El Gobierno avanza en un acuerdo con la ONU para importar misoprostol a $400

La posibilidad de que la interrupción voluntaria del embarazo se convierta en ley pone sobre la mesa la pregunta sobre cómo resolverá el Estado la mayor demanda de misoprostol, el medicamento recomendado para realizar de manera segura y ambulatoria el procedimiento, de producción muy limitada en el país. El Gobierno tiene la alternativa de continuar comprándole al único proveedor disponible, de fomentar la incipiente vía de la producción pública o de avanzar en un acuerdo con una agencia de las Naciones Unidas que le daría la llave para importar tratamientos por $400 y reducir drásticamente el precio que hoy paga por las pastillas. 

“El costo del misoprostol para el Estado es de $2.800. Va a ser reducido porque tenemos una oferta del Fondo de Población para comprarlo por $400”, anticipó el ministro de Salud, Ginés González García, durante su exposición en la primera reunión informativa sobre el proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) es una agencia del sistema de las Naciones Unidas que se enfoca en garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Mariana Isasi, oficial de enlace de Unfpa en la Argentina, explicó a elDiarioAR que el organismo no vende ni fabrica los insumos, sino que intermedia el vínculo del país con un proveedor al que el organismo ya le ha garantizado un volumen de venta mundial y por eso puede ofrecer un precio notablemente más bajo que el de mercado. 

Las grandes cantidades negociadas permiten obtener el pack de cuatro pastillas de misoprostol a US$1, lo que lleva el tratamiento completo de 12 unidades a un precio de US$3. Sobre esto se suman los costos de traslado y aduana, que varían según el tamaño del pedido y el origen. El precio en pesos está atado a la evolución del dólar, pero Isasi calculó que actualmente ronda los $400 por tratamiento e incluso un poco menos. 

El Ministerio de Salud ya tiene un antecedente en este programa. Este año la Unfpa medió la primera compra en los 15 años que lleva en la Argentina e incorporó al país en la lista de las 133 naciones que acceden por su intermedio a un catálogo de 500 insumos esenciales. Fueron 16.000 tratamientos de misoprostol comprados en julio a un laboratorio de origen indio a US$2,67 cada uno. Al tipo de cambio de ese momento, poco más de $200 por tratamiento. 

“El mecanismo ya está probado, ya lo hicimos. El Ministerio nos debería decir qué cantidad necesita, eso se cotiza y se realiza. Es un proceso bastante simple y rápido, aunque después hay que esperar que lleguen los insumos”, dijo Isasi. Según calculó, en tres meses, podría estar finalizado el proceso y entregados los productos, que podrían ser provistos por el mismo fabricante indio u otro distinto. Los proveedores precalificados son seis, con base en India, China, Hong Kong, Países Bajos y Dinamarca. 

Hasta el momento el único proveedor de misoprostol del Ministerio de Salud es Laboratorio Dominguez, que produce Misop 200 en su planta del barrio porteño Parque Patricios. Si bien Laboratorios Beta también fabrica un medicamento con misoprostol que se vende en farmacias (Oxaprost) y se utiliza de hecho para la interrupción del embarazo, se trata de un compuesto que además contiene diclofenac y está indicado para patologías gástricas.

En diciembre de 2019 la gestión entrante del presidente Alberto Fernández actualizó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), lo que generó un aumento de demanda en el acceso a un aborto por causales legales, y en junio de 2020 le compró a Domínguez 16.000 tratamientos de misoprostol en una “compulsa abreviada por urgencia”, por los que pagó un precio unitario de $2.750,04.  

La última compra registrada en el portal de compras públicas COMPR.AR es de abril de 2020, momento en que mediante una contratación directa con “adjudicación simple por exclusividad” se sumaron 1.000 tratamientos a $2.814,84. Para 2021 el Ministerio de Salud de la Nación tiene previsto comprar el doble de misoprostol que este año, es decir, alrededor de 66.000 tratamientos. 

La alternativa de la producción pública 

En 2018, el mismo año en que se debatió la legalización del aborto en el Congreso, se sumó como pionero en fabricación estatal de misoprostol el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF), de la provincia de Santa Fe. El insumo todavía no tiene terminado el trámite de “tránsito federal” de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que le permitiría ser vendido en todo el país y lo posicionaría como una alternativa de producción pública. Según estimaciones del Gobierno, la gestión podría estar resuelta a principios de 2021, lo que lo habilitaría a sumarse como proveedor. 

Aun así, este año LIF pudo hacer un acuerdo particular con la provincia de Buenos Aires, que se convirtió en la segunda en abastecerse con misoprostol de producción pública. Durante 2020 la provincia que conduce Axel Kicillof hizo dos compras al laboratorio santafesino que sumaron 16.007 tratamientos y tienen un trámite de ampliación en proceso por 9.340 más. En total, serán 25.347 tratamientos comprados este año, que la provincia estima que alcanzarán para atender las necesidades hasta abril de 2021. 

El costo de los comprimidos, promediando ambas compras, fue de $204 y, dado que cada tratamiento requiere 12 comprimidos, lo que se pagó por cada tratamiento completo fue $2.448. “La inversión total fue de más de $64 millones y el ahorro conforme a los valores de mercado a la fecha del inicio de cada proceso, $68,7 millones”, aseguraron fuentes del Ministerio de Salud provincial, que planea iniciar una nueva compra en febrero, tal vez mayor a las hechas hasta ahora.

El misoprostol es considerado un “medicamento esencial” por la Organización Mundial de la Salud y el método recomendado para la interrupción de embarazos tempranos. Si todos los abortos se realizaran de esta manera, no solo implicaría una reducción drástica del riesgo para las personas gestantes, sino que también implicaría un enorme ahorro para el Estado.  

Según los datos presentados por el ministro González García en el Congreso, el sistema de salud público destina $51.902 millones anuales para tratar las consecuencias de abortos inseguros, tomando como base un escenario en el que se realizan 457.533 abortos al año. Si se realizaran todos esos procedimientos con misoprostol, el gasto se reduciría a $5.907 millones: casi $46.000 millones de ahorro. 

“Aquí se ve lo que [la clandestinidad] cuesta no sólo en vida, en infecciones, en traumas, en injusticia, sino lo que cuesta en dinero. Es diez veces más el costo simplemente hospitalario de la post internación que el costo previo de utilizar tecnología moderna e innovativa”, sostuvo González García.

DT SL