Sin poder levantar la cabeza, el transporte terrestre apunta al Congreso para conseguir más fondos

A falta de vacunas, el gran antídoto propuesto contra la expansión del Covid-19 es todavía restringir la circulación, lo que prolonga el freno a la movilidad y afecta de lleno al sector del transporte. Si bien dentro del paraguas de los servicios terrestres hay distintas situaciones, todos los actores acreditan el golpe y comparten una demanda: más fondos de asistencia, que en el caso del transporte urbano del interior y de los ómnibus de larga distancia buscarán obtener por la vía del Congreso. 

Por la pandemia, el gobierno nacional giró $3.000 millones de subsidios a las empresas de colectivos de larga distancia durante 2020 (fueron seis pagos, en nueve meses, de $500 millones). El servicio de transporte terrestre de pasajeros interurbano e internacional se suspendió apenas se decretó la emergencia sanitaria, el 20 de marzo de 2020, y se reactivó recién en octubre pasado. En lo que va del 2021, fue asignado un fondo de $900 millones (correspondientes a los meses de enero y febrero) y si bien hay más dinero comprometido, no fue volcado  hasta el momento. 

En el momento en que se desató la pandemia, el servicio de larga distancia (que emplea a 16.000 trabajadores de 100 compañías y une 1.600 destinos nacionales) no recibía asistencia del Estado Nacional. En 2014 la gestión del entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo eliminó gran parte de los subsidios que recibía el sector y solo quedaron algunas compensaciones que fueron eliminadas totalmente en febrero de 2017, ya con Guillermo Dietrich en el cargo. 

Gustavo Gaona, titular de Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (Celadi), aseguró que el principal problema con el que se encontró el sector en la pandemia fue con no contar con una estructura de subsidios que sirviera de canal para la ayuda económica, que se articuló de una manera excepcional y con cierta imprevisibilidad respecto de cuándo se hacen efectivos los pagos. Por eso trabajan en un proyecto de ley que buscarán impulsar en el Congreso para restituir algún canal de asistencia permanente. 

“Necesitamos previsibilidad. Si no, estás todos los meses viendo cómo apagar el incendio”, señaló Gaona. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transporte apuntaron que, por ahora, no está sobre la mesa la posibilidad de volver a establecer un sistema de subsidios permanentes al servicio de larga distancia. “Sí contemplamos darle una ayuda especial en el marco del Covid. Este año serán $3.000 millones, que es cierto que no compensa el 100%, pero es importante y está vigente”, apuntaron. 

Según Gaona, si bien la intención era usar esos fondos para sostener la infraestructura, en los hechos se utilizan para pagar los salarios, que no se alcanza a cubrir con otros instrumentos como el Repro. De hecho, en la última negociación salarial con el gremio se ataron las mejoras a la llegada efectiva de la ayuda estatal. 

De acuerdo con los datos del sector, la temporada de verano mostró una caída del 80% respecto de la de 2019, lo que impidió hacer “un colchón” para capear el resto del año. En Celadi aseguran que la gran mayoría del personal y los coches están ociosos y que la incertidumbre respecto a si se podrá viajar o no en el corto plazo opera en contra de la recuperación de la demanda. “Se suspendió el fin de semana largo del 25 de mayo, que nos daba algo de oxígeno, y la falta de previsibilidad nos cae como un bombazo. Nosotros reafirmamos la prestación de las vacaciones de invierno”, señaló. 

Distinta es la situación de los colectivos urbanos, que sí reciben un Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros más allá de la situación excepcional de la pandemia, también fue reforzado en este marco. De hecho, los colectivos urbanos, suburbanos y aquellos que unen localidades separadas por hasta 60 kilómetros recibieron a principio de año $20.000 millones, a distribuirse durante 2021, entre todas las provincias del país. La cifra representa un aumento del 344% en el presupuesto del fondo en comparación con 2019 y del 20% en relación al 2020.

De todos modos, el bajo nivel de circulación que todavía persiste, las paritarias de los choferes (que por estas horas están de paro en Córdoba) y la diferencia entre el volumen de ayuda que reciben las empresas del interior respecto a las del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparecen como focos de conflicto activos. 

“Es verdad que los subsidio colectivos de pasajeros siempre fue poco equitativo entre el interior y AMBA, aunque en parte se explica por que tienen un volumen que no se puede comparar. Todo el interior tiene 12.000 colectivos, mientras que en AMBA hay 18.000”, detallaron cerca del ministro Alexis Guerrera. Sin embargo, también admiten que hacer un kilómetro en colectivo en Buenos Aires y en la Quiaca tiene el mismo costo e implica el mismo desgaste de la unidad.  

En el Gobierno detallan que en 2018, con el acuerdo fiscal que se firmó durante la gestión de Mauricio Macri, se estableció que la responsabilidad del transporte público provincial es de cada provincia. Sin embargo, ese mismo año se generó un fondo compensador porque era imposible de sostener, que fue de alrededor de $6.500 millones para todo e interior en 2019, subió a $16.500 millones en 2020 y a $20.000 este año. En el AMBA esa cifra escala al orden de los $90.000 millones anuales. 

La semana pasada el ministro Guerrera se reunió de manera virtual con los gobernadores y secretarios de transporte provinciales para hablar sobre este tema y conocer las particularidades de cada lugar. El mensaje general fue “necesitamos más fondos”. Los gobernadores decidieron avanzar con un proyecto de ley para gestionar esa demanda, alegando una situación de “emergencia”. El texto todavía está en proceso de diseño y en el Ministerio prometieron no obstaculizar el debate, aunque no ahorraron un reproche: cuando se discutió el presupuesto el año pasado, los gobernadores no contemplaron este ítem.

Los ómnibus de turismo, dedicados a viajes de egresados, jubilados o tours de compras, conforman otro de los sectores de transporte terrestre en situación difícil y, de hecho, bloquearon la avenida 9 de Julio algunas semanas atrás en rechazo a las nuevas restricciones. El Repro II lo considera dentro de la categoría de “sectores críticos”, a los que le asigna el mayor monto disponible por empleado, de $22.000.

DT