El plan de un laboratorio público santafesino para proveer de misoprostol a todo el sistema de salud estatal

Hasta hace apenas una semana el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias contaban con un único proveedor en el país de pastillas de misoprostol, la droga utilizada para interrumpir de manera segura y ambulatoria un embarazo de hasta 13 semanas. Sin embargo, una reciente certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sumó a la escena a un laboratorio público santafesino, que promete no sólo un precio más económico, sino capacidad para abastecer toda la demanda del sistema público nacional. Demanda que, por la reciente aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se duplicará respecto de 2020. 

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) fue creado en 1947, con el fin de producir medicamentos para abastecer a las farmacias hospitalarias, rol que todavía hoy cumple en la provincia de Santa Fe. En 2018 un laboratorio privado asociado, ubicado en Buenos Aires, desarrolló e inició la producción de misoprostol para el LIF, que en el primer semestre de 2020 transfirió íntegramente el desarrollo a su planta. En junio del año pasado produjo su primer lote y, en simultáneo, inició los trámites en Anmat para poder distribuirlo en todo el país.

Con la certificación de producto de la Anmat y una última presentación de documentación pendiente el laboratorio santafesino ya estará en condiciones de presentarse a las licitaciones para la compra del medicamento que haga tanto el Ministerio de Salud de la Nación como las autoridades sanitarias de las distintas provincias de manera particular. Hasta ahora, sólo provee al sistema público de Santa Fe y a lo largo de 2020 hizo dos ventas a la provincia de Buenos Aires gracias a un convenio especial. 

“Hay mucha desigualdad con respecto al acceso al misoprostol en las distintas provincias de la Argentina, donde aparecen barreras de costo, de trámites, de calidad. Que el Ministerio de la Nación pueda centralizar la compra y distribuir en todo el país contribuiría a reducir esa desigualdad y a garantizar un acceso más parejo en todo el territorio”, dijo a elDiarioAR Elida Formente, integrante del directorio del laboratorio, que desde 2020 y por primera vez en su historia tiene presencia femenina.  

Hasta el momento el único proveedor de misoprostol del Ministerio de Salud es Laboratorio Dominguez, que produce Misop 200 en su planta del barrio porteño Parque Patricios. Si bien Laboratorios Beta también fabrica un medicamento con misoprostol que se vende en farmacias (Oxaprost) y se utiliza de hecho para la interrupción del embarazo, se trata de un compuesto que además contiene diclofenac y está indicado para patologías gástricas.

Según los registros oficiales, a lo largo de 2020 el Ministerio le compró a Domínguez 16.000 tratamientos de misoprostol en una “compulsa abreviada por urgencia”, por los que pagó un precio unitario de $2.750,04. Luego sumó 1.000 tratamientos más, a $2.814,84. 

Además, adquirió 16.000 tratamientos de misoprostol a un laboratorio de origen indio a US$2,67 cada uno mediante un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), una agencia del sistema de las Naciones Unidas que se enfoca en garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Al tipo de cambio de ese momento, pagó poco más de $200 por tratamiento, un precio irrisorio que el organismo internacional puede conseguir gracias a los grandes volúmenes mundiales que le garantiza a los proveedores. 

Demanda duplicada por la legalización del aborto

A partir de la mayor demanda que se espera por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, para 2021 el Ministerio de Salud de la Nación tiene previsto comprar el doble de misoprostol que el año anterior, es decir, alrededor de 66.000 tratamientos.

Si bien tanto en la cartera que conduce Ginés González García como en las oficinas locales del Fondo de Población de las Naciones Unidas confirmaron a este medio que la posibilidad de concretar compras por esa vía sigue abierta, en el LIF aseguran que podrían cubrir la demanda completa. 

Cada lote produce 100.000 pastillas, lo que es equivalente a 8.333 tratamientos completos, dado que cada uno demanda 12 comprimidos. Con ocho lotes podrían abastecer los cerca de 66.000 tratamientos estimados. A esto se sumaría la demanda de las provincias y de la propia Santa Fe, que en el último tiempo fue de 1.000 tratamientos por año. Está planificado que el próximo lunes 22 de febrero se realice el primer lote de este año. Luego, la producción dependerá de los pedidos que se formalicen. 

El laboratorio, que tiene 140 trabajadores, estaría en condiciones de cubrir la demanda con la capacidad instalada que tiene actualmente, donde además se produce una canasta de otros 40 medicamentos y en el último año sumó líneas de producción de alcohol en gel y repelente.  

De todos modos, hay planes de ampliación de la planta, que se financian con los ingresos “extra” que recibe el laboratorio. Es decir, lo que vende por fuera de la provincia. “Si es necesario crecer, vamos a crecer”, anticipa Formente, y dice que hay algunos planes de obra en carpeta. 

Si bien asegura que podrá ofrecer un costo menor al del laboratorio Domínguez, en el LIF no pueden precisar todavía de cuánto será, dado que dependerá del tamaño de la partida y el momento en que se haga. Más considerando que el principio activo de la medicación es importado de Inglaterra y está, por consiguiente, atado a las fluctuaciones del dólar. “Con respecto a la última compra que hicieron al privado desde Nación, vamos a poder mejorar el precio y en relación con el precio en farmacias, va a ser menos de la mitad o un tercio”, insistió Formente. 

Por fuera del sistema público, el misoprostol puede comprarse en farmacias, donde en enero se vendía a $6.265 el Misop 600 y $10.438 el Oxaprost, según el relevamiento que realiza el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol. Fomente anticipa que el producto del LIF no estará disponible en los mostradores porque está fuera del objeto social de la empresa, destinada a proveer al sistema público. 

“Hay que hacer hincapié en que a partir de la ley las mujeres ya no tienen que ir a la farmacia a comprar el medicamento ni acudir a métodos inseguros, sino que van a poder acceder en el sistema público de salud por el motivo que sea y en condiciones seguras”, recalcó Formente. 

El misoprostol es considerado un “medicamento esencial” por la Organización Mundial de la Salud y el método recomendado para la interrupción de embarazos tempranos. Si todos los abortos se realizaran de esta manera, no solo implicaría una reducción drástica del riesgo para las personas gestantes, sino que también implicaría un enorme ahorro para el Estado.  

Según los datos presentados por el ministro González García en el Congreso, el sistema de salud público destina $51.902 millones anuales para tratar las consecuencias de abortos inseguros, tomando como base un escenario en el que se realizan 457.533 abortos al año. Si se realizaran todos esos procedimientos con misoprostol, el gasto se reduciría a $5.907 millones: casi $46.000 millones de ahorro. 

DT