A seis años del mayor escándalo de corrupción en América latina

Cómo Perú logró que Odebrecht se comprometa a pagar US$ 190 millones por los daños de la corrupción

Carrión asumió en 2017 la tarea de encabezar un equipo que buscara las reparaciones civiles de las empresas investigadas por hechos de corrupción en el marco del megacaso regional Lava Jato, originado en Brasil y extendido por el continente.

Silvana Carrión Ordinola lidera la Procuraduría encargada del caso Lava Jato en Perú desde 2017, un organismo que nuclea a los abogados del Estado (equivalente a la Procuración del Tesoro en Argentina). Su rol como procuradora ad hoc es calcular y negociar las reparaciones económicas que su país les exige a las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos de obra pública o privada. En una entrevista con el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* relató cómo Perú logró que Odebrecht una compensación económica por los daños que la corrupción le causó al Estado y explicó cómo fue el proceso que comenzó hace casi seis años. Un camino que no fue fácil y estuvo -está- plagado de obstáculos y que intenta alcanzar a otras empresas involucradas en el megacaso conocido como Lava Jato. 

En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América (incluyendo Brasil) y dos países de África. En ese contexto, la constructora brasileña ha admitido el pago de 29 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios peruanos para conseguir contratos de obra pública y privada (los PPP, en Argentina). Este jueves, el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* -que integra elDiarioAR en Argentina- reveló que la constructora brasileña dio un giro a la historia y demandó al menos a cuatro países latinoamericanos por más de US$1.600 millones mientras los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. 

Si bien, casi seis años más tarde, Perú sólo tiene una condena por el caso Lava Jato, Carrión y su equipo han logrado que Odebrecht se comprometiera al pago de 190 millones de dólares al Estado peruano como reparación civil por los daños provocados por sus actos de corrupción. ¿Cómo lo hicieron?

Ese monto incluye 152,5 millones de dólares en reparación económica más 37,5 millones de dólares por intereses, ya que el pago será desembolsado a lo largo de 15 años. En el marco de ese acuerdo, en los últimos tres años, Odebrecht ha pagado a Perú unos 33 millones de dólares. 

Cuando se le preguntó qué garantizó el éxito contra la impunidad en su país -aunque parcial y posteriormente intervenido-, Carrión resaltó la importancia de la especialización de los funcionarios, fiscales y jueces con dedicación exclusiva en este tipo de casos complejos, pero también, y especialmente, “la voluntad de las cabezas en las instituciones”. “El Estado peruano creó en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales a cargo de este caso Lava Jato y a su par, el Poder Ejecutivo, creó la Procuraduría Ad Hoc. Hubo incluso jueces que solamente estaban dedicados a atender estos casos del Lava Jato, pero ese sistema se desintegró, lo cual ha retrasado el avance judicial de los casos”, aseguró Carrión.

¿En qué influyó la especialización de fiscales, funcionarios y jueces?

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas de cómo se han comportado en muchos de los proyectos desde el brazo político, cómo fue la captación de las esferas de alto poder en la parte política, los funcionarios públicos a cargo de estos proyectos. Hemos visto el diseño legal como parte de este patrón criminal y detectar a los funcionarios públicos que estaban a cargo de las licitaciones y estaban comprometidos en este esquema de corrupción. 

Calcular el daño

Ese esquema de corrupción no sólo incluyó a los expresidente del Perú acusados en el caso sino que se extendió como una mancha venenosa desde la cabeza hasta la raíz. “Sobre todo Odebrecht, ha llegado a tener comprometidos o vinculados a los árbitros en los arbitrajes de controversias contractuales con el Estado: si no lo conseguían mediante la ejecución de contrato, lo conseguían vía laudos arbitrales pero con árbitros obviamente comprados”, explicó Carrión. 

¿Cómo se calcula la reparación civil de una empresa que ha sobornado durante años a agentes del Estado para obtener contratos? 

Nosotros como Procuraduría hacemos un rastreo temprano de bienes. Los empresarios o la gente vinculada a la esfera de alto poder  tratan siempre de esconder esos bienes para que cuando lleguen los juicios y las sentencias, finalmente no tengan nada a su nombre. Entonces, desde que comienza una investigación penal, a nivel preliminar, lo que hacemos es un rastreo de bienes de todas las personas que están siendo investigadas, de cara a pedir las medidas que correspondan. En un primer momento nosotros no podemos ir directamente al juez a pedir estas medidas, porque la norma procesal indica que hay un momento posterior, que se llama investigación preparatoria, en la que nosotros podemos acudir ante el juez. Pero en la etapa preliminar, que es donde los investigados intentan transferir sus bienes, tratamos de asegurar los bienes a través de la Fiscalía (que lleva adelante la investigación penal). Le hacemos estos pedidos a la Fiscalía porque sí tiene competencia para pedirle directamente al juez. 

Perú no tenía un escenario favorable para avanzar hacia la reparación civil, pero ideó y promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías también se acojan a la colaboración eficaz (no sólo las personas humanas, como antes) y aporten información como “arrepentidas”. 

¿Cómo sigue el proceso después de asegurarse los bienes?

El acuerdo con Odebrecht comenzó cuando no había marco legal para tener una colaboración eficaz empresarial. La Fiscalía hizo acuerdos preparatorios con la empresa, respecto a qué información iba a entregar; es decir, sobre qué proyectos (contratos) iba a entregar información la empresa, y luego se fue desarrollando la entrega de información. Luego, en el 2018, en marzo, se promulgó la ley 30.737, que crea el marco legal para la colaboración eficaz internacional y ya se adecua ese proceso de colaboración de Odebrecht a este marco legal y se siguen los casos que establece la norma. El juez que interviene en el caso penal tiene que analizar si todos los acuerdos a los que han arribado el colaborador con la Fiscalía y con la Procuraduría han cumplido o han seguido lo que dice la norma y ejecutar la sentencia. Las empresas tienen que pedir permiso si quieren vender efectivos, si quieren transferir dinero al exterior. Es una ley que combina ambas cosas: asegurarle a la empresa la cadena de pagos y la parte económica, que era lo que le interesaba también en ese momento al país, pero sin dejar desprovista de una eventual reparación civil. 

¿Qué información entregó Odebrecht?

Para que exista la reparación civil, se tiene que acreditar el daño. La manera de cuantificarlo es a través de fórmulas matemáticas que establece la ley. La empresa entregó información completa sobre cuatro proyectos (contratos), que fueron los primeros con los que se acogió a la colaboración. Entonces la Fiscalía corroboró estos cuatro proyectos, en los que estaban reconociendo hechos ilícitos. El acuerdo se cerró por estos cuatro proyectos y sobre esos contratos la Procuraduría fijó una reparación civil de casi 760 millones de soles (equivalente a casi 190 millones de dólares). Para cerrar el acuerdo, Odebrecht está en un fideicomiso que establece la norma, que es de retención de flujos. Entonces, lo que se diseñó con la empresa es que para que paguen esa reparación civil, mientras estuvieran en el fideicomiso legal se iba a cobrar la reparación de esa retención de flujos legales. Pero una vez que salieran de la ley, por efectos de la colaboración, se diseñó con la empresa un fideicomiso contractual con la Procuraduría, en la cual iba a capturar no solamente los flujos de los contratos públicos, sino también los privados, así como dividendos y otros conceptos que no incluía la ley. De alguna manera ampliamos la base de retención de flujos en ese fideicomiso consensuado con Odebrecht. El acuerdo con Odebrecht se aprobó en junio de 2019. Han pasado tres años y la empresa viene pagando casi 132 millones de soles (unos 33 millones de dólares). Viene cumpliendo con el cronograma de pago establecido. 

¿Odebrecht recurrió a tribunales para evitar pagar la reparación?

En el marco del acuerdo de colaboración que tienen con nosotros no ha habido ningún proceso en el cual ellos hayan pretendido no pagar la reparación civil. El acuerdo se viene cumpliendo desde que se firmó. Quizá (acudió a tribunales) respecto a otros proyectos que no forman parte de este acuerdo, porque este acuerdo es por cuatro proyectos. Quizá de otros proyectos ellos sí están reclamando en otras vías arbitrales, pero no forman parte de este acuerdo de colaboración. 

Qué hacer con el dinero

¿Qué hacen con el dinero de la reparación? ¿Cuál es el destino de los bienes?

El dinero de la reparación civil, según señala la ley va a las cuentas de la Procuraduría General, para el fortalecimiento del sistema. Eso es lo que dice la norma, pero ahora con el tema de la pandemia y todas las restricciones presupuestales que hay, han salido normas especiales de emergencia que indican que este dinero probablemente se vaya al Tesoro público, para la repartición de otros temas. Son cuestiones excepcionales. Dependemos del Ministro de Justicia y lo que está sucediendo ahora es que se le recortó el presupuesto y los fondos recaudados con la reparación civil no nos los pueden dar a nosotros. Ahorita estamos en riesgo de que nos recorten personal, está en riesgo la operatividad de la Procuraduría. a partir de 2023 todo el dinero como el del tema de la reparación civil que son recursos directamente recaudados va a pasar al Tesoro Público. Yo entiendo que debe ser por toda la situación económica y política que estamos pasando.

¿Han tenido colaboraciones internacionales? ¿Con qué países?

La cooperación internacional principalmente se ha dado con Brasil, porque ahí están los servidores de Odebrecht  y es la Fiscalía de Brasil la que ha ido facilitando también la entrega de esta información. También hemos tenido cooperación con Israel, con Uruguay. Básicamente con ellos. No con México. Ha habido algún pedido con México, pero es muy puntual, no es recurrente en todo caso. En el caso de (el expresidente Alejandro) Toledo, hemos conseguido en base a los instrumentos de Naciones Unidas que Estados Unidos nos repatrie alrededor de 800 mil dólares encontrados en las cuentas de Alejandro Toledo en Estados Unidos. En la cooperación internacional ha sido bastante útil para poder conseguir la información y evidencia de otros países entablar canales no formales de comunicación. Han funcionado muy bien. 

Para algunos países ha sido difícil lograr la cooperación de Brasil y Estados Unidos. ¿Cuál fue su experiencia?

No teníamos conocimiento previo de las autoridades de otros países. La relación se construía a partir de este caso. Influye mucho quiénes están a la cabeza de estas organizaciones, de estas instituciones, para poder lograr también ese acercamiento, y la voluntad de que exista esa cooperación por parte de la institución. La Fiscalía Lava Jato en Perú, que está a cargo del doctor Rafael Vela, construyó un acercamiento importante con el fiscal Orlando Martelo, que era el fiscal de Brasil a cargo de estos casos y de la cooperación internacional. Su relación con el doctor Martelo se fue construyendo a partir de intereses comunes y problemas comunes porque los problemas que nosotros hemos tenido acá con la empresa Odebrecht como empresa colaboradora ellos también ya lo habían vivido allá. Cada vez que había necesidad de recibir la declaración a los brasileños se coordinaba primero con Martelo y Martelo decía en qué fechas podrían asignarse a las audiencias y luego se hacía el pedido formal. Incluso yo he logrado entrevistarme con los fiscales (de Brasil), ellos nos explicaban cómo lo habían abordado y nosotros aprendimos, a pesar de que nosotros tenemos un marco legal distinto al que tiene Brasil. Tuvimos que combinar cosas para poder aplicarlo también en nuestro país.

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas.

El frente penal y las otras empresas

¿Cuál es la situación de las investigaciones penales sobre presunta corrupción en la obra pública?

Tenemos dos casos en juicio oral y estamos entrando a más procesos administrativos. Tenemos a 24 sentenciados (una persona jurídica o empresa, 11 funcionarios públicos y 12 personas del sector privado); y 840 personas investigadas, de las cuales más del 50% son funcionarios o servidores públicos. El 28% son ejecutivos y trabajadores de empresas y otro 16% son particulares. Los contratos investigados son por más de 12.800 millones de dólares -aunque el Estado peruano no ha desembolsado todo- y las investigaciones no sólo alcanzan a funcionarios del Ejecutivo nacional sino también de la ciudad de Lima y otros nueve gobiernos regionales. Tenemos 160 procesos ahorita a cargo de la Procuraduría por el Lava Jato (contra personas y compañías) y 28 son de colaboración eficaz, algunos en trámite y otros ya firmados.

¿Cuál ha sido la actitud o la reacción a la colaboración que han tenido las otras empresas del caso Lava Jato?

Las empresas que se someten al proceso de colaboración eficaz están obligadas a entregar toda la información sobre los temas que ellos dicen que están sometiendo a colaboración. Entonces claro, ellos entregan una información sobre determinados proyectos y nosotros preguntamos. La regla de la colaboración es que el colaborador esté de manera voluntaria reconociendo ilícitos de manera total o parcial, o sea que ellos pueden reconocer parcialmente algunos delitos o hechos y otros no. Las compañías nacionales, donde la prueba de los ilícitos está, han tratado de entregar la mayor parte de la información porque quieren solucionar su problema en materia civil. Otras empresas que no se han sometido a colaboración deciden litigar de manera intensa, muy agresiva, y nosotros litigamos y procedemos a los embargos. Otras empresas se han acercado solamente a nosotros y nos han dicho que están siendo investigadas y que si bien niegan los cargos penales quieren arreglar el tema patrimonial con el Estado, llegar a un acuerdo extrajudicial de reparación civil porque, por ejemplo, una de ellas es consciente que participó en un consorcio donde su socia ya reconoció responsabilidad, entonces de manera objetiva va a ser alcanzada por la responsabilidad civil, como establecen las normas civiles.

¿Cuáles son las empresas brasileñas que litigan intensamente en Perú?

Camargo Correa, Andrade  y Queiroz Galvao, y otra que se transfirió a Lambra (operadora del proyecto Línea Amarilla, luego vendida a la francesa Vinci). La Fiscalía está pidiendo o ha requerido la cooperación de Brasil, pero no ha funcionado muy bien a partir de que se deshizo la Fuerza de Tareas -el equipo de fiscales dedicados al Lava Jato-. Entiendo que todavía no han recibido la información sobre lo que habría declarado Camargo Correa en Brasil y si habló de otros países.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

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