Tras el rechazo a las recusaciones, continúa el alegato de la fiscalía en el juicio contra Cristina Kirchner
El juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en el que la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner, se reanudó por la mañana con la séptima jornada de alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La presentación la encabeza el fiscal Luciani, quien aseguró tener pruebas de que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner beneficiaron al empresario Lázaro Báez en el otorgamiento de licitaciones para obras.
La principal acusada, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a estar ausente en la audiencia, que se realiza mediante la plataforma virtual Zoom.
La defensa de la vicepresidenta recusó al fiscal la semana pasada, junto al también fiscal en el proceso oral Sergio Mola y al juez Jorge Gorini, a los primeros por cercanía con la gestión del expresidente Mauricio Macri y al último por haber visitado la Casa Rosada entre 2015 y 2019. El viernes pasado a última hora, el tribunal rechazó los pedidos de recusación y dispuso que se continúe el proceso.
Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (estos dos últimos, recusados) decidieron rechazar los pedidos de apartamientos que los involucraban a ellos mismos y también a los fiscales. Esta decisión estará ahora “en consulta” en la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá ratificar el rechazo o podrá, en su defecto, modificar la decisión respecto de algunas o todas las recusaciones.
Sin embargo, esto no impedirá la continuación del proceso, que entró en la recta final de la etapa acusatoria. Los fiscales retomaron la descripción de los hechos que, según anticiparon, derivarán en pedidos de penas severas para los 13 acusados.
Los fiscales apuntaron a la falta de controles por una supuesta decisión política como el factor principal para que las empresas de Lázaro Báez se quedaran con la mayoría de los contratos y pudieran incumplirlos, sin despertar sospecha. Además, refutaron el argumento de la defensa sobre que una auditoría indicó que no había irregularidades ni graves incumplimientos en las obras investigadas.
Luciani respondió a los argumentos defensistas sobre que todas las obras públicas cuestionadas habían recibido aprobación por parte del Congreso, argumentando que eso fue un “mero formalismo”, ya que los informes se aprobaron cinco años después de los ejercicios y que en el Congreso no tuvieron la profundidad de análisis que ameritaban.
Mola se quejó de la falta de controles por parte de los organismos correspondientes, entre ellos la Auditoría General de la Nación, la cual estuvo a cargo del radical Leonardo Despouy y de la Sindicatura General de la Nación, cuya cabeza por ley le corresponde a la oposición. Además, reinterpretó el informe de auditoría ordenado por Javier Iguacel de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que concluyó que estas irregularidades eran menores.
Lázaro Báez representaba los intereses de Néstor y Cristina Kirchner
El rol querellante lo tenía la Unidad de Información Financiera (UIF), pero previo a la feria judicial de invierno anunció que no formularía acusaciones y dejó esa tarea reservada sólo a la fiscalía. A los fiscales Luciani y Mola les quedan la de hoy y otras dos jornadas de audiencias que, por el feriado del lunes, se extenderá hasta el lunes de la próxima semana, para luego darle lugar a los alegatos de las defensas.
En esa instancia, cada defensa dispondrá de tres jornadas para alegar, pero varios abogados habían adelantado antes de los alegatos de la fiscalía que planeaban utilizar menos tiempo que el concedido. A raíz del tenor de las acusaciones, la incógnita ahora es si utilizarán todo el tiempo disponible para refutarlas.
En cuanto a las recusaciones, después de la intervención de la Cámara de Casación quedará pendiente la decisión de la Corte Suprema. Como los recusantes invocaron la presunta violación de la garantía constitucional de ser juzgados por un juez imparcial con la intervención de un fiscal “objetivo”, el tema amerita la intervención del máximo tribunal.
LC
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