Anticipo de “La disputa por los ingresos y la riqueza”, de Claudio Lozano

El libro La disputa por los Ingresos y la Riqueza busca repensar el rol de la política de ingresos en la relación capital-trabajo del siglo XXI asumiendo las problemáticas principales que atraviesa el mercado laboral respecto a la ausencia de un piso salarial efectivo, la reproducción de la pobreza a pesar de los planes sociales y la limitación distributiva de las instituciones laborales en el marco de una nueva configuración social.

El punto de partida consiste en asumir que la relación de trabajo típica del modelo industrial de la Argentina previa a la dictadura cívico militar ya no es la realidad dominante con lo cual el andamiaje de instituciones laborales que garantizaban la distribución del ingreso y del progreso económico en esa época, actualmente son insuficientes. Por otra parte, las condiciones bajo las cuales se produce y se genera valor en la economía local como en la mundial han cambiado, razón por la cual vuelven improbables las propuestas basadas en la reposición de una sociedad plenamente salarial y formalizada sobre la base exclusiva del crecimiento de la economía. La reorganización capitalista basada en la producción de servicios fuertemente apuntalada por las nuevas tecnologías junto con el crecimiento de las finanzas en las economías, especialmente la doméstica, dan cuenta de que los mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo se han complejizado.

Entonces, si se trabaja pero de formas variadas a la clásica, la pregunta que guía el contenido del libro es ¿qué instituciones permiten el reconocimiento de esos trabajos para evitar que sólo se traduzca en renta para unos pocos propietarios de activos tecnológicos, financieros o de otro tipo? Al mismo tiempo ¿cómo repensar los planes de empleo en función de una estrategia integral de recomposición de derechos? En el texto se arriesgan posibles respuestas y una propuesta concreta, valorizada en términos de costo fiscal con sugerencias de financiamiento traducidos en un proyecto de ley.

La reedición de condiciones de crisis del momento actual resulta una gran oportunidad para debatir la desigualdad estructural que se encuentra en el origen de las crisis recurrentes a lo largo de la historia argentina. Hace 50 años que en nuestro país se despliega una estrategia de desigualdad a cargo de las clases dominantes que tuvo como momento fundacional la última dictadura cívico militar cuyo principal objetivo radicó en modificar drásticamente el funcionamiento económico. El endeudamiento del Estado a gran escala fue el ariete para iniciar un cambio en el patrón de acumulación de capital, en donde la valorización financiera se constituyó como el eje ordenador de las relaciones económicas. Los intentos de interrupción de esta tendencia que se dieron durante el gobierno de Alfonsín y los kirchneristas no pudieron evitar que nuevamente estemos condicionado en la actualidad por el peso de una nueva deuda y el regreso del FMI en la gerencia de la política económica. El consenso neoliberal que asume como única salida el ajuste conduce a profundizar la concentración de la riqueza que queda expuesta en el hecho de que, al año 2021, el 1% más rico de nuestro país posee ¼ de la riqueza nacional y el 10% detenta el 60%, mientras 25 millones de personas no llegan a fin de mes, 18 millones son pobres y 4 millones pasan hambre. 

El precariado, entendido como la nueva clase trabajadora del siglo veintiuno profundamente precarizada, en la Argentina adquiere magnitudes extraordinarias. Algunas mediciones dan cuenta que explica casi el 50% del total de la fuerza de trabajo. En este gran y heterogéneo segmento encontramos desde inserciones asalariadas que no están registradas y representan indiscutiblemente fraudes laborales hasta las formas legales de trabajado, en apariencia autónomas e inscriptas en regímenes tributarios, que abonan al amplio proceso de deslaborización de las relaciones de trabajo. La subcontratación y el uso del derecho civil y comercial por parte de los empleadores contribuye continuamente a la desestandarización del contrato de trabajo, la huida del derecho laboral y del acceso pleno al sistema de seguridad social. Entre los ejemplos de mayor visibilidad pública encontramos el trabajo comandado por las aplicaciones tecnológicas pero el fenómeno lo excede ampliamente. Lo cierto es que no obstante la diversidad y múltiples realidades sociales que atraviesan estos universos del trabajo que pueden disponer de mayores o menores ingresos, la regla es la flexibilización y la inestabilidad laboral y la exclusión de éstos de los espacios institucionalizados de disputa por el ingreso.

En consecuencia, la vigencia de un nuevo régimen de empleo, sin una adecuada adaptación del instituciones distributivas, deriva en los hechos en la devaluación del estatuto laboral. La erosión de la forma salarial que tiene como definición de referencia retributiva la reproducción de las condiciones de existencia de quienes trabajan, indica el pasaje a una forma factura (en términos locales, forma monotributo) que representa una ruptura radical en la relación capital-trabajo, ya que por primera vez en la historia la subsistencia de la fuerza de trabajo deja de ser un problema del empleador. De esta manera, la extensión de la jornada social del trabajo pasó inadvertida sin mediar reforma toda vez que el entendimiento general acepta que un part-time o trabajo a tiempo parcial son 5 o 6 horas diarias. 

Por otra parte no es casual que tales cambios se den en el marco de un cambio en el contenido del trabajo. Los atributos del trabajo que son convocados en la producción y la generación de valor no son los mismos que hace setenta años en la producción de manufacturas. Aparece todo un campo de actividades, incluyendo también, y muy especialmente, a las actividades reproductivas que devienen productivas en tanto conservan y potencian las capacidades cognitivas, relacionales y lingüísticas de lo humano, fuerza productiva principal de esta fase histórica del capitalismo. El libro encuentra aquí razones que permite comprender que la reducción de mano de obra por producto del nuevo paradigma tecnológico no representa una menor intervención de la mano del hombre/mujer sino una mayor injerencia de la dimensión social del trabajo que no es debidamente reconocida. 

Interrumpir la lógica vigente de desvalorización del trabajo y apropiación rentista de lo generado socialmente requiere de replantear, en un comienzo, el funcionamiento de la política social para sacarla de su papel subordinado, jerarquizando su función en la economía y en la recomposición del bienestar social. 

Debemos partir de una premisa fundamental, no hay posibilidad de éxito de un política de distribución progresiva de los ingresos si no está inscripta en una estrategia integral destinada a impulsar dos cuestiones básicas: la democratización de las instituciones y la regulación y disciplinamiento del comportamiento del poder económico en función del interés del conjunto de la sociedad.

Por esta razón, el punto de partida para brindarle sostenibilidad a un programa popular es llevarlo adelante junto a dos condiciones necesarias: el replanteo de la deuda y el disciplinamiento al capital concentrado.

Asimismo, la estrategia de ingresos no puede desplegar su verdadero potencial si está en soledad o a contramano de definiciones políticas que apuntan en un sentido contrario. Desde nuestra perspectiva, ésta debe integrarse a una agenda de acciones y políticas públicas que tengan como norte fortalecer la capacidad de quienes dependen de su fuerza de trabajo para incidir en las definiciones centrales de la sociedad. En este sentido promovemos:

Este shock distributivo articulado con un tratamiento integral de la economía popular y de las Pymes debe vincularse con el desarrollo de un programa de sustitución de importaciones que nos permita reconstruir el perfil productivo de la Argentina en dirección a fortalecer las economías regionales, lograr un ahorro importante de divisas para el funcionamiento del aparato productivo local e incorporar progresivamente tecnología en el desarrollo de nuestro país. 

Por lo tanto, las definiciones aquí planteadas como alternativa a lo que hoy existe, reconocen a la construcción de pisos como el momento inicial para un ordenamiento social distinto. Ello significa, pisos de ingresos y derechos por debajo de los cuales no se encuentre ninguna persona que habita el suelo argentino. Para ello el pilar es transitar hacia la universalidad y la integralidad. No hay posibilidad de garantizar una distribución progresiva sin universalizar efectivamente el ingreso, alcanzando regularmente a la población que actualmente está en situación de informalidad laboral.

JJD