Daniel Funes de Rioja, dirigente de la UIA y Copal: “Hay que cuidar el consumo interno y la exportación, acordar con cada sector las alternativas que le produzcan menor daño”

Mañana comienza la ronda de reuniones convocadas por el Gobierno para llegar a un acuerdo de precios y salarios con sindicalistas y empresarios, pero a Daniel Funes de Rioja todavía no le llegó la invitación ni como vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) ni como presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Es probable que se trate sólo de un desajuste logístico. El sector que el empresario representa está en el centro de las preocupaciones del Gobierno, que se propuso recomponer el poder adquisitivo del salario y desacelerar la suba de los alimentos, que en 2020 crecieron, en promedio, seis puntos por encima de la inflación general.

En diálogo con elDiarioAR, Funes de Rioja consideró que, si no se suma a la mesa elementos de contexto y señales claras sobre el rumbo económico, el acuerdo será “efímero”, apenas útil para la coyuntura inmediata. No logrará, según anticipó, sentar las bases para atacar la inflación, una distorsión que el país arrastra desde hace décadas y que, según su visión, forma parte de la propia cultura empresarial argentina. 

¿Por qué subieron tanto los alimentos en los últimos meses? 

En primer lugar, Copal representa fundamentalmente a los alimentos procesados que han tenido un incremento de entre el 4% y 10%, no mayor a eso, porque con el programa Precios Máximos hay un congelamiento de precios del 20 de marzo de 2020. Uno tiene que distinguir entre esos alimentos, que son industrializados, y lo que dependen de circunstancias estacionales como frutas, verduras, carne. También influye lo que ocurre con las exportaciones, los precios internacionales. Los commodities han pegado una subida muy importante y ha habido incrementos en los costos de insumo del 40% al 90%. Ahora, uno tiene que tener una doble mirada en esto. A la Argentina, que suba el precio de las commodities le conviene mucho, pero cuando suben también impacta en el mercado interno. 

¿Cómo se administra esa tensión?

Lo puedo administrar mediante determinados acuerdos o bajar la presión fiscal, porque por otro lado estoy recaudando más. Hay que pensar que un alimento paga 38% de impuestos entre Nación, provincias y municipios y una bebida, incluso el agua mineral, 47%. Entonces, hay tela para cortar en esto. Hay mecanismos con los que uno puede bajar esos impactos. 

Un alimento paga 38% de impuestos entre Nación, provincias y municipios y una bebida, incluso el agua mineral, 47%.

¿Los mecanismos que planteó el Gobierno de aumentar retenciones o imponer cupos de exportación van en ese sentido de desacoplar precios?

A mí me parece que el camino es acordar con cada sector las alternativas que le produzcan menor daño. Acá hay que cuidar el consumo interno y las divisas que la Argentina necesita de la exportación, porque son las que nos permiten evolucionar desde el punto de vista industrial, comprar insumos. Creo que bajo esta concepción tenemos que tener la doble visión. Y cuando uno habla de retenciones o de cupos a la exportación lo que está haciendo es ir cerrando expectativas, porque los mercados se van para otro lado. 

Por otro lado, las retenciones son otra carga fiscal más. La presión fiscal en la Argentina es muy alta. Y no solamente es alta sino burocráticamente muy compleja. Además, el 50% de la economía está en negro, entonces la presión fiscal cada vez más se concentra más sobre unos pocos. Ahora está esto de elevar el mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias, que me parece muy bien, pero ojo si eso significa que van a aumentar otros impuestos para compensarlos. Acá hay que tener una administración más eficiente del gasto público y una reducción del costo público. 

¿Qué acuerdo sectorial de los logrados hasta el momento le parece que representa esta solución coordinada que propone?

Un ejemplo de acuerdo es el automotriz, pero es un acuerdo que preserva el empleo, no de precios al consumidor. Entiendo que para el aceite se decidió constituir un fideicomiso. Es la vía de los acuerdos. No hay una fórmula única, pero es la vía de los acuerdos. Creo que la Argentina necesita una concertación económico social para la emergencia porque cuando se habla de acuerdo de precios y salarios hay que ponerlo en un contexto: ¿con qué precios relativos?, ¿con qué paridad cambiaria?, ¿con qué nivel de emisión monetaria?, ¿con qué tasa de inflación?. Si no tenemos en cuenta todas esas variables de contexto, los acuerdos de precios y salarios terminan siendo efímeros. En el caso de la industria de la alimentación hay un atraso. ¿Ese atraso cómo va a ser resarcido o compensado? Si hablamos de recuperación del poder adquisitivo del salario, hay sectores que perdieron más, otros menos y otros no perdieron. Segunda cuestión, hay algunos que no pueden recuperarse porque las situación post Covid todavía es muy dura. Eso requiere una visión más integradora, donde el Estado determine las reglas del juego y también los incentivos, cómo resolver los problemas de productividad y competitividad.

Ahora está esto de elevar el mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias, que me parece muy bien, pero ojo si eso significa que van a aumentar otros impuestos para compensarlos.

¿Le parece que el acuerdo al que se convocó, de precios y salarios no está planteado en esos términos?

Primero, todavía ni en la UIA ni en Copal hemos recibido la invitación. No puedo prejuzgar, tenemos que sentarnos o escuchar, pero creo que una cosa muy inmediata, sin tener en cuenta esos contextos obviamente sólo podrían concebirse para un objetivo de muy corto plazo. No para resolver problemas ni siquiera pensando en este año. Porque todavía hay una incertidumbre muy grande: qué va a pasar con el Covid, qué va a pasar en marzo, si viene una ola fuerte como en Europa. Nosotros ya hemos pedido al Gobierno dos cosas: que no haya cierre y el proceso productivo continúe y prioridad en la vacunación para la gente que trabaja. Tenemos que mantener activas las líneas de producción. Ahora, si no se tiene eso nadie puede hacer un vaticinio demasiado firme con respecto al impacto Covid-19 de 2021. 

En el Gobierno suelen mencionar a la especulación como uno de los elementos que también empuja los precios al alza o una actitud poco solidaria de los empresarios que no están dispuestos a achicar margen de ganancia incluso en una situación como esta. ¿Ve eso?

Durante 2018 y 2019 hubo una recesión fuerte y en el 2020 llegó el Covid-19, por lo tanto las políticas de precios tienden a paliar el costo, pero no pueden ir muy lejos por la sencilla razón de que si no, no hay demanda. En la Argentina hay 270.000 puntos de venta, de esos el 30% son las cadenas de supermercados, el resto son negocios de proximidad. Cuando usted tiene un país de alta inflación, se generan esos desfasajes. La industria de la alimentación está constituida en la Argentina por 14.500 empresas de las cuales el 5% son grandes empresas y el resto pymes. Hay una competencia muy transparente en ese sentido. Ahora, ¿puede haber casos de especulación? Y sí, pero porque la realidad es que la causa de la inflación no son los productos alimenticios, sino que son la consecuencia de la inflación. Entonces a partir de ahí puede haber retenciones de stock o remarcaciones producidos en diversos puntos de la cadena. Si usted tiene un país de una economía estable, con índice de inflación de un dígito, tiene muchas menos preocupaciones esa naturaleza. 

¿Los empresarios argentinos forman parte de la cultura inflacionaria?

Sí, todos, porque tenemos décadas de inflación. Desde que me acuerdo uno piensa en términos de inflación y eso es una distorsión y una cultura arraigada. Sí estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que trabajar entre todos y eso implica al Gobierno, partidos políticos y significa que las metas de actividad económica y de los factores que condicionan la inflación deben ser compartidas, política de Estado. Si no, no se sale de situaciones de esta complejidad, con este arraigo desde el punto de vista cultural. 

¿Cómo está el diálogo entre el sector y el Gobierno?

De esta convocatoria todavía no nos han llamado, pero hay diálogo. Aunque esto no quiere decir que coincidamos en todo. En Copal no estamos de acuerdo con la política de Precios Máximos y congelados. Sí con la política de Precios Cuidados, que son acuerdos voluntarios para la canasta básica, que llega a los sectores más bajos de la población y con eso también obviamente preservamos un mercado. 

Concentración en las góndolas y Ley de Etiquetado Frontal 

¿Hay concentración en el sector de alimentos y bebidas?

Creo que hay la suficiente diversificación como para que haya oferta. Obviamente hay empresas con mucha más presencia en el mercado y, además, con mucha respuesta de innovación y logística de reposición, que es costoso. Hay diversidad de oferta y hay pequeñas marcas que tienen presencia en determinados lugares o en el interior. 

Está en plena implementación la Ley de Góndolas, que ordena la diversificación de proveedores en los supermercados. ¿Cree que va a ayudar?

Nosotros no creemos que la Ley de Góndolas sea un instrumento que ayude a bajar precio porque cuanto más se divide la góndola más repositores hay que tener. ¿Quién tiene los repositores? O se van a quedar vacías las góndolas donde los consumidores depositan la preferencia. ¿Van a tomar los terceros, cuartos, quintos productos o van a ir a comparar a otro lado? Eso se verá. Pero las leyes de góndola no son algo que el mundo haya mirado con simpatía por considerar que mejora la oferta, permite competir a las pymes y baja los precios. No es así. Las pymes tienen sus mercados, muchas veces por las complejas cuestiones fiscales tienen problemas para acceder a determinadas bocas más importantes. 

¿Qué opinión tiene sobre la Ley de Etiquetado frontal?

No estamos de acuerdo con esa ley. Tenemos que hacer un acuerdo a nivel de Mercosur para tener un etiquetado frontal coincidente. Nosotros no creemos en los octógonos negros y en las políticas disuasorias, sino en la información y que sea el consumidor el que elige. Pero además, y fundamentalmente, creemos que debe fijarse a nivel de Mercosur, porque si cada país tiene un etiquetado distintos nos estamos creando barreras paralancelarias nosotros mismos. 

Me decía que no cree en los octógonos negros...

Acá la experiencia que ganamos es que uno tiene que combinar información, una dieta balanceada, con actividad física. Nosotros tenemos un código de autorregulación para publicidad infantil, porque en el mundo hay y nos pareció que era bueno hacerlo. Determinado número de empresas lo han suscripto, se han comprometido a respetarlo e incluso se puso un auditor externo para controlarlo. 

Pero es de suscripción voluntaria.

Sí, pero termina siendo un elemento competitivo también. No es la disuasión; es la persuasión, la convicción y la enseñanza al respecto. Ahí tiene que trabajar el sistema educativo, la actividad física, el sistema médico y la dieta voluntaria. 

¿Cómo se vería la regulación del Mercosur en el paquete?

Tendría indicaciones, todavía no están definidas cuáles. Se están discutiendo. Sí tiene que estar claro dentro del tamaño del producto. El modelo chileno o mexicano, de octógonos negros son disuasivos, demonizan los alimentos y nosotros creemos que estas cosas son primer de elección y después de porción, también. Es distinto comerse una barra entera de chocolate que una barrita.

DT