El Gobierno busca inversores extranjeros a cambio de otorgarles la ciudadanía argentina

El Gobierno nacional anunció este jueves una nueva medida que busca flexibilizar las condiciones para los extranjeros que realicen una inversion "relevante" en el país y que a cambio puedan obtener la ciudadanía argentina.

Mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dejó oficializada la medida que busca atraer capitales e inversiones.

La decisión del Ejecutivo se conoce el mismo día en que la cotización del dólar oficial minorista se acelera y en la apertura de los mecados se ubica por encima de los $1.325,63 para la venta. Estas subidas obligaron al Gobierno a subir la tasa arriba del 60%.

El decreto establece que el trámite estará a cargo de la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Se trata de un organismo descentralizado que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía que hoy anunció la nueva norma.

Esta agencia, según el decreto, se ocupará de evaluar las solicitudes de los aspirantes y determinar si las inversiones ofrecidas son o no “relevantes” como para poder llevarse la ciudadanía argentina. La palabra final la tendrá la Dirección Nacional de Migraciones después de evaluar informes de distintos organismos del Estado y tendrá 30 días para emitir un dictamen,

Esta nueva medida es parte de la política migratoria del gobierno de Javier Milei que busca poner más barreras para la llegada de inmigrantes al país. Así, en mayo de este año, el Ejecutivo publicó otro decreto, el 366/2025, en el que, al contrario de este, se endurecían los requisitos para conseguir la ciudanía. Entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Con este nuevo decreto, cualquier persona extranjera está en condiciones de iniciar el trámite, sin importar su tiempo de residencia en el país, siempre que demuestre haber realizado una inversión que para los criterios del Ministerio de Economía sea “significativa”.

A poco de asumir Milei, el Gobierno había amenazado con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas. La iniciativa fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades y ya había sido contemplada en la Ley Bases, pero fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

Los cambios en la politica migratoria había sido anunciados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en diciembre del año pasado. Entonces, Adorni habia dicho: “Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.

A principios de este año, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que había pedido a la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) que realice un relevamiento para saber cuántos extranjeros no residentes en el país reciben algún plan social en Argentina. El pedido se sumó a la decisión del gobierno salteño de cobrar a extranjeros la atención médica en hospitales públicos de la provincia.

“No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios”, había dicho entonces Sáenz sobre el pedido a la Anses.

Además, a lo largo de 2024, cuatro provincias (Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz) decidieron comenzar a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. En marzo de este año también se sumó la Ciudad de Buenos Aires.