Massa convenció rápido a los bancos para el canje de deuda, pero no al FMI para renegociar el acuerdo

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, tenía claro desde fines del año pasado que en marzo había que negociar con los bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión, donde invierten empresas e individuos, los vencimientos de letras que se acumulaban antes de las primarias de agosto. Se juntaban fechas de pago porque nadie quería aceptar bonos que vencieran más allá de esas elecciones, sobre todo después de que desde junio de 2022 circularan versiones de que los economistas del PRO Hernán Lacunza y Luis Caputo hablaban en privado con inversores sobre la necesidad de reestructurar esta deuda doméstica en pesos de corto plazo, como en 2019. Pero los planes de Setti se aceleraron cuando a fines de enero y principios de febrero Juntos por el Cambio emitió comunicados en los que alertaba sobre la “bomba” que suponía ese pasivo.

Ante el temor a una corrida de pesos al dólar paralelo tras las declaraciones de JxC, Sergio Massa apeló a sus contactos en los bancos para pedirles que propusieran las condiciones de un canje de deuda. El ministro de Economía mantiene un aceitado roce con el vicepresidente del Macro, Jorge Brito, y el jefe de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba, los de capital privado local), Javier Bolzico, que junto con su par de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, que representa a los extranjeros), Claudio Cesario, llevaron y trajeron de aquí para allá los borradores del trueque. Las entidades le pidieron a Massa el mismo instrumento que había usado Setti para renovar vencimientos en julio de 2022 cuando Silvina Batakis dio un paso al frente para hacerse cargo del Ministerio de Economía pero no pudo domar el tembladeral financiero que provocó la renuncia de su antecesor, Martín Guzmán. Se trata del put, nombre que viene del inglés puttable bond (bono ponible) y que consiste en que los tenedores de estos papeles puedan venderlos antes de su vencimiento a precio de mercado al Banco Central. ¿Por qué querrían sacárselos de encima? En caso de que sospecharan que sobrevendría una reestructuración. Sin put, deberían liquidarlos en un mercado bajista por el temor a esa quita. Con el put, tienen asegurado un comprador. Así como la Unión Industrial Argentina (UIA) hizo lobby a fines de 2022 para imponer el dólar Qatar y que así se derivaran divisas del turismo al exterior hacia las importaciones de insumos, ahora los bancos hicieron lo propio para establecer las condiciones del canje que los favoreciera.

Pero así como fue fácil pactar con los banqueros, no lo está siendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las filas del ministro de Economía habían prometido que el 28 de febrero se llegaría al acuerdo para cambiar las metas de acumulación de reservas, dada los impactos de la guerra de Ucrania y la sequía en el comercio exterior. Ese mismo día, el Frente de Todos sorprendió logrando el quórum en la Cámara de Diputados para sancionar la moratoria jubilatoria y los técnicos del FMI quedaron desconcertados, dado su impacto en otra de las metas, la de ajuste fiscal. Si se incumplen estos objetivos, no hay desembolsos para pagar el préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018. Pero tras la votación del Congreso en el Palacio de Hacienda emularon al personaje de la TV ochentosa Alf: “No hay problema”. Y prometieron un pacto para este lunes 6 de marzo. Tampoco se selló. Ese mismo día aventuraron que se lograría esta semana. Estamos a viernes 10.

El Fondo y el problema de la moratoria previsional

Fuentes allegadas al Fondo comentan que estaban cerca de lograr un acuerdo por las reservas cuando se “descuajeringó” la meta fiscal con la moratoria. En la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que dirige Fernanda Raverta, sostienen que el plan de cuotas para futuros jubilados ya estaba previsto en el presupuesto 2023 y que implica un costo fiscal de 0,19% del PBI en 2023. En la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) consideran que esa cifra puede ser “razonable”, dependerá de cuánto crezca el PBI este año y “del ritmo en que efectivamente se otorguen dichos beneficios, aunque aclaran que ”estaría más cerca de 0,3%“. Su vicepresidente, Guido Rangugni, advierte que la moratoria de 700.000 personas, como anunció Raverta, no figura explícitamente en el presupuesto, ”pero podría pasar que haya una reserva en la Anses o en las obligaciones a cargo del Tesoro“. En el FMI coinciden en que el programa para nuevos jubilados no figuraba en la ley de gastos. Sus técnicos llegaron a preguntar si era posible que Massa lo vetara o que redujera sus costos -de hecho, sólo podrán acogerse aquellos que no superen ciertos ingresos anuales o niveles patrimoniales- o que ajustara en otras áreas para compensar, todas cuestiones que parecen de cumplimiento políticamente imposible para el ministro.

Las fuentes allegadas al FMI prevén que se terminen modificando no sólo la meta de reservas sino también la fiscal. Por una razón: la sequía. Se prevé una muy mala cosecha gruesa, la de maíz y soja, que arranca a fin de marzo. Y eso reducirá exportaciones y, por tanto, los activos del Central y la recaudación tributaria por retenciones. Esta semana, en Expoagro se habló de pérdidas por hasta US$ 20.000 millones, el 3% del PBI. El año pasado, la Argentina exportó por 88.000 millones, una cifra récord que podría haber sido mayor si no fuera por la caída del 40% en la cosecha de trigo, en diciembre.

Pero el Fondo, donde pesan sobre todo los Estados Unidos de Joe Biden, quiere acordar de cualquier forma. No tiene que ver con su nuevo director del Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdés, el ex ministro de Economía de la socialista Michelle Bachelet que vino a reemplazar al ortodoxo brasileñoisraelí Ilan Goldfajn, nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Valdés seguirá la línea de Goldfajn, que a su vez es la de la directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, a quien la ortodoxia tacha de “populista”. En el organismo recuerdan que cuando le soltaron la mano a la Argentina en 2001 la crisis se agravó. No quiere convertirse en el detonante de otra catástrofe. Y después de haberle concedido un préstamo récord al gobierno de Macri con el fin de apuntalarlo hacia la reelección, según reconocieron hombres de Donald Trump, y después de haber modificado el programa de 2018 ese mismo año y en 2019, ahora tampoco pueden mostrarse inflexibles con la gestión de Alberto Fernández.

El organismo con sede en Washington no objeta el canje de deuda en sí, ha elogiado en el pasado reciente la baja exposición de los bancos a los títulos del Tesoro y siempre se preocupó por que la Argentina recreara un mercado de capitales doméstico. Pero cuestiona el put porque teme por el balance del Banco Central cada vez que compra bonos públicos. Ya en 2022 criticó las compras de estos papeles por el equivalente al 2% del PBI que hizo la autoridad monetaria para bajar los dólares financieros. Está a favor de alargar los plazos de la deuda, pero teme que el canje no lo logre efectivamente porque con el put los nuevos bonos son exigibles -es decir, cobrables- de inmediato.

Massa buscó con el trueque de letras, que logró una adhesión del 64%, la descompresión de vencimientos de marzo a junio porque en los últimos meses los pagos se venían complicando por los rumores de reestructuración en caso de ganar JxC y por la incertidumbre electoral en sí. El canje no resuelve el riesgo inflacionario ni el problema de flujo, por un déficit fiscal agravado por la seca, pero sí aligera los stocks adeudados, que no eran altos pero sí concentrados en el corto plazo. Se reduce el riesgo financiero de que si no se renovaban los vencimientos, los pesos cobrados de los abultados intereses fueran a parar en parte al dólar paralelo. Se dice en parte porque los bancos no pueden operar ni en el MEP ni el CCL, pero sí las empresas y los individuos. Las letras estaban mitad en manos de organismos y bancos estatales y mitad en poder del sector privado, que a su vez se dividía en dos, entre la banca y un conjunto de aseguradoras y fondos comunes de inversión.

Los temores del sector privado a una reestructuración futura venían haciendo caer el apetito inversor por títulos en pesos. Y para evitar una mayor baja, intervenía la autoridad monetaria comprando bonos. Para adquirirlos, emitía pesos, con el consiguiente efecto en la inflación. A su vez, como en los meses anteriores se temía que no se renovaran todos los vencimientos, los organismos públicos vendían también sus letras al Central para hacerse de liquidez y suscribir los nuevos bonos que ofreciera el Tesoro, en una especie de rueda sin fin. Al evitarse vencimientos de corto plazo con el canje, se reduce la presión de la autoridad que preside Miguel Pesce para seguir haciéndose de letras con emisión monetaria, lo que puede contribuir en la por ahora infructuosa lucha antiinflacionaria. Este martes se anunciará un elevado índice de precios al consumidor (IPC) de febrero.

Mientras, los abogados de JxC evalúan judicializar el canje porque opinan que viola la Carta Orgánica del Central y la ley de administración financiera, como sostuvieron por Twitter Lacunza y Luciano Laspina, principales consejeros económicos de los presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respectivamente. Pero Carlos Melconian, economista de la Fundación Mediterránea y eventual jefe del Palacio de Hacienda con Bullrich, se diferenció al calificar el trueque como “instrumento genuino”. En los bancos recuerdan que también hubo denuncias contra el megacanje de deuda de Domingo Cavallo en 2001 o contra las operaciones de dólar futuro de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, pero en ninguna de esas maniobras se dio marcha atrás por decisiones tribunalicias. Así que se despreocupan.

A los bancos también les interesaba el acuerdo porque no les convenía un escenario de mayor incertidumbre macroeconómica de corto plazo. Reconocían que el Estado no les podía pagar ahora lo adeudado y eso les implicaba un riesgo a sus balances. Además las entidades se saben tapadas de Letras de Liquidez (Leliq) del Central, pero tienen margen para tomar deuda del Tesoro, que además las retribuye mejor que la autoridad monetaria. Admiten también que no tienen qué hacer con los pesos, poco demandados en un contexto de 100% de inflación. Con altas tasas, nadie quiere ni puede tomar créditos bancarios. Presionaron con sus condiciones a Massa sabiendo que si no las aceptaba, le sobrevendrían tempestades financieras preelectorales.

Entre las entidades destacan que ahora el riesgo de la deuda en pesos se diluye a lo largo de dos años. Descreen que se trate de una bomba para el próximo gobierno, por más que los bonos actualicen por IPC o dólar oficial y que haya amenaza de devaluación en una nueva administración. Consideran que si el sucesor de Fernández aplica un ajuste fiscal fuerte que genere confianza en los inversores y elimine la necesidad de financiar déficits con deuda doméstica, se desinflaría el “globo” del que habla Lacunza - se diferencia de la “bomba” que agita Laspina-. Pero en los bancos reconocen que el patear vencimientos de deuda en pesos a 2024 y 2025 acota la posibilidad de que el próximo presidente pueda liberar el cepo cambiario de arranque, como hizo Macri en 2015. Primero deberá mostrar los recortes del gasto y después liberar los controles de cambio, según coinciden en eso bancos y Lacunza. En las entidades financieras atribuyen las amenazas de explosivos a una intencionalidad política en año electoral y a una manera de abrir el paraguas para justificar ante sus votantes que no podrán derribar el cepo al inicio.

AR