Urge reformar los fondos ATN, pero con un enfoque ambiental

Las inundaciones, las sequías, los incendios y otros eventos climáticos se intensifican cada vez más como consecuencia del cambio climático. En Argentina, estos eventos son cada vez más frecuentes, severos y costosos. Sin embargo, los recursos disponibles para hacerles frente —como los del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— no se están utilizando: en 2024, más del 90% de esos fondos quedó sin ejecutar.

Según el primer Informe Bienal de Transparencia presentado por la Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera que en nuestro país haya un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y un aumento en el nivel del mar. Esto tendría repercusiones a lo largo de toda la costa marítima argentina y del Río de la Plata, especialmente, podría afectar la costa al sur de la provincia de Buenos Aires con inundaciones permanentes.

A su vez, de acuerdo con el Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y se estima que este fenómeno le cuesta al país cerca de 1.000 millones de dólares al año. Además, alrededor del 28% de los argentinos todavía viven en zonas propensas a sufrir inundaciones.

En marzo, Bahía Blanca estuvo en el foco de la agenda pública por una grave inundación que dejó víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares con daños irreparables. Dos meses después, un nuevo temporal afectó el norte de la Provincia de Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento, con un saldo de tres personas fallecidas, más de 2.900 personas evacuadas y daños estructurales.

Es inconcebible que habiendo fondos destinados a atender emergencias climáticas el gobierno nacional decida no utilizarlos. Durante 2024 se recaudaron casi 680 mil millones de pesos, pero sólo se utilizó el 7,3%. Cada peso que no se invierte en planificación y desarrollo de infraestructura resiliente para enfrentar eventos climáticos extremos, se transforma en daños y pérdidas evitables.

En este sentido, para evitar peores daños y pérdidas económicas y humanas irreparables debido a la falta de prevención y de una planificación urbana adecuada ante estos eventos climáticos extremos, es urgente una nueva forma de asignar los fondos ATN que ponga en el centro la resiliencia de las comunidades y fortalezca la capacidad de respuesta local ante inundaciones, sequías u otros desastres naturales.

Hace algunas semanas, los gobernadores presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la asignación de los fondos ATN, que plantea que su distribución se realice según los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley de Coparticipación, en donde parte iría a Nación y otra parte a las provincias.

Si bien es fundamental que estos recursos se distribuyan entre las provincias, la propuesta presentada por los gobernadores no define un destino específico para su utilización. Por ende, no hay garantías de atención a las catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún la construcción de infraestructura preventiva.

Desde distintas organizaciones de la sociedad civil impulsamos un proyecto de ley que propone una nueva lógica para la distribución de los ATN, con enfoque ambiental y territorial.

Buscamos fortalecer las capacidades locales para prevenir desastres socioambientales, asegurar recursos disponibles de forma inmediata ante emergencias climáticas, mejorar la justicia distributiva de los ATN incorporando criterios ambientales, aumentar la transparencia y eficiencia del gasto nacional, articular la política fiscal con las políticas de ambiente y desarrollo territorial, y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Se trata de anticiparnos y de transformar fondos hoy discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir los riesgos frente a los eventos extremos que seguirán incrementándose y afectando a las personas más expuestas al cambio climático.

*Los autores forman parte de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)