riera”, por los apellidos de los senadores derechistas que la impulsaron, incrementó hasta diez años de cárcel la pena para las personas que participen en una ocupación de tierras.

“Al menos tres mil personas quedaron en la calle, sin techo y sin tierra. Siete comunidades campesinas y cuatro territorios indígenas fueron desalojados en apenas dos meses” según datos relevados por el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de la ONG Base Investigaciones Sociales (Base IS).

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras.

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras. Hay 900 conflictos en curso en asentamientos campesinos e indígenas.

De acuerdo a lo expuesto, la ley parece funcionar como un aval indiscriminado para la expansión del agronegocio que ya se extiende en un territorio de 3,5 millones de hectáreas y ahora busca llegar a los 4 millones, talando bosques y desalojando campesinos e indígenas ante la indiferencia del aparato estatal/judicial. Por consiguiente, se repite la secuencia de los desalojos. Una situación que ya concitó denuncias en jurisdicciones internacionales, como la que hiciera la comunidad indígena de Hugua Poty, ante la delegación paraguaya de las Naciones Unidas.

Durante el largo gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989), este presidente colorado repartió a amigos y amanuenses más de 7 millones de hectáreas de tierra. Así lo estableció la Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ) que estudió los crímenes de lesa humanidad del período. Lo concreto es que caído este militar por un golpe de Estado en febrero de 1989 y remplazado en la presidencia por su consuegro el general colorado Andrés Rodríguez, organizaciones campesinas e indígenas ocuparon parte de estas tierras. Muchas de ellas eran latifundios improductivos. De este modo, pudieron hacerse de un espacio para la agricultura de subsistencia, en principio y de renta cuando la escala lo permite.

Es así que por lo común indígenas y campesinos tienen disputas por la titularidad de los campos contra agroempresarios que literalmente se “compran” títulos falsos que luego hacen valer ante un Poder Judicial que ha sido considerado como el más corrupto de América del Sur.

Por ello, actualmente hay 900 conflictos y procesos judiciales en curso en asentamientos campesinos e indígenas donde viven entre 40 y 250 familias y que tienen entre 2 y 40 años de lucha y resistencia.

Como tibia reacción a los últimos desalojos, los senadores del Frente Guasu, el movimiento que lidera el ex presidente Fernando Lugo, presentaron un proyecto para derogar la Ley Riera-Zavala, más como una cuestión testimonial ya que no tienen los votos como para lograr hacerlo.

Se insiste allí que la norma viola derechos constitucionales de los pueblos indígenas reconocidos como anteriores a la conformación del Estado. Por ello, previo a la sanción de la Ley Riera-Zavala la jurisprudencia indicaba que era imposible desalojar a una comunidad indígena sin seguir un protocolo para verificar la posesión tradicional o ancestral de sus tierras.

“Movilización permanente”, declararon, entre otras, la Federación Nacional Campesina (FNC); el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); la Organización de Lucha por la Tierra (OLT); el Movimiento Agrario y Popular (MAP); la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI); la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia; y la Coordinadora Estudiantil de la UNA (CEUNA).

 “Nos nucleamos este día para la concreción de la articulación de un espacio de lucha en contra de la política llevada a cabo por el gobierno de Mario Abdo Benítez y la cúpula de los partidos de poder enraizados en el Congreso y la Corte Suprema de Justicia avalando el despojo, desalojos y saqueos masivos y criminales efectuados por las fuerzas represoras (Policía Nacional y Fiscalía general del estado)”, dice el manifiesto de convocatoria a la marcha.

Hicieron también un llamamiento a campesinos, indígenas y sectores populares “a resistir organizadamente contra los desalojos, la criminalización de la lucha social y a todos los sectores patrióticos, democráticos y sociales, a generar un gran debate nacional, fomentar un espacio de unidad amplia y avanzar en la construcción de una patria nueva”, según expone el documento.

Aparición con vida

La marcha se dará en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. también pedirá “la aparición con vida de (la niña) Lichita”, nombre con el que se conoce a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 15 años, quien permanece desaparecida desde diciembre de 2020.

Lichita es hija de Carmen Villalba, presa del Estado paraguayo desde hace más de 17 años y prima de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas en un operativo militar contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en septiembre de 2020.

Si bien se reclama la aparición con vida de Lichita, se estima que habría corrido la misma suerte que sus primas. 

AGB

Etiquetas
stats