Del grito colectivo por los femicidios al silenciamiento y el negacionismo: 10 años de Ni Una Menos

Una década después de la primera manifestación masiva bajo la consigna “Ni Una Menos” se repite una situación inesperada: los feminismos están teniendo que explicar los conceptos más básicos y elementales como si fueran nuevos.

Así fue en 2015. Había ya una larga tradición activista en torno a los derechos de las mujeres. Ni Una Menos apareció como una novedad y se organizó primero en torno a lo más extremo: el femicidio. Fue una reacción visceral, pero resultó estratégica para sacar la problemática de la esfera de lo íntimo, lo “pasional”, lo doméstico. Que las coincidencias en las muertes no eran casualidad sino violencia machista fue un piso mínimo de acuerdo que movilizó multitudes y generó un consenso desde el cual reclamar al Estado por su responsabilidad.

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Marcela Ojeda, una de las periodistas convocantes a la primera marcha, reflexiona: “Una década después, acá estamos, acá estoy, abrazada de manera irrenunciable a aquellos reclamos a los que le pusimos voz; ahora con el agravante de esta pretensión desde el poder político de turno de querer instalar que las asimetrías no son tales, que los crímenes por razones de género no existen, que el fin de este flagelo estructural se resuelve con políticas de seguridad”. Y concluye: “Pretenden borrar la historia, la más reciente pero también la que ha colocado a nuestro país a la vanguardia con políticas que se han replicado en otros estados, y eso, mal que les pese, es un logro colectivo”.

Uno de los reclamos iniciales fue por un registro de femicidios que se creó en 2016, existe todavía y depende de la Corte Suprema de Justicia. En estos días publicará la cifra, pero los observatorios feministas permiten adelantar que serán más de 2.700 femicidios en esta década. Una cifra lacerante.

Hace diez años Ni Una Menos reclamaba que no contaban a las muertas. Hoy parece que las muertas no cuentan.

Marcha y contramarcha

“En estos 10 años celebramos conquistas históricas como la ley de paridad de género, el derecho al aborto, la Ley Micaela, el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, la ley de los Mil Días, y el reconocimiento de nuevas formas de violencia, como la digital y la violencia política. Pero desde que asumió el gobierno de Javier Milei, enfrentamos un escenario alarmante ante el cierre de programas fundamentales y el desmantelamiento de la política pública”, asegura Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, su directora Natalia Gherardi asegura: “No hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda”.

El desmantelamiento de los espacios de asistencia es una política de Estado. Hasta la línea 144 de atención a víctimas de violencia ha sufrido un recorte de personal. La decisión política de ampliar su injerencia a todos los tipos de violencia pierde de vista la especificidad del fenómeno para el que las operadoras habían sido formadas.

Es probable que el poder Ejecutivo prepare algún anuncio irritante para el aniversario. Lo han hecho en otras fechas significativas. El antagonismo con los reclamos feministas es parte de la identidad del oficialismo. En mayo el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona salió a celebrar el cierre de 13 programas de Género a los que acusó de “ideologizados”. No era una novedad: la mayoría de ellos estaban desfinanciados desde las primeras semanas de asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Incluso el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y que había dado resultados efectivos: una reducción significativa del embarazo no deseado en las mujeres más jóvenes. A la luz del discurso natalista imperante quizás sea necesario aclarar que esa caída en particular era una buena noticia.

“Negar la violencia machista no la hace desaparecer, la profundiza. Recortar no ahorra recursos: cuesta vidas. Frente al retroceso, respondemos como siempre: colectivamente. Porque los derechos de las mujeres y diversidades no son ni pueden ser una variable de ajuste”, insiste Galkin.

El Estado es responsable

Para la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Ni Una Menos marcó una transformación institucional profunda. De hecho, la creación de esta Unidad se concretó en junio de 2015 con referencia a la movilización en la resolución que marcó su nacimiento: “Había ya un diagnóstico del problema en la Justicia. En este tiempo se creó un protocolo de femicidios, uno de violencia sexual y una guía de violencia doméstica para unificar el criterio y la perspectiva de género en la intervención”. Son herramientas pensadas para trabajar en los aspectos deficitarios de la atención judicial en los casos de violencia de género. Los discursos negacionistas son bien recibidos en los espacios que se resistieron a incorporar estas perspectivas.

En tiempos de aclarar obviedades, los poderes del Estado son tres y son independientes. Desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, su responsable María Emilia Sesín remarca: “Tenemos la ventaja de pertenecer al ámbito judicial. Desde ahí hacemos un trabajo muy artesanal de articulación con los organismos que van quedando, hacemos censos de recursos para saber qué está vigente”. Durante 2024 17.120 personas recurrieron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. El 73% fueron mujeres. “Lo que vemos en la OVD no es un afán persecutorio sino la voluntad de las mujeres de poder continuar una vida normal, libre de violencia”, puntualiza Sesín.

Frente al negacionismo actual, Labozzetta advierte: “Es un mensaje peligroso viniendo desde un poder del Estado, en términos de retroceso. No es un mensaje inocuo porque es un poder del Estado desoyendo compromisos ante la comunidad internacional”.

Desde 2015 la consigna “Ni Una Menos” se ha replicado en cada rincón del país y en gran parte del mundo. La Asamblea desde la que se organiza hoy decidió que este año la convocatoria en CABA se mueva un día para plegarse el miércoles 4 al reclamo de los jubilados y jubiladas frente al Congreso, mientras que las manifestaciones serán este martes en el resto del país. Los tiempos son otros. El reclamo es el mismo.

MA/DTC