ESTA SEMANA

Se define si Correo se salva o va a la quiebra y los Macri se juegan el futuro de Socma y Sideco

En septiembre último, el concurso de acreedores de la compañía cumplió 20 años, un plazo inédito, según fuentes judiciales.

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El caso Correo Argentino SA llegará esta semana a un punto cúlmine. Entre el miércoles 7 y el jueves 8, se vencen los plazos para que la compañía de los Macri presente las conformidades de sus acreedores para saldar sus deudas y evitar la quiebra. Pero si no lo consigue, irá a la quiebra, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo al expediente. Es lo que marca la ley de Concursos y Quiebras. Están en juego miles de millones de pesos y el futuro de Socma y Sideco (principales compañías de los Macri y accionistas de Correo en distintos momentos). Sólo otra excepcionalidad a la ley podrá revertir el cronograma anunciado. 

Correo se encuentra en proceso de salvataje o cramdown desde agosto de 2020. Esto implicaba que la empresa podría ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri (siempre y cuando hubiera otros interesados). Quienes adquirieran las acciones de Correo debían inscribirse para presentar una oferta al Estado y al resto de los acreedores de la compañía para saldar sus deudas. Se inscribieron cinco interesados y Correo, pero sólo la empresa de los Macri se presentó a fines de marzo a la audiencia en la que los inscriptos debían presentar sus ofertas. Este es el tercer salvataje de Correo pero el primero que llega a su fin. 

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto de su gobierno y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Macri a cargo del caso no avanzaron con un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje. El representante del Estado en el expediente es ahora Carlos Zannini, procurador del Tesoro.

Salvataje o quiebra

Para evitar la quiebra, Correo necesita presentar esta semana ante la jueza Marta Cirulli las conformidades de la mayoría de sus acreedores. Si lo hace y la magistrada homologa la propuesta, la compañía puede salvarse. Si no lo logra y la jueza no homologa el acuerdo, Cirulli debería decretar la quiebra de Correo, según los procedimientos que marca la ley de Concursos y Quiebras.

Correo tiene un frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría en el acuerdo final. Correo niega las acusaciones. La jueza aprueba las mayorías conseguidas, sortearán el obstáculo legal.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio estatal que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. La compañía ofertó a fines de marzo pagar $1.100 millones al Estado, pero el Ministerio Público Fiscal viene sosteniendo que esa suma sería sólo una cuarta o quinta parte de la deuda real. Aún no se conoce la respuesta de Zannini. Otros acreedores importantes son el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Meinl Bank. 

Si Correo quiebra, los Macri corren el riesgo de que acreedores o síndicos (por ejemplo, Zannini) soliciten a la Justicia comercial que extienda la quiebra a sus accionistas, Sideco y Socma, por presunto “control abusivo”, ya que ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las última décadas. La principal accionista actualmente es Socma. El proceso de extensión de quiebra puede extenderse en el tiempo. Las compañías pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso.

La quiebra puede apelar ante la Cámara Comercial de Apelaciones, pero no tiene carácter suspensivo, según consta en la legislación, informaron fuentes del fuero comercial. Mientras transcurre la apelación, la quiebra se ejecuta y la compañía queda desapoderada de sus cuentas bancarias y bienes. El manejo de la compañía quedaría en manos de la actual  interventora judicial o los síndicos que intervienen en el concurso. Correo también pierde control sobre su principal activo: los juicios que los Macri le iniciaron al Estado en 2016, en reclamo de resarcimientos económicos por la estatlización de 2003 y la falta de pago de servicios postales.

Otro escenario posible

Hay otra alternativa menos habitual, para la que Correo preparó el terreno en su última presentación ante la jueza, cuando los representantes de los Macri sostuvieron en un escrito que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su nueva propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

En esa línea, para evitar la quiebra, Correo necesita sí o sí la conformidad del Estado. Si no la consigue, la compañía de los Macri puede plantear que se trata de un “acreedor hostil”, que estaría frenando el acuerdo con otros acreedores, explicó una fuente con conocimiento del caso.  

El concurso preventivo de Correo se dilató de manera inédita, confirman fuentes judiciales que intervienen en este y otros centenares de casos similares pero de más corta vida. En los últimos 20 años, la empresa atravesó tres intentos de salvataje (el desenlace del tercero se define esta semana); un decreto de quiebra que nunca se ejecutó; una guerra fría con el kirchnerismo que dejó el caso en pausa durante años; y un pre-acuerdo durante el gobierno de Macri. Esa negociación fue catalogada por la fiscal del caso como “abusiva” para el Estado, terminó en un escándalo de conflicto de intereses, desembocó en una causa penal contra el entonces mandatario (que sigue en trámite) y el expediente comercial siguió extendiéndose por cinco años más. 

ED

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