Procesan al juez federal Walter Bento en Mendoza, acusado de liderar una banda que cobraba coimas a narcos

La noticia detonó en Mendoza apenas después del cierre de listas para las próximas elecciones. Walter Bento, el juez federal con competencia electoral y de fuertes relaciones en todo el arco político, fue procesado hoy en una investigación en la que se le imputa ser el jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcos para mejorar su situación judicial y que también lavaba dinero. El magistrado que lo investiga, pidió además un embargo millonario contra Bento y su prisión preventiva, que no se ejecutará porque sus fueros lo impiden. 

Esta decisión -de un enorme impacto político en la provincia- fue tomada por el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, antes de que se le venciera el plazo para determinar la situación procesal de Bento, en función del pedido y las pruebas del fiscal Dante Vega. En una causa en la que también quedaron procesados abogados, policías y narcos, el Puigdéngolas decidió imponerle un embargo de 177 millones de pesos a Bento y unos 150 millones a su mujer, Marta Boiza. Durante la investigación se había dictado la inhibición de los bienes de Bento, con lo cual existe la posibilidad de que, ante un revés judicial, los bienes de la pareja sean decomisados. La decisión de dictarle la prisión preventiva al juez está vinculada con la posibilidad que tiene -por ser una figura tan influyente- de entorpecer la investigación, de todos modos es una medida que no podrá concretarse en lo inmediato.

Bento declaró varias veces y en audiencias muy extensas. Desde el comienzo negó todos los hechos y apuntó al fiscal Vega. “No conozco a la mayoría de las personas imputadas, me agravié de la detención de abogados del fuero de los cuales el fiscal solo busca conseguir arrepentidos falsos. Recalqué que soy ajeno completamente a actos de terceras personas, que no tuve conocimiento e intervención en hechos de pedido de dinero de otros”, señaló y agregó que  justificaría su patrimonio y la enorme cantidad de viajes que hizo en estos años. 

La investigación contra Bento comenzó a partir de un peritaje al teléfono del narco Walter Bardinella Donoso, en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento. Las sospechas del fiscal es que, con la venia del juez, un grupo de abogados les ofrecía acuerdos por sumas -que en un caso llegan a 800.000 dólares- para que a los narcos detenidos les mejore su situación procesal, dictando faltas de mérito, excarcelaciones o morigerando sus penas con otras figuras. 

A pesar de la investigación en su contra, Bento siguió en funciones en el Juzgado Federal N°1 y está de turno durante la feria judicial. Esta noticia impacta directamente sobre el Consejo de la Magistratura provincial que deberá resolver qué es lo que hace con él. 

En la causa hay una decena de hechos que le imputan a Bento. Dentro de la organización estaba un ex despachante de Aduana, llamado Diego Aliaga, que fue secuestrado y asesinado el año pasado. En un giro curioso en el caso, el acusado por el crimen de Aliaga se presentó en la causa y desmintió una versión de la defensa de Bento que lo implicaba y que buscaba despegar al juez. Entre los procesados, acusados de integrar la asociación ilícita están los abogados Martín Ríos, Luciano Ortego, Alejandro Aramayo y el comisario José Mochetti.

AM