Con un coro de voces a favor, el Gobierno aceleró la reforma de la Ley de Glaciares y busca sancionarla en Diputados

El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

MCM/MC