Una ametralladora de fuego amigo

Tal vez Ginés González García y su viejo amigo Horacio Verbitsky le hayan dado a Alberto Fernández la oportunidad de liberarse de las ataduras que lo tenían estacionado en un ritmo de gobierno demasiado emparentado con la parálisis, donde la decisión de no hacer cambios emparejaba para abajo. O tal vez los dos protagonistas más notorios de la vacunación selectiva en el ministerio de Salud hayan proyectado para el gran público el inicio de una película que va a terminar mal. La renuncia obligada del ministro que había sobrevivido no sin dificultad al primer año de la pandemia puede servirle al Presidente para independizarse del amiguismo y recuperar la autoridad; sobre todo ante los propios que se tomaron demasiadas atribuciones gracias a un poder que lo permitió. También para dejar un ultimátum a los funcionarios que no funcionan, en el arranque del año electoral: del margen de error, ya no queda nada. 

Producto del Covid-19, Fernández le dedicó al tema sanitario la mayor parte de sus esfuerzos y energías durante 2020. Apostó a la Sputnik V, acertó en más de una oportunidad y falló en muchas otras, sobre todo cuando no pudo reprimir la tentación de hacer promesas que no dependen de su voluntad y generó falsas expectativas en una sociedad extenuada por la crisis y la peste. Una costumbre que al Presidente le cuesta caro.

La promoción radial de Verbitsky y la renuncia de Ginés tienen múltiples connotaciones y pueden desencadenar un proceso con capacidad de dañar todavía más al gobierno. Pero expresan sobre todo los modos de funcionamiento de una elite transversal que, más allá de su experiencia y de cómo se autoperciba, circula lejos de la base de la sociedad. Corren el riesgo -elocuente- de vivir una realidad paralela en un marco de padecimientos agravados para las mayorías. Un error garrafal para la política, que puede dar pie tanto a una ola de indignación como a una cacería. Hace tiempo que médicos que militan en el oficialismo, algunos en su momento muy identificados con Cristina Fernández de Kirchner y ligados al Hospital Posadas, venían pidiendo en privado que el gobierno explicara cuál era el criterio para vacunar antes a la dirigencia política que al personal de salud. O no llegaron a lo más alto con su reclamo o no fueron escuchados. Quienes estuvieron con la vicepresidenta en Buenos Aires cuentan que, antes de viajar a El Calafate para celebrar un cumpleaños que esperaba pasar tranquila, volvió a pedir cambios en lo más alto.  

La salida fulminante de Ginés y la forma en que se dio golpean en el corazón de un oficialismo que -ahora vuelve a notarse- es una familia ensamblada en la que no todos los rencores se apagaron. Una ametralladora de fuego amigo, algo que el peronismo no puede permitirse en las actuales circunstancias. Es además un triunfo de la escudería de Clarín sobre la inviable cadena de la felicidad que promueven las voces más soberbias del vamos bien. La vacuna de Héctor Magnetto, que alguna vez mencionó Máximo Kirchner en el Congreso, llegó en su envoltorio clásico. Los hechos están relacionados porque el caso abre una hendija por donde se pueden ver el descontento con el reparto de poder de un grupo de heridos que, después de haber sido parte importante, hoy está afuera de las decisiones. Solo desde el propio oficialismo, piensan algunos, puede difundirse la lista de vacunados que publicó Clarín, donde figuran además dirigentes del panperonismo, el sobrino de Ginés y la familia del empresario Florencio Aldrey Iglesias.

Lejos de los privilegios del poder y de la endogamia que lo rodea, corre la vida de las mayorías, que hacen proezas para sobrellevar el día a día en el peor de los contextos. Y es en ese campo de batalla donde se juegan las chances del pancristinismo de revalidar su poder en las urnas. Cuando en 2017, el sociólogo Juan Carlos Torre planteó que la base social del peronismo se había dividido antes que la dirigencia, la posibilidad del Frente de Todos no figuraba en ningún borrador y Mauricio Macri iba camino a ganar con sorprendente comodidad las elecciones de medio término. Las candidaturas de CFK y Sergio Massa, ese año en la provincia de Buenos Aires, eran para Torre una expresión bastante representativa de dos fragmentos en los que se habían dividido las bases populares del peronismo, tras la agonía de la sociedad salarial y el estallido de 2001. 

En un cuadro de caída de ingresos, altísima pobreza y alta desocupación, el proyecto para subir el Impuesto a las Ganancias que presentó Massa en Diputados actualiza la pregunta que se planteaban Torre y el politólogo jesuita Rodrigo Zarazaga cuando Unidad Ciudadana y el Frente Renovador iban por cuerdas separadas. ¿Cómo hacer ahora para amalgamar esos fragmentos dispersos de un movimiento que ya no tiene la homogeneidad de sus orígenes? Queda claro: la unidad del peronismo de gobierno mejora las chances del oficialismo, pero no resuelve la encrucijada.

La iniciativa de Massa busca, al mismo tiempo, promover el consumo y recuperar el vínculo con una franja de la población que lo vio como alternativa en 2013. Si el proyecto prospera tal como fue diseñado, serán beneficiadas 1.267.000 personas. De ese total, un millón son trabajadores y el resto son jubilados: 569 mil viven y votan en la provincia de Buenos Aires, 157 mil en la Ciudad de Buenos Aires, 103 mil en Córdoba, 98 mil Santa Fe y 30 mil en Tucumán. 

El objetivo oficial es aflojar la presión tributaria sobre la llamada aristocracia obrera, los sindicalizados mejor pagos que Hugo Moyano expresó en su momento mejor que nadie y se desempeñan en la industria, el transporte, el comercio, la intermediación financiera y la construcción. Si hoy las personas afectadas por Ganancias son 2 millones 300 mil personas, lo que se intenta es reducir ese grupo a la mitad, regresar al nivel histórico de los que pagan el tributo y mantener las escalas actualizadas por el RIPTE. 

Según el equipo en el que trabaja el abogado Guillermo Mitchell -ex AFIP y ex asesor de Miguel Pichetto-, el mayor beneficio apunta a la escala más baja de la pirámide y pretende marcar un contraste con lo que hizo Macri en su última reforma, cuando dio un aumento en las deducciones para todos los tramos y terminó beneficiando a los gerentes. 

Lo dice el proyecto de ley: desde la salida de la tablita de Machinea hasta el año 2011, solo el 10% del total de los empleados y empleadas en relación de dependencia pagaba el impuesto. La base se triplicó en apenas dos años: pasó de a 11,7% en 2011 a 21,7% en 2012 y a 29,5% en 2013. A partir de ese grupo amplio que llegó a comprender un universo de 2 millones 831 mil personas, creció un malestar que Massa capitalizó como nadie. Beneficiado también por el voto de ese sector, Macri no cumplió con su spot de campaña y firmó el decreto 394 del 22 de febrero de 2016, que volvió al esquema tradicional de deducciones. A fin de ese año, pagaban el 18,1% de los trabajadores y cuando el egresado del Cardenal Newman se fue del poder los afectados eran el 23,2%, más de 2 millones de asalariados. De acuerdo al último informe de la consultora Eco Go, en ese 2019 los asalariados representaban el 39% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias: el 53,7% correspondía a personas jurídicas y sólo el 7% a beneficiarios del exterior.

El primer año de Fernández, entre la pandemia, la escasez y la deuda, quedaron afectados el 25,6%. Durante todo el año 2020, los empleados solteros pagaron Ganancias a partir un salario neto de 55.261 pesos y los casados con dos hijos, a partir de 73.014 pesos. Una cifra incomprensible cuando el INDEC indica que para no caer en la pobreza una familia necesita 56.459 pesos.  

La propuesta del oficialismo no tiene oposición. Según un sondeo de la consultora Aresco, con fecha del 12 de febrero y en base a 4502 casos, la baja del Impuesto Ganancias es uno de los pocos temas que trasciende la polarización: el 82% de los consultados opina que el proyecto es positivo y sólo el 11 % está en contra. Más todavía, el 57% lo considera “muy bueno”.

Se trata de un universo de trabajadores que se distingue entre la malaria general y tiene sus ingresos reducidos por Ganancias de manera alevosa. Se acaba de ver con la parálisis en la fábrica Toyota de Zárate, donde ayer y el último martes de Carnaval no se alcanzó a completar el turno. Tal como contó elDiarioAR, son operarios que cobran por trabajar un feriado entre 20 y 22 mil pesos y a la hora de recibir el sueldo ven cómo ese monto se pierde en el camino. Con un aumento de la producción previsto por las automotrices en un 70% para este año, tienen la posibilidad de ganar en un turno de nueve horas una cifra superior a la del Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy está en 20.587 pesos, llegará en marzo a 21.600 pesos y rige los ingresos de decenas de miles de personas que perciben un Salario Social Complementario. Ese abismo que separa a los trabajadores mejor pagos -muchas veces ligados al mercado mundial- y la legión de precarizados, informales y cuentapropistas es el que pretende representar, otra vez en estas legislativas, el peronismo del Frente de Todos. Aunque ayudan, los encuentros entre sindicalistas y dirigentes de los movimientos sociales no alcanzan para suturar esas heridas.

Los cambios en Ganancias van a beneficiar a poco más del 10% de los nueve millones de trabajadores que están hoy en relación de dependencia. De ese total, tres millones son empleados públicos que vienen sufriendo un ajuste profundo desde hace varios años y seis millones millones son asalariados del sector privado que se reparten en cantidades casi iguales entre pymes y grandes empresas. La enorme mayoría viene de tres años de caída alarmante en sus ingresos y no está claro que la soja a 500 dólares vaya a derramar parejo sobre ese continente. La tarea es del gobierno.

En Casa Rosada, afirman que están en estudio mejoras para un grupo que tampoco recibió ningún tipo de alivio durante el primer año de los Fernández: 3,6 millones de monotributistas y 500 mil autónomos. Para esa franja también las escalas están desactualizadas. Son cuentapropistas que con un ingreso de 150 mil pesos -como el que quedará exento con la reforma para la cuarta categoría- tributan 6500 pesos por mes en el caso de los monotributistas y 20.500 en el caso de los autonomos. 

El trabajo de la firma que dirige Federico Aurelio muestra también que “se extiende la preocupación por la grave situación económica personal sostenida en el tiempo”. De acuerdo a la encuesta, el 66% de los trabajadores de menores recursos sufrieron pérdidas de ingresos y el porcentaje de quienes no tienen empleo y están buscando crece a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Así, la consigna oficial de que los sueldos le ganen a la inflación choca con la realidad del arranque de 2021. Según el último informe de la consultora de Marina Dal Poggetto, desde 2017, el salario real acumula una caída de 23% en términos reales, que es del 57% si se mide en relación al dólar oficial y escala hasta el 75% cuando se considera el dólar brecha.

El estudio de Aresco incluye dos datos preocupantes para el gobierno de los Fernández en una semana en que el INDEC informó la suba del 5,6% de los precios mayoristas en enero. Por un lado, se incrementó la percepción de una mayor inflación: el 58% de los consultados dice que en 2021 es más alta que la del año pasado y el 55% piensa que seguirá aumentando en los próximos meses. Por el otro, el 43% piensa que las subas son responsabilidad del gobierno antes que de los supermercados (27%) o de los productores de alimentos (19%). Sólo un tercio de la población, identificado con el gobierno, apuesta a la eficacia de los Precios Cuidados. 

DG