Deudas y poco control, claves de la auditoria confidencial que usará el Gobierno para renegociar tarifas

“El objetivo prioritario del gobierno fue dotar de ingresos a las empresas y reducir los subsidios, sin importar sus efectos sobre los usuarios ni otras consideraciones respecto a la prestación del servicio”. El dictamen encabeza las conclusiones de la auditoria que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) realizó sobre la política tarifaria y de servicio eléctrico de las prestadoras EDENOR y EDESUR durante la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de un informe confidencial que realizó la intervención del ENRE en 2020 y estuvo, hasta esta semana, con acceso restringido. Fue insumo de Alberto Fernández para definir la hoja de ruta oficial en materia energética y será, en las próximas semanas, una herramienta para negociar con las empresas el cuadro tarifario que comenzará a regir desde abril próximo.

La auditoria cuestiona el rol de la transportadora CAMESSA como "principal prestamista de las empresas" y propone anular un acuerdo firmado en 2019 por el cual el gobierno de Cambiemos condonó deudas millonarias a las prestadoras.

El gobierno contempla un aumento con un techo de 15% -aunque el número final podría estar incluso por abajo de los 10 puntos-, que será uno solo a lo largo del 2021 y operará de manera universal: la suba será la misma para todos los sectores y usuarios, y a lo largo del año comenzará la segmentación mediante la quita de subsidios.

Además de la cuestión tarifaria puntual, el informe avanza sobre otros aspectos: cuestiona el rol de la transportadora CAMESSA como “principal prestamista de las empresas” y propone anular un acuerdo firmado en 2019 por el cual el gobierno de Cambiemos condonó deudas millonarias a las prestadoras.

Diagnóstico

La auditoría sobre Revisión Tarifaria Integral (RTI) de EDENOR y EDESUR marca, como primer diagnóstico, que como la prioridad fue la reducción de los subsidios, la “implementación de las políticas tarifarias del gobierno de Macri no respetó el principio de razonabilidad en las tarifas establecido por la ley” ni “cumplió con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pidió especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”.

De ahí sostiene que “las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, ya sea desde el punto de vista del nivel tarifario como de la estructura tarifaria” lo que se verificó, según la auditoria, en un hecho puntual: el cuadro tarifario “resultó inaplicable desde el primer momento, por lo que el gobierno terminó prorrateando parte del mismo en cuotas, lo que evidencia su falta de razonabilidad.”

Tuvo, entonces, tres efectos nocivos: “Impactó negativamente en los ingresos de los hogares y de los sectores productivos, no redundó en una mejora considerable en la calidad del servicio y no mejoró sustancialmente la situación financiera de las concesionarias.”

En la misma línea, el ENRE indica que “con el pretexto de gradualidad del ajuste económico se generaron diversos cuadros tarifarios opacos, que no permiten conocer sus costos reales, al tiempo que se aplicó una constante refinanciación de una aparente deuda por la aplicación de la RTI, que volvió imprevisible la aplicación de los mismos, con la consiguiente afectación del derecho de los usuarios a una información adecuada y veraz.”

“La determinación incorrecta del Costo Propio de Distribución (CPD)1 de las concesionarias con el aumento constante de los precios de energía y potencia y la dolarización de los precios de la generación, generaron un desfasaje entre el esquema tarifario y la realidad macroeconómica que repercutió negativamente en el ingreso de los hogares y en los costos de las empresas contribuyendo a profundizar la crisis económica del país”, indica el informe.

El desempeño del ENRE

En el apartado “evaluación técnica”, la auditoria marca ocho puntos que considera críticos. Observa que “no se respetaron los procesos administrativos internos” lo que impidió tener información precisa para el análisis previo y posterior, “Si bien la tarea de análisis y elaboración de la versión final se tercerizó en gran medida sobre la consultora contratada QUANTUM, finalmente se terminó aplicando (con algunos ajustes) lo propuesto por las distribuidoras” apunta, a la vez que indica que “no intervino la Unidad de Auditoría Interna ni existieron controles cruzados entre las distintas áreas.”

Objeta, además, la “la metodología de valuación de la base de capital” y que los “supuestos macroeconómicos utilizados para las proyecciones de energía resultaron notablemente equivocados” a la vez que hubo una “sobreestimación de la demanda de energía eléctrica.”

En la misma línea, plantea que “los costos de explotación aprobados por el ENRE surgen de las propuestas de las distribuidoras”, que el organismo “escogió descartar la alternativa propuesta por la consultora QUANTUM (costos eficientes de una empresa modelo), alegando que no se ajustaba a la realidad de las empresas en ese momento”. A su vez, marca que “la Contabilidad Regulatoria es deficitaria y no está actualizada” y que el ENRE “sólo efectuó algunos ajustes (como tomar la fecha de puesta en servicio para dar de alta las inversiones) a lo presentado por las empresas y detrajo un porcentaje menor (del orden del 10%) para las inversiones de reposición”.

Controles

“El ENRE flexibilizó los parámetros de Calidad de Servicio de las concesionarias”, apunta la auditoria y detalla que “a pesar de los ingresos garantizados por la RTI, las distribuidoras no mejoraron sustancialmente la calidad del servicio. En efecto, la mejoría registrada en algunos indicadores resulta, en buena medida, de las obras realizadas a través del FOCEDE, el Plan Más Cerca y otros Programas de Inversión durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.”

“La flexibilización de los parámetros para evaluar la calidad de servicio técnico permitió que las distribuidoras obtengan un mejor resultado del que hubiera resultado de aplicar la metodología anterior a la RTI. Esta modificación de criterios permitió minimizar sanciones y presentar como ”exitosa“ a la política tarifaria, cuando en realidad lejos estuvo de serlo”, indica el informe.

Respecto a los planes de inversión, la auditoria indica que durante la gestión Macri “el ENRE aprobó sin ninguna justificación los planes de inversión presentados por las distribuidoras, aún cuando registraban grandes diferencias entre sí, tanto en monto como en cantidad de obras”, además de que “los planes de inversión de la RTI son meramente orientativos y no tienen carácter obligatorio”.

“Dado que las inversiones resultan un elemento clave para garantizar la mejora del servicio, esto pone de manifiesto el nulo interés del organismo regulador por la mejora real del servicio”, indica

La situación de las empresas

“Los estados contables muestran una situación económico-financiera de las empresas delicada a pesar de la recomposición de sus ingresos”, apunta la auditoria que atribuye ese fenómeno a que “la demanda resultó menor a la proyectada, se incrementaron las pérdidas no técnicas, los costos financieros fueron muy elevados, se incluyó el peso de las sanciones y la incobrabilidad resultó mayor a la estimada”.

Es el paso previo para analizar el acuerdo de mayo de 2019, cuando el Estado asumió “las obligaciones demandadas por las concesionarias y las eximió de buena parte de sus deudas pendientes con organismos oficiales”. El texto marca lo siguiente: “con el objetivo de ”sanear“ las deudas acumuladas de las concesionarias con el Estado (compra de energía, mutuos diversos y sanciones), en mayo de 2019 la Secretaría de Gobierno de Energía firmó un acuerdo con EDENOR y EDESUR” (“Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales”) que “consistió en el reconocimiento por parte del Estado Nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximición de gran parte de sus deudas contraídas con organismos oficiales”.

“El Estado Nacional no sólo condonó deudas a las distribuidoras sino también canceló deudas que no le eran propias como la compra de energía y parte de los contratos de préstamo (Mutuos) firmados con CAMMESA”, señala la auditoria que, en sus recomendaciones finales, propone anular y revisar ese acuerdo firmado durante la gestión como secretario de Energía de Gustavo Lopetegui.

“Se sugiere la impugnación del Acuerdo de Regularización de Obligaciones, firmado en 2019 entre la entonces Secretaría de Gobierno de Energía y las concesionarias. En base a la información oficial expuesta en el presente estudio y en el anexo correspondiente, se entiende que existen elementos suficientes para entender que dicho acuerdo lesionó el interés público y el de los usuarios”, señala la auditoria.

Además de proponer “un nuevo escenario tarifario”, el informe del ENRE aconseja “establecer una dinámica de funcionamiento sectorial que evite el apalancamiento financiero de las concesionarias en las deudas con organismos públicos” y, más específicamente, considera “necesario rediseñar el papel de CAMMESA, organismo que durante los últimos 15 años ofició como el principal prestamista de las empresas distribuidoras”.

PI