Bullrich pidió a las fuerzas de seguridad que calculen el costo del protocolo: “horas hombre, combustible y elementos consumidos”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo, montos que deberán ser pagados por las organizaciones sociales, según adelantó en las últimas horas el vocero presidencial Manuel Adorni.

Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a “determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales” llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público, aplicado por primera vez el miércoles durante la marcha de la Unidad Piquetera.

Este jueves, Adorni había informado en rueda de prensa que las organizaciones sociales deberán pagar los costos del mencionado operativo.

“El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente y en paz”, advirtió el funcionario.

La resolución publicada precisa que en la evaluación de los costos se deberá tener en cuenta “las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo”.

En los considerandos, la resolución recuerda que el protocolo “tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El protocolo prevé que se “podrá demandar judicialmente a las organizaciones” así como a “las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.

“Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables”, dice la resolución.

El texto completo de la resolución

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias dispone entre las competencias del MINISTERIO DE SEGURIDAD la de entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 943/2023 se implementó el PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN que tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059.

Que el articulo artículo 11 de la Resolución citada anteriormente prevé que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8º, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos.

Que sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables.

Que no resulta justo ni equitativo que la totalidad de los contribuyentes deban soportar los mayores costos que unas pocas personas ocasionan con una actividad ilícita.

Que ante estas previsiones corresponde a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas mencionadas, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas en el ejercicio de sus funciones de intervención ante la comisión de un delito flagrante reprimido en el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina.

Que, asimismo, con el objeto de dar certeza a dicho requerimiento se deben definir los costos operativos de los elementos empleados en operativos de seguridad federales para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.

Que la medida tiende a poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra.

Que resulta necesario para el objetivo precedente, que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales establezcan los costos en los que hubieran incurrido a causa de un acto ilegítimo.

Que la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, ASESORÍA Y DICTÁMENES del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 4°, inciso b), apartado 9°, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Instrúyese a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la GENDARMERÍA NACIONAL, a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, a determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los Operativos de Seguridad Federales llevados a cabo en el marco de la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 943/2023.

ARTÍCULO 2º.- La determinación del artículo anterior tomará en cuenta:

a. Las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron.

b. El combustible utilizado.

c. Los elementos consumidos en los operativos.

d. Otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.

Todo ello sin perjuicio de los costos de curación de los efectivos que resultares heridos, independientemente de las demandas individuales por daño físico y perjuicio moral.

ARTÍCULO 3º.- La determinación a la que se refiere el artículo 1º se llevará a cabo antes de las VEINTICUATRO (24) horas de la finalización del operativo y se remitirá a este Ministerio.

ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.