Nueva polémica: el Gobierno firmó con Estados Unidos un acuerdo para vigilar el Atlántico Sur
El Gobierno firmó este lunes un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que busca fortalecer las tareas de vigilancia marítima en el Atlántico Sur y que ya generó fuertes críticas de sectores opositores, que hablan de una “entrega de soberanía”.
El anuncio fue realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Defensa norteamericano, que informó el lanzamiento del “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”, una iniciativa conjunta con la Armada Argentina que se extenderá durante los próximos cinco años.
Según el comunicado oficial difundido por las autoridades estadounidenses, el acuerdo comenzará con la entrega de una cámara especializada que será utilizada en una aeronave destinada al patrullaje marítimo argentino. El plan contempla además equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo operativo para “interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.
La carta de intención fue firmada por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de la Cuarta Flota y las Fuerzas Navales del Comando Sur, y por el almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina.
El entendimiento representa un nuevo gesto de alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei con la administración estadounidense. Desde el inicio de su mandato, el Presidente profundizó los vínculos políticos y militares con Washington. Apenas meses después de asumir viajó a Tierra del Fuego para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y posteriormente recibió a su sucesor, Alvin Holsey.
La relación también incluyó ejercicios militares conjuntos y visitas a instalaciones norteamericanas. A fines de abril, Milei recorrió el portaaviones USS Nimitz, desplegado frente a las costas de Mar del Plata en maniobras coordinadas entre ambas fuerzas navales.
Fuerte polémica y críticas
El acuerdo, sin embargo, abrió una fuerte polémica política. Uno de los primeros en cuestionarlo fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien sostuvo que “el Mar Argentino no es un bien común global” y reclamó que el Estado nacional ejerza “jurisdicción propia y custodie sus recursos” en el Atlántico Sur.
Las críticas también apuntan al riesgo de profundizar la presencia militar estadounidense en una zona considerada estratégica por sus recursos naturales, las rutas oceánicas y la proyección hacia la Antártida. Además, resurgen cuestionamientos sobre la intención expresada en varias oportunidades por Milei de avanzar con una base naval conjunta con Estados Unidos en Ushuaia.
El debate se da en paralelo a los reclamos históricos de las Fuerzas Armadas argentinas por el deterioro operativo y la falta de equipamiento. Durante el reciente acto por el Día de la Armada, Romay advirtió sobre la necesidad de recuperar capacidades navales y submarinas perdidas tras años de desinversión y remarcó la importancia estratégica del Atlántico Sur para el país.
Aunque desde el oficialismo defienden el acuerdo como una herramienta para fortalecer la seguridad marítima y combatir amenazas transnacionales, la oposición insiste en que el convenio profundiza la dependencia militar y diplomática respecto de Estados Unidos y debilita la soberanía argentina sobre el Mar Argentino.
CRM
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