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Análisis

Un país minado: Milei toca los cables sensibles de la sociedad y la calle responde

Una mujer en la protesta por los jubilados frente al Congreso, el miércoles pasado.

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Cuando la mayoría de los observadores de la realidad argentina destacaban la impotencia o la falta de respuestas de “la política” al avance del plan de ajuste salvaje que lleva adelante Javier Milei, la verdadera respuesta comenzó a crecer desde la sociedad. Más específicamente, desde las trabajadoras y los trabajadores organizados que responden a las consecuencias de la motosierra en el ajuste estatal, al intento de pisar los salarios (no sólo en el Estado, sino también en el sector privado) y a los despidos que provoca la crisis económica. 

El Gobierno cerró una semana marcada por una conflictividad social creciente. Al cada vez más extendido reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, se sumó el paro de prestadores de servicios de discapacidad y la impactante movilización de científicos del CONICET que rechazan el ajuste en el sector. El miércoles —como cada semana— tuvo lugar la 15° marcha de jubilados y jubiladas en lo que va de este 2025. El CELS registró que desde principios de año hubo un total de 129 detenidos y 406 heridos.

En los días y semanas previas se produjeron paros y manifestaciones de docentes de la provincia de Buenos Aires y Catamarca, una huelga histórica en la UOM Tierra del Fuego, movilizaciones de empleados de Vialidad Nacional o trabajadores marítimos. También hubo protestas de trabajadores ceramistas de Neuquén; una manifestación en Bahía Blanca, frente al puerto de Ingeniero White a dos meses de la inundación y hasta los puesteros de La Salada marcharon al Puente La Noria en Buenos Aires.

También los choferes de la UTA (con eje en la combativa Línea 60) coparon las calles del centro porteño en rechazo al acuerdo firmado por la dirección sindical (luego del paro de hace algunas semanas) y trabajadores de la alimentación se movilizaron contra el tope salarial que quieren imponer multinacionales como Arcor y Mondelez, en sintonía con el techo a las paritarias que viene fijando el Gobierno.

No es una muestra exhaustiva, aunque sí ilustrativa de una resistencia social a esta fase del ajuste. Milei se juega en esta pulseada tanto o más de lo que se disputa en las elecciones porque uno de los interrogantes centrales que se plantean los “grandes inversores”, el grueso del empresariado y el Fondo Monetario Internacional no es si es capaz de ganar elecciones (aprovechando el clima de una coyuntura, como fue en 2023), sino si tendrá la capacidad de domar a la Argentina contenciosa para asentar su proyecto sobre una nueva relación de fuerzas. 

Algunos de los conflictos muestran el campo minado de un país que se resiste a sucumbir ante el reseteo general que propone el proyecto libertariano y —como fue la universidad en su momento— son cables sensibles en los que el Gobierno está metiendo los dedos de manera tosca. 

Es el caso del emblemático Hospital Garrahan con el conflicto que iniciaron los residentes y que impactó sobre el resto de los profesionales y trabajadores del hospital.  Sus salarios rondan los $797.000 por más de 70 horas de trabajo semanales, o sea unos $2800 o $3000 la hora. Esto empuja a la necesidad de realizar muchas horas extras y al multiempleo, perjudicando la calidad de atención a los pacientes que, en este caso, son las niñeces. Cualquier persona de cualquier lugar del país conoce la calidad y el prestigio (no solo nacional, sino internacional) del hospital, ya sea de primera mano o por conocidos. También es sentible el caso de las personas con discapacidad y los profesionales que le brindan atención. Exigen que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que podría suceder el próximo 4 de junio. 

Si al patético espectáculo de los miércoles en el que son gaseados y golpeados los adultos mayores, se suma el vaciamiento del principal hospital que atiende a las niñeces y el ajuste sobre las personas con discapacidad, queda demasiado en evidencia el rostro brutal de un gobierno que había venido a ajustar a “la casta”.

La rebelión en Catamarca y la apatía electoral

Aunque alejada del país centralista, vale la pena destacar la rebelión educativa en Catamarca porque fue realmente significativa. El 16 de mayo, el gobernador Raúl Jalil (un peronista muy en sintonía con Milei) firmó el decreto 884 de “Régimen de Cobertura de Cargos de los Niveles de Educación Inicial, Primaria, Especial, Adultos y Secundaria”. La medida, sintéticamente, pretendía dar un paso más en el desguace educativo. Era un ataque a la fuente laboral, a la estabilidad y al estatuto, y también podía implicar cierres de cursos. 

El decreto provocó una reacción que se fue gestando desde abajo con el impulso de docentes autoconvocados. El sábado pasado más de 20 mil personas colmaron la plaza principal de la capital provincial. Fue tal la magnitud de la manifestación que, en el mismo momento en que se estaba desarrollando, el gobierno local anunció que daría marcha atrás con el decreto y conformaría una mesa con los gremios para redactar una nueva disposición. Fue una derrota con todas las letras de un peronista con peluca –Raúl Jalil– y un triunfo de la docencia que desmiente la tesis de que a Milei no hay quien lo frene.

Hasta ayer nomás, frente a los resultados de las seis elecciones adelantadas que tuvieron lugar en las provincias, los interrogantes que circulaban en la conversación pública eran en torno a qué expresaba el fuerte ausentismo y los magros resultados tanto del Gobierno nacional como de las oposiciones tradicionales. Desafección, desmoralización y desánimo, afirmaron algunos apresurados.

Seguramente, en una parte de la sociedad estos sean los sentimientos que dominan el estado de ánimo. Sin embargo, en otra franja social (no menos importante) como la que vemos protagonizando estos conflictos, la disposición es a luchar con métodos que no pueden reducirse al voto. Para entender esa complejidad de una sociedad como la argentina, con analizar la secuencia estrictamente política o parlamentaria no alcanza. Sin la dinámica del conflicto social, no se puede.

MC

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