No hay plata, pero sí hay pliegos: el Gobierno negocia las vacantes judiciales mientras ajusta a las provincias

“¿Qué querés que hagamos? Si dependemos de los ATN para llegar a fin de mes”, suspira un peronista de una provincia norteña que hace tiempo se alejó de la oposición dura para votar junto al Gobierno. La decisión administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial 24 horas antes de la marcha universitaria, significó un recorte de más de $320 mil millones para las provincias. Este ajuste, sumado a la caída de la coparticipación, tiene a las provincias al borde del colapso y a los gobernadores al borde de la rebelión. Una receta para el desastre que el Gobierno intenta amortiguar con la única prenda de negociación disponible que Luis Caputo no puede recortar: los pliegos judiciales. 

Para los gobernadores aliados, el problema no es tanto la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo o el vómito incendiario contra periodistas y empresarios de Javier Milei. Ni siquiera el escándalo patrimonial de Manuel Adorni. El problema es el plan económico de Luis Caputo y el agujero imposible que les está dejando en las cuentas públicas. 

La decisión administrativa que arrasó con $2,5 billones en prevención contra el cáncer, salario docente, infraestructura en escuelas y obra pública tuvo su correlato directo en las provincias. Solo en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones, de los cuales el 100% de los recursos estaban destinados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto significa un recorte de más del 50% sobre los ATN que, en muchas provincias, representan la única soga de salvación frente a la asfixia financiera. 

Como relata un senador peronista, los ATN son lo que garantiza que algunas provincias puedan pagar el aguinaldo a mitad de año o en diciembre. Especialmente en un contexto de recorte de las partidas nacionales, caída consecutiva de la recaudación –van nueve meses a la baja– y derrumbe de las transferencias automáticas por coparticipación. Según un informe de Politikon Chaco, en el primer trimestre de 2026 hubo una caída del 5,7% de la coparticipación nacional. Esto es $1,39 billones. 

Si los gobernadores no le terminan de soltar la mano a Javier Milei es porque la alternativa –es decir, un recorte mayor en los ATN– los dejaría al borde del colapso. Especialmente cuando se presta atención a las pocas provincias que percibieron ATN en 2026: Misiones, Mendoza, Corrientes, Catamarca, Chaco, Chubut, Neuquén, Salta, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Santa Cruz y Santa Fe. Todas provincias aliadas que, durante la última convocatoria opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados, se negaron a dar quórum.

El Gobierno ha logrado, con dificultad, sostener cierto control del Congreso. La parálisis legislativa oficialista generada por el caso Adorni tuvo, como contracara, el empantanamiento de la oposición, que pese a la debilidad del Gobierno no logró avanzar en una sesión propia. Los aliados no se animan, de momento, a declararle la guerra a Milei. 

Pero es cuestión de tiempo. Durante el primer trimestre del año, el Ejecutivo repartió $121 mil millones en materia de ATN a las provincias aliadas. Después del recorte de la semana pasada, le quedan solo $127.755 millones disponibles en el Presupuesto. Es decir que, si continúa distribuyendo los ATN a este ritmo, solo le quedan cuatro meses más de recursos.

Una fecha límite a la que se le suma otra fecha clave: el fin del Mundial y el comienzo oficial de la campaña presidencial. 

Mapa judicial

Mientras Diego Santilli hace malabares para sostener el apoyo de los gobernadores sin casi elementos en su caja de herramientas, hay un actor que empezó a ser clave en el vínculo con las provincias: Juan Bautista Mahiques. El ministro de Justicia está en pleno proceso de envío de pliegos para cubrir las más de 200 vacantes que hay en la Justicia y se muestra, junto a su segundo Santiago Viola, mucho más receptivo que sus antecesores a aceptar las propuestas de los gobernadores para cubrir juzgados locales. 

El Gobierno juega con un gran tablero. Más del 35% de los juzgados de la Argentina están vacantes y eso le permite jugar con un amplio abanico de recursos para negociar con senadores y gobernadores que están interesados en cubrir las vacantes de sus provincias. La primera tanda de pliegos que Mahiques envió respondió a las prioridades de Comodoro Py –entre los que se incluye el de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, cuyo pliego fue aprobado el jueves pasado en el Senado–, pero la segunda tanda fue un gesto a los gobernadores. 

En la última semana, el Poder Ejecutivo envió unos 60 pliegos judiciales para ser tratados durante el próximo mes. Algunos son compensaciones por favores prestados, como el caso del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar conseguida por la CGT para suspender la aplicación de la reforma laboral. Otros, en cambio, son guiños a los gobernadores y senadores del PRO y la UCR que venían reclamando, desde el año pasado, un avance sobre algunas vacantes judiciales. 

Es el caso de Florentino Malaponte, de familia radical, que fue propuesto para la Cámara Federal de Rosario. Se presentaron pliegos, además, para cubrir vacantes en Chubut, Catamarca, Misiones, Chaco y Corrientes. “Les dejamos servidos en bandeja 280 cargos judiciales. Fue la impericia del kirchnerismo”, se lamenta, irritada, una senadora del peronismo. 

El Gobierno ya le adelantó a sus aliados que jugará con todo el tablero y que, en los próximos dos meses, continuará enviando los pliegos faltantes. Mahiques quiere cubrir todas las vacantes y el compromiso de acá a septiembre es tratar solo esos lugares: la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación quedarán para después. Aunque Mahiques tiene a favor un gran antecedente: el pliego de su padre, que lo habilita a ser juez hasta los 80 años, fue aprobado con 58 votos a favor y solo 11 en contra, del kirchnerismo más duro. Más de dos tercios del Senado. 

Los mayores problemas que tiene por estas horas, en cambio, vienen de la propia interna. Y es que un sector del Gobierno se rehúsa a acompañar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. ¿El motivo? Su vínculo con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), con su presidente “Chiqui” Tapia y con su mano derecha, Pablo Toviggino. 

Algunos senadores aliados dejaron trascender su resistencia a acompañar los pliegos, pero la mayor presión no vino del Congreso, sino de Casa Rosada.

MCM/MC