Sin convocatoria formal, la oposición sesiona para buscar aprobar el aumento a los jubilados

Acorralada por la oposición, Victoria Villarruel tuvo que ceder: el jueves a las 14, el Senado abrirá las puertas y sesionará para sancionar el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. No habrá convocatoria oficial, sino que el peronismo, junto a aliados en el radicalismo, se autoconvocarán y forzarán la apertura del recinto con la fuerza del número. En el Gobierno ya están casi resignados: La Libertad Avanza avizora una nueva derrota y prepara los motores para el lanzamiento de un nuevo veto presidencial.

“Los miércoles y jueves a las 14 horas está convocado el parlamento a funcionar en forma ordinaria, eso no lo puede impedir nadie. Cualquier obstrucción es un delito”, advirtió el jefe de la bancada peronista, José Mayans, antes de ingresar al despacho de Villarruel en el Senado. El peronismo estaba en plan de guerra: si la vicepresidenta continuaba dilatando la sanción del incremento a los jubilados, los senadores se reunirían por su cuenta y autoconvocarían la sesión. Sabían que tenían el número para el quórum, así que era solo cuestión de tiempo: Villarruel tenía que ceder.

Finalmente, la vice aceptó que estaba en minoría y convocó a los jefes de bloque para intentar ordenar la sesión. Allí se acordó sobre el fondo, pero no sobre la forma. Se definió que se incluirían todos los temas, no solo los que le interesaban a los gobernadores. Es decir: la emergencia en discapacidad, la actualización del 7,2% de los haberes jubilatorios, el incremento del bono de jubilados y la moratoria previsional. También se insistiría en la ley de emergencia de Bahía Blanca, que Javier Milei había vetado, y un proyecto que busca proteger las acciones de YPF frente al fallo de Loretta Preska.

La zanahoria de toda la sesión, sin embargo, serán las iniciativas impulsadas por los gobernadores para fondear sus provincias. Esto es: el proyecto que obliga al Ejecutivo a distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el que obliga al Ejecutivo a distribuir lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos y el que elimina una serie de fondos fiduciarios y obliga al Ejecutivo a repartir los fondos según el régimen de coparticipación. Ninguno tiene dictamen, pero la oposición no está preocupada: sabe que le sobran los votos para llegar a los dos tercios del recinto para tratar los proyectos sobre tablas.

La oposición no terminó de resolver, sin embargo, el formato reglamentario con el que se tratarán los proyectos sociales. Esto es así porque el oficialismo –y sus aliados– impugnaron los dictámenes conseguidos por la oposición para el tema de discapacidad y de jubilaciones, ya que fueron resultado de una reunión de comisión de Presupuesto que la oposición autoconvocó a la fuerza ante las maniobras dilatorias del presidente de esa comisión, el libertario Ezequiel Atauche.

“Si la mayoría dice que es válido, es válido”, espetan en el peronismo, en donde argumentan que la comisión tuvo quórum y se consiguió dictamen de mayoría gracias al acompañamiento de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la larretista Guadalupe Tagliaferri. Tres senadores no peronistas que están dispuestos a dar el debate en el recinto junto al peronismo y aprobar, con mayoría simple, una interpretación del reglamento que habilite los dictámenes. La oposición necesita sí o sí habilitarlos porque, de lo contrario, necesitará tener dos tercios para sancionar las leyes. Y, para el caso jubilados, no hay dos tercios disponibles.

El encargado de justificar por qué los dictámenes no eran válidos fue el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, quien había sido duramente criticado por los senadores de la oposición por estar “interpretando” el reglamento con la resolución desconociendo la reunión de comisión que había sacado el lunes pasado. Los que pidieron sacar el tema de jubilados y de discapacidad del temario, sin embargo, no fueron los oficialistas: fueron los representantes de los gobernadores radicales, como la mendocina Mariana Juri.

Y es que los gobernadores se sienten muy cómodos forzando una serie de proyectos que fondean las cuentas públicas de las provincias, pero no así los proyectos opositores. Hay un límite que los aliados del Gobierno no están dispuestos a cruzar, y es probable que la mayoría de los radicales y PRO enojados con el oficialismo, cuando llegue el momento, voten en contra del incremento a los jubilados. La bandera del déficit cero, explican, no se negocia.

En el peronismo, sin embargo, advirtieron que o se votaba todo o no se votaba nada. “No es que vamos a darle plata a los gobernadores y nada a los jubilados”, masculla, irritado, un alfil de la bancada peronista que preside Mayans.

El verdadero desafío será el debate reglamentario. Cuando comience la sesión, si hay quórum, Villarruel la habilitará: ya se lo adelantó a propios y ajenos. Sabe que ya hay una cuarentena de senadores dispuestos a dar quórum, así que no tiene alternativa. Sí buscará, sin embargo, disputar el número que necesitará la oposición para sancionar los proyectos de jubilados y discapacidad. La discusión se dará en el momento en el recinto, y la moneda está en el aire.

La oposición, sin embargo, cuenta con ventaja: tiene el número y la voluntad para sostener su posición en el recinto. El oficialismo, en cambio, parece casi resignado. Los ojos de LLA ya están puestos en el día después, cuando haya que blindar los nuevo vetos de Mieli.

MC/JJD