El Gobierno imputa a 20 empresas de materiales de la construcción por la ley de abastecimiento

Paula Español, secretaria de Comercio Interior.

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El Gobierno sostiene que la inflación es un problema macroeconómico, que los empresarios no son los culpables del alza, pero a la vez quiere mostrarse firme con los controles de precios y abastecimiento. Hace una semanas, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, imputó a 11 grandes empresas de alimentos por desabastecimiento y este jueves hizo lo propio con 20 compañías de todo tamaño del sector de materiales para la construcción por no brindar la información que había sido requerida con el fin de verificar la provisión de insumos sensibles para la actividad.

El Gobierno vigilará precios, costos y abastecimiento de materiales de la construcción para evitar que se encarezcan más que la inflación

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Las imputadas son Petroken Petroquímica Ensenada, Unipar Indupa, PBB Polisur, Petroquimica Cuyo, Grupo Simpa, Juan Navarro SA, CDSA, Acimar, Hierros Líder, Julio Donadio SA, Aceros Solaro, Surdelta, Camasa, Chapaferro, Corifersa, Indartubo, Cisilotto Hnos, Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria, G. Casanova y Cía., Klockmetal y M. Royo. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores impulsó los expedientes de oficio por el incumplimiento bajo apercibimiento de la ley de abastecimiento. Alertó sobre “cualquier accionar dirigido a afectar” la provisión.

Con anterioridad, la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno había intimado a más de 60 empresas del sector a que provean información respecto a volúmenes de producción, fabricación y venta de productos, capacidad productiva, precios y acopio de sus productos con el objetivo de determinar el motivo de los faltantes. Ante la falta de respuesta de la mayoría de las firmas, se reiteró el pedido de información. Pero como no hubo ningún tipo de presentación hasta hoy, se decidió imputar a 20 de ellas.

Previamente, a fines de 2020, la Secretaría de Comercio Interior había constatado, tras varias reuniones e inspecciones, retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales. El 20 de noviembre pasado, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, Comercio Interior había intimado a las firmas involucradas que integran la cadena de producción, distribución y comercialización de insumos de la construcción, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y asegurar su transporte y provisión durante el plazo de vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria. El Gobierno se preocupó de informar todos los procedimientos previos a la imputación en un intento por demostrar que Español se rige por la normativa vigente y no por acciones intempestivas como las que caracterizaban a uno de sus antecesores en el cargo, Guillermo Moreno, según altas fuentes oficiales.

Las empresas imputadas podrán realizar su descargo hasta el 23 de marzo. En caso de no remitir información alguna serán pasibles de multa, clausura, inhabilitación, decomiso y suspensión, según establece la ley de abastecimiento.

AR

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