Shakira rechaza un acuerdo con la fiscalía e irá a juicio por evadir impuestos en España

Shakira en el festival de Cannes.

Oriol Solé Altimira

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Shakira está más cerca de sentarse en el banquillo por fraude fiscal. La artista rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona, con lo que, si no hay un cambio en los próximos meses, irá a juicio. Se cierra así, por ahora, la opción de que la causa acabe en un acuerdo, tal y como ocurre habitualmente en las investigaciones por fraude de las grandes fortunas.

Según informó la agencia de comunicación de la artista, su equipo legal estuvo manteniendo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle por seis delitos contra la Hacienda pública, pero esta misma mañana decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

Pese a que acusación y defensa no alcanzaron ahora un acuerdo (lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo en un breve trámite para ratificarlo), la cantante aún podría pactar con la Fiscalía y el resto de acusaciones hasta el mismo día del juicio, que todavía no tiene fecha.

En su comunicado, la artista carga con contundencia contra la Fiscalía, a la que acusa de “no mostrar pruebas directas o criterios razonables que soporten” su acusación de mantener “una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción”. También se despacha contra la Agencia Tributaria, que según Shakira “gasta millones” en “persecuciones” y “pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes”.

En resumen, la artista se presenta como víctima de “un total atropello a sus derechos”, ya que, en su opinión, mantuvo a lo largo de toda la causa “una conducta impecable, como persona y contribuyente”.

La cantante opta por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la de la Generalitat (además de fraude en el IRPF, Shakira también está procesada por no pagar el impuesto de patrimonio autonómico) deberán concretar en los próximos días sus escritos de acusación.

El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía, que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública a la artista colombiana, quien ya pagó los 14,5 millones que la Agencia Tributaria le exigía –más otros tres millones en intereses– por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014. Las acusaciones mantienen que Shakira tributaba fuera de España durante esos años pese a residir más de medio año en nuestro país.

La cantante recurrió su procesamiento alegando que Hacienda había utilizado pruebas “indirectas”, como fotografías de Instagram o de la prensa, para situarla en España más de 183 días y que en realidad había mantenido su residencia fiscal en Bahamas durante todos los años investigados. Y añadió que no podía conocer al establecerse en Bahamas que “algún día, por tener contacto” con España, se suscitaría un “problema de interpretación” tributario.

Pero los magistrados de la Audiencia de Barcelona descartaron los tres argumentos de la defensa al realizar un preciso análisis de los días pasados por Shakira en España o incluso en una casa de campo, una “masía”, de Perpiñán en Francia. La conclusión de los jueces fue clara: las fotografías que Hacienda tomó de las redes sociales de la cantante, las facturas en peluquerías y centros comerciales o los billetes de avión son “medios aptos” para acreditar la presencia de la cantante en España.

La cantante aprovecha el comunicado para reafirmar su confianza en sus asesores fiscales de PricewaterhouseCoopers y asegurar que cumplió “de manera impecable” en las más de 20 jurisdicciones en las que tributó. Y lamenta que “jamás” en ningún otro país se haya topado con una “persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada” por parte de Hacienda, “ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.

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