La justicia envió a prisión al expresidente Santiago Peña por el caso Ueno bank
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó ayer por la noche la prisión preventiva del expresidente de Paraguay Santiago Peña, imputado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio en la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad financiera de la que el exmandatario fue accionista y cuya crisis derivó en su destitución.
El magistrado tomó la decisión después de que la Fiscalía de Paraguay solicitara este sábado la prisión preventiva contra el expresidente, una vez que perdió sus fueros parlamentarios tras ser destituido por el Senado. Otazú aclaró que Peña no será trasladado a una cárcel común. Según argumentó, como expresidente, “maneja demasiada información sensible” sobre asuntos como el crimen organizado. Santiago Peña se negó a declarar ante el juez.
Peña fue detenido el viernes, poco después de haber sido declarado culpable en un juicio político por “mal desempeño de funciones”, tras el cierre de Ueno por problemas de insolvencia. El banco tenía 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes organismos estatales cuyos fondos quedaron congelados. Antes había sido destituido por el Senado.
Tras el pedido del Ministerio Público, un juez deberá determinar, en una audiencia de imposición de medidas, si acepta la solicitud de los fiscales. Según el acta de imputación, el exmandatario está acusado de presunta lesión de confianza como instigador y de administración en provecho propio en calidad de autor.
El documento indica que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno bank, una entidad cuyo grupo empresario “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Peña.
Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que tenía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió su participación, según detalló la acusación presentada por los diputados que impulsaron el juicio político en su contra.
Ueno bank, agrega el documento de la Fiscalía, habría recibido esos fondos públicos “mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico”. En esas operaciones, “los organismos de supervisión del Banco Central detectaron observaciones e irregularidades”.
El Ministerio Público también imputó y pidió la prisión preventiva del expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Corralito y destitución
La crisis comenzó el martes, con una publicación en X del Banco Central de Paraguay (BCP) que anunció el inicio de un proceso de resolución o disolución de Ueno. La situación fue escalando a medida que clientes preocupados se acercaban a las sucursales del banco para consultar por sus depósitos, que desde entonces permanecen congelados.
Según el organismo, la medida se tomó después de constatar que el índice de Ueno estaba por debajo del 50% del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros” durante un proceso de regularización al que fue sometido.
La definición llegó este viernes, durante la segunda jornada de un juicio político impulsado por diputados opositores y legisladores disidentes del oficialismo. Con los votos de los 44 senadores presentes, en su mayoría antiguos aliados políticos de Peña, el expresidente fue declarado culpable por “mal desempeño de funciones” y destituido.
La votación se realizó en ausencia de Peña, que delegó su representación en dos abogados. Con 47 años, se convirtió en el segundo presidente de la historia reciente de Paraguay en ser apartado del cargo mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
Peña había permanecido en el cargo porque el Congreso no alcanzó el cuórum necesario para tratar la renuncia que había presentado el jueves. Desde entonces, el debate se centró en si debía dejar la presidencia por renuncia o mediante una destitución.
El artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”. Los senadores vitalicios tienen fueros y no pueden ser sometidos a un proceso penal sin que el Congreso apruebe el desafuero.
Con la destitución, Peña perdió la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y quedó habilitada la vía judicial. La Fiscalía lo incluyó en una investigación por el caso de Ueno bank y por otros hechos denunciados por legisladores.
A partir de esa decisión, se ordenó su detención. La Policía hizo efectiva la medida poco después del juicio político, cuando se presentó en la residencia de Peña. Allí permanecerá hasta comparecer este domingo ante la Justicia.
Una crisis que se agravó
Los hallazgos del Banco Central de Paraguay (BCP) confirmaron las advertencias que expertos y diputados opositores venían haciendo desde hacía meses sobre Ueno, mientras Peña, entonces presidente, defendía a la entidad.
El impacto de la crisis y el malestar de los clientes crecieron a medida que se conocían los datos. Según el sitio web del banco, dos de cada tres paraguayos tenían una cuenta en la entidad. Entre ellos había 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre un total de 91.000, que cobraban allí sus haberes todos los meses.
El IPS, que invirtió 355 millones de dólares en la entidad, es una de las cinco cajas jubilatorias que confiaron sus fondos en una institución que el Banco Central «mató» porque «no tenía remedio», aseguró este viernes la diputada Rocío Vallejo durante la presentación de los alegatos finales del juicio.
La legisladora sostuvo que Peña «creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y dejó «tres millones de perjudicados en un solo día», en alusión al proceso de resolución. Por eso, se refirió al ahora exgobernante como «el desfalcador más grande de la historia del Paraguay».
Nuevo presidente
La destitución activó la sucesión en el Ejecutivo. El cargo quedó en manos del hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró durante una sesión extraordinaria del Congreso. Ejercerá la presidencia hasta agosto de 2028, cuando finaliza el actual período de Gobierno.
Luego juró como vicepresidente Antonio Barrios, elegido senador en 2023 y médico personal del presidente del Partido Colorado, el exmandatario Horacio Cartes.
«Lo que vengo a prometer es concreto. Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos», anunció el nuevo mandatario en su primer discurso. También anticipó que «ya se hizo suficiente en el exterior», en una aparente alusión a los cuestionados viajes de Peña, y prometió recortar «los gastos superfluos».
Entretanto, la Fiscalía ha reportado la incautación de bienes como avionetas, vehículos de lujo y abundante documentación en los allanamientos a Ueno y las empresas de Ueno Holding, en las que Peña tuvo acciones hasta marzo de 2025, según la acusación. También este viernes un juez envió a cárceles de procesados a uno de los fundadores de Ueno, Miguel Vázquez, y otros cinco directivos.
Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) reportó que las ventas en las tiendas y multitiendas ha caído hasta un 70 % tras el cierre de Ueno, y el BCP debió sacar antes al mercado los nuevos billetes de 100.000 guaraníes ante la inusual demanda de efectivo.
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