A partir de la causa por sobreprecios, el Ministerio de Desarrollo Social cambió su mecanismo de compra de alimentos

Si bien en los últimos días el ministro Daniel Arroyo fue sobreseído en la causa por presuntas irregularidades en la compra de alimentos, el proceso judicial dejó una marca indeleble en la cartera que conduce. A partir de la denuncia, iniciada en abril del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social cambió el mecanismo de compras que regía hacía más de 20 años. 

El 6 de abril pasado el diario La Nación informó que, en medio de la pandemia, el ministerio había hecho grandes compras de aceite, fideos, arroz, lentejas y otros alimentos por valores hasta 50% superiores a los establecidos en el programa Precios Máximos. A partir de ese evento, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa que terminó la semana pasada en el sobreseimiento para el ministro dictado por el juez Sebastián Casanello. 

El mecanismo de entonces funcionaba así: cada vez que el ministerio debía hacer una compra consultaba a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que establecía un precio testigo. Luego se convocaba a un puñado de proveedores a participar de la licitación (en la compra judicializada se convocaron 11 proveedores de alimentos y a 10 de leche) y, si el precio era superior al sugerido, se buscaba negociar hasta alcanzarlo. 

En el evento que inició la causa, se cumplió con ese mecanismo. De hecho, en el proceso judicial se determinó que “los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la Sigen”. De todos modos, la compra fue anulada y no se concretó. 

En el nuevo sistema, que fue implementado poco después del inicio de la causa, se toma como referencia el listado de Precios Máximos de la Secretaría de Comercio: el Estado no puede comprar por encima de ese precio. Por otro lado, las compras se realizan a través del portal Compr.ar. Se publica en esa plataforma lo que se requiere y los entre 600 y 800 proveedores de alimentos registrados al momento pueden ver el pedido y participar, sin necesidad de ser convocados individualmente. 

Además, el Gobierno habilitó la posibilidad de que los proveedores puedan ofertar por el 5% del volumen solicitado, límite que antes era del 20% y dejaba afuera a PyMEs, cooperativas y pequeños productores. 

La intención del Ministerio de Desarrollo Social es avanzar con la “descentralización” de las compras y profundizar las transferencias directas de dinero a los alrededor de 3.000 comedores auditados. Con esos fondos cada comedor puede comprar los alimentos que quiera, en el comercio que considere conveniente. Si bien es muy probable que los precios que paguen por los alimentos sean mayores a los que conseguiría el Estado, en diálogo con elDiarioAR Arroyo consideró que se ganaría en calidad nutricional porque se podrían comprar alimentos frescos. Actualmente el Estado tiene sólo dos depósitos de alimentos en todo el país, por lo que sólo puede comprar y distribuir en el territorio productos secos: fideos, arroz, harina. 

La intención del Ministerio de Desarrollo Social es avanzar con la “descentralización” de las compras y profundizar las transferencias directas de dinero a comedores

“La intención es que cada comedor haga sus compras y el Estado centralice sólo en situaciones de emergencia”, sostuvo el ministro. De acuerdo a sus datos, en 2020 se volcaron $120.000 millones en alimentos y una parte muy menor respondió a compras directas del Estado. La mayor parte del volumen se canalizó vía tarjeta Alimentar y transferencias a comedores. En ambos casos el Estado puede auditar las compras y monitorear el porcentaje de los fondos destinado a los alimentos sugeridos: leche, carne, frutas y verduras.

El ministro Arroyo sostuvo que el desafío para 2021 es pasar de una agenda centrada en la asistencia alimentaria, como fue la de 2020, a una que destine la misma cantidad de recursos a políticas de empleo. “El año pasado el 80% del presupuesto se destinó a la asistencia alimentaria y este año queremos que sea 50% alimentos y 50% trabajo”, apuntó Arroyo, quien dispondrá este año de un presupuesto de $360.000 millones, $120.000 millones más que en 2020.

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