El imperativo de centro y la decepción del establishment

Igual que el descenso en las emisiones de carbono que forzó la pandemia, la unidad nacional era un espejismo en el desierto y estaba destinada a evaporarse. El discurso de Alberto Fernández en el Congreso y el alegato de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del dólar futuro convencieron a los convencidos de que la sociedad de gobierno acelera hacia la confrontación en el año electoral. Coordinada o no, la estrategia muestra a un presidente que dejó de lado ese plus adicional que la oposición dura le negó de entrada y renuncia al propósito de sumar al centro para replegarse sobre la base electoral de su socia y gran electora. Los dos apuntaron a los tribunales federales y confesaron en arenga la impotencia del peronismo de gobierno para avanzar como quisiera en función de sus objetivos políticos y económicos.

La polarización es el reverso del empate tenso que impide tanto consolidar un proyecto político como sacar a la Argentina del vaivén estancamiento/caída libre que ya lleva casi una década. Pero el deterioro se profundizó hasta niveles desconocidos con el endeudamiento demencial de Mauricio Macri y los costos de la pandemia con cuarentena. Bajo el paraguas del Frente de Todos, el tercer kirchnerismo es el nombre de una rara decepción para los que nunca se ilusionaron, divide a los dudosos y busca contener a los propios con un esquema de emergencia al que no le sobra nada para repartir.

Se podrá llamar necedad o coherencia según quien juzgue, pero se observa a los dos lados del arco político. En un juego de debilidades cruzadas, pasan los gobiernos y también el establishment sigue tildado en la misma apuesta. A Mauricio Macri lo asediaban con reclamos para que alquile el apoyo del peronismo no kirchnerista en su cruzada frustrada por el reformismo permanente y hasta le adosaron a Miguel Angel Pichetto como vice detrás de esa fantasía. A Fernández le pidieron desde el minuto cero que serruche la rama que lo sostenía y discipline al cristinismo para adoptar sin culpas los axiomas de la ortodoxia.

A todas luces inviable, el imperativo de centro funciona como coartada, es siempre idéntico y busca conciliar un imposible: el apoyo político y social para un programa de ajuste envasado bajo la etiqueta de reformas estructurales. Se pide reducir el déficit fiscal con recortes profundos que, sin embargo, no deben afectar a los dueños de la Argentina. Al contrario, dicen, se trata de reducir los impuestos al capital privado y brindar una lista infinita de garantías para liberar la inversión y apostar a un derrame con sinónimo acorde a tiempos de consenso. Por qué no funcionó durante la epopeya del macrismo que en ese plano hizo todo lo que le demandaban y por qué lo único que floreció fue la especulación financiera queda pendiente de respuesta para cuando la oposición tenga la oportunidad de volver a gobernar. Después de la debacle de la pandemia, donde tocó el piso de 9,5% del PBI, la tasa de inversión ronda hoy según Morgan Stanley el 12%. Maci no alteró ese número de manera significativa.

Solo en determinados momentos, considerados excepcionales, ganan las empresas y los trabajadores. Fue lo que sucedió en el apogeo kirchnerista, cuando según decía la propia Cristina, los dueños la juntaban en pala y los asalariados lograron elevar su salario en dólares, un proceso que se revirtió en forma vertiginosa desde 2012 y hoy tiene a los sueldos en el quinto subsuelo. Aunque ese mundo quedó atrás, la utopía que nuclea a la distinguida familia del Círculo Rojo persiste y se propaga en forma de lamento cuando los Fernández intentan de manera errática ir en otra dirección: con críticas y denuncias, el establishment demanda que el peronismo asuma ese mandato y funcione como instrumento para remediar esa frustración que lleva dos décadas largas. Pasan los años en una rotonda sin salida.

Bajo la conducción cristinista, el peronismo se niega a ejecutar el programa de sus adversarios pero no logra tampoco llevar adelante el propio en un contexto donde no hay magia. Contradictorio y cambiante, Fernández es la resultante de ese tironeo entre grupos dirigentes que no tienen una salida para la Argentina y solo pueden ejercer su poder de veto mientras se les va la vida. Esa mezcla de voracidad y ansiedad que demuestran las elites, en especial un grupo reducido de dueños que lideran el poder económico, contrasta con la paciencia que se advierte en los sectores más perjudicados por la crisis y la caída del poder adquisitivo. 

Con unas cuantas derrotas acumuladas entre 2009 y 2019, aunque ahora con la enorme mayoría del peronismo unido, Cristina se perfila para ser, una vez más, la que ejerce la conducción política en el año electoral. La vicepresidenta descree de la doctrina de Martín Guzmán y supone, con los antecedentes a su favor, que un acuerdo con el Nuevo Fondo llevará al oficialismo a indigestarse con un ajuste adicional en medio de la campaña -algo que solo puede reducir aún más su poder político- y sugiere que lo mejor es postergar el entendimiento para después de las elecciones. Ya demasiada es la impotencia del presente, como lo dijo CFK en su alegato, cuando argumentó que el gobierno no puede aumentarle a los jubilados a causa de la deuda que incubó Macri en tiempo récord. Confiado en su relación constructiva con Kristalina Georgieva, el ministro de Economía relativiza el peso de la historia, la tradición de todas las generaciones muertas que oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Aunque vengan la querella criminal y el borrador de una autocrítica por haber financiado la aventura amarilla, los burócratas de Washington tienen tiempo de sobra y cuentan con lo que dicen algunos economistas que trabajaron para el peronismo y el macrismo: “El Fondo sabe que siempre le pagamos”. Mientras tanto, en Hacienda le prenden una vela a Joe Biden para que habilite en los próximos dos meses los Derechos Especiales de Giro que Trump vetó. Sería un bálsamo como el que, de manos de Dominique Strauss Khan, recibió Martin Redrado en 2009, cuando era presidente del Banco Central y todavía no se le cruzaba por la cabeza convertirse en perito en la causa dólar futuro que adiestraba el peronista federal Claudio Bonadio. La Presidenta olvidó este último detalle en su alegato. 

Que el pancristinismo no acata el imperativo de centro que impone el Círculo Rojo no quiere decir que venga una temporada de redención para sus votantes. Tal vez más tenue del que pretendía el Fondo, pero vendrá el descongelamiento gradual de tarifas en el una economía donde la inflación acelera. El fin del IFE y el ATP llegará acompañado por decisiones como el aumento en los alquileres y el fin de la prohibición de desalojos que anunció el gobierno en los últimos días. Salvo las partidas destinadas a la obra pública, no figura en la campaña ningún plan para crear empleo ni se ve cuál es el modelo para que los salarios le ganen al IPC. 

En el marco de un rebote de la recaudación que subió 51,9% en febrero y acumula seis meses de alza, el Instituto del Trabajo y la Economía de la Fundación Germán Abdala detectó en su informe de marzo un dato preocupante: el bajo crecimiento anual de los aportes y contribuciones a la seguridad social (24%, casi 30 puntos menos que el nivel general), “reflejo del deterioro del mercado de trabajo y la pérdida del salario en términos reales”.

Tomado como referencia por el Presidente para cuestionar un informe sobre inflación de Chequeado, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, también difundió en los últimos días un estudio con datos elocuentes: la economía acumula seis meses de alta inflación y los precios son hoy un 38,5% más altos que hace un año atrás. De continuar con la tendencia, la inflación interanual podría trepar hasta el 49%, un golpe letal sobre ingresos devastados. El trabajo destaca que el salario real en el sector privado tuvo una pérdida fenomenal entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 -cayó un 24%- y considera que es hora de recuperar el fuerte atraso salarial tras cinco años consecutivos de retrocesos. Para que los sueldos le ganen a la inflación, apunta, el gobierno debe contener tres factores: devaluación, tarifas y remarcación de precios. 

Todavía es temprano para saber cómo impactará ese cuadro en un electorado que la gran oposición ignora y el oficialismo contiene hasta hoy con poco y nada. Con fecha del 5 de marzo y en base a 1079 casos, un sondeo de la consultora Circuitos en la provincia de Buenos Aires ofrece algunos indicios. El 75% de los consultados considera que la situación económica del país es regular (30%), mala (23,2%) o muy mala (22,8%). Pese a eso, el 32,1% se siente representado por el kirchnerismo, el 9,2% por el peronismo no kirchnerista, un 12,2% por el radicalismo, un 10,2% por el PRO, un 3,2% por la izquierda y un 1,7% por los libertarios. El 29,9% dice no sentirse representado por nadie. Con un contraste muy marcado entre votantes del oficialismo y la oposición del conurbano y el interior bonaerense, el 32,6 % opina que el principal problema es el aumento de los precios, el 22,7% la corrupción, el 13,2% el desempleo, el 9,9% la situación sanitaria y el 8,3% la inseguridad. 

Esa realidad es la que obliga a la vicepresidenta a un esfuerzo formidable para demostrar que la batalla judicial no es un drama que aflige sólo a la clase política y tiene incidencia en la vida de mayorías que están tapadas de dificultades. En un ejercicio que roza a viejos conocidos suyos y toca a un sector del peronismo que fue parte activa del proceso, el Presidente cuestionó el vínculo de los tribunales federales con el periodismo y los servicios de inteligencia y los medios. Volvió a apuntar a la Corte Suprema y hasta se permitió castigar a una de sus históricas aliadas, Elena Highton de Nolasco, a la que aludió cuando habló de los que permanecen en sus cargos más allá del “tope de edad que la Constitución impone”. También provocó una réplica del fiscal del espionaje Carlos Stornelli, que decidió apelar a la tribuna de América, como durante el furor de la causa Cuadernos cuando el canal de Daniel Vila y José Luis Manzano hacía picos de lawfare. En el horario del prime time, el ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli no sólo deslizó una amenaza al Presidente, como denunció CFK. Además, se mostró sorprendido por la distancia del Fernández de hoy con el de ayer y hasta jugó la carta de su cercanía histórica con Marcela Losardo. “Tengo una relación social cordial con ella y con su marido”, dijo y aseguró que la ministra de Justicia lo llamó para solidarizarse después de que se conociera lo que la industria del entretenimiento denominó Operativo Puf. Losardo desmintió ese llamado pero no pudo negar que su marido, el escribano Fernando Mitjans, oficia desde hace años como aliado del macrismo en el negocio del fútbol. Inmortalizado en una escucha con Daniel Angelici en 2017, Mitjans llegó a la AFA gracias a Mauricio Macri hace un cuarto de siglo y hoy preside el Tribunal de Disciplina. Como Stornelli y otros notables de la familia de Comodoro Py, su poder se expandió gracias a los lazos aceitados en los palcos del mundo Boca. Enrolado en las huestes del excamarista Sergio Fernández -su vicepresidente en el Tribunal-, el marido de la socia del Presidente es un exponente incómodo y corre sus propios riesgos. Basta ver lo que acaba de sucederle al fiscal antikirchnerista Raúl Plee, que el jueves fue apuntado por CFK y el viernes fue eyectado de la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA por el ignífugo Claudio “Chiqui” Tapia. Segundo de Stornelli en la seguridad de Boca durante los éxitos xeneizes de Macri y leal a la jefatura de Angelici, Pleé estaba en el cargo desde hacía casi cuatro años. Tapia recién se dio cuenta el viernes de qué club era hincha. 

DG