Desaparecidos en México: denuncian escaso interés de AMLO por investigar a fondo el caso Ayotzinapa

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 jóvenes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala. Una localidad del estado de Guerrero, en el suroeste del litoral pacífico mexicano, famoso por la playa de Acapulco. Ese día decenas de estudiantes se habían dirigido a Iguala con la finalidad de conseguir transportes para llegar a la ciudad de México el 2 de octubre a las conmemoraciones de la masacre de Tlatelolco. Fueron perseguidos y atacados por la policía y militares el 27° Batallón de Iguala y la Policía estatal de Guerrero. El trágico saldo fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el asesinato de al menos nueve personas y 27 heridos. 

Según la llamada “verdad histórica” que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados al Cártel Guerreros Unidos , que los asesinó, incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula y tiró sus restos a un río cercano. 

El caso de Ayotzinapa que en su momento generó una amplia condena internacional es uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México -donde se registran 96 mil desaparecidos. 

Debido al rechazo hacia la información brindada por el gobierno mexicano y la falta de certeza sobre el destino de los desaparecidos, los familiares de las víctimas, abogados y militantes de derechos humanos con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  lograron la creación en 2014 del   Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  con un acuerdo entre la CIDH y el Estado mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio rural.

Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía afirmaron que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje para decir que ahí se encontró un hueso de uno de los jóvenes. 

En su tercer informe presentado el 28 de marzo reciente, el primero de la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el GIEI reveló que pese a la orden presidencial, hay instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se resisten a entregar documentos para colaborar en las indagatorias. Incluso, acusaron la influencia de exfuncionarios que podrían intentar encubrir su participación para construir el montaje de la verdad histórica, con la cual Peña Nieto quiso darle carpetazo al asunto.

El nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la “verdad histórica” de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El GIEI dio a conocer un video con imágenes captadas el 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes, encontrado en el basurero de Cocula. Acusó a las autoridades mexicanas de haber ocultado información clave y destruido evidencias sobre la desaparición. 

Las imágenes muestran -la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar- marinos que sacan tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— y hacen un fuego que pronto se apaga. Luego, personas que toman cosas y las tiran en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.

Dado que las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares, el grupo de la CIDH aseguró que hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el video también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas. Luego, se registra la llegada del entonces procurador Jesús Murillo Karam —quien en octubre de 2014 comunicó a los medios la supuesta “verdad histórica”, ahora descartada— y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Después se acordonó la zona. Dos semanas antes el Ejército había dicho que en ese lugar no había nada.

“Lamentablemente no hemos podido (establecer el destino de las víctimas). Esto se debe a la destrucción de evidencia, el obstáculo, el ocultamiento y la construcción de una mentira desde las más altas esferas”, informó a la prensa Francisco Cox, miembro del GIEI, que investiga el caso.

Su colega Claudia Paz y Paz aseguró que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas de Ayotzinapa dos días antes de su desaparición.

“Las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo”, y que la misma noche del 26 las autoridades locales y federales sabían “qué estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes”, aunque esos datos no fueron entregados para las indagatorias.

“Esta información hubiera sido importantísima para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades sino hasta ahora”, subrayó. 

Ángela Buitrago, también integrante del GIEI, mencionó la alteración de un basurero donde fueron encontrados restos humanos, entre los cuales han sido identificados los de tres alumnos. “Se modificó la escena”, concluyó..

Además del ocultamiento de información, Cox subrayó que las acciones de los propios criminales también impiden “saber el destino final” de los estudiantes.

Al menos “22 personas que pudieron haber tenido información han muerto, solo dos por muerte natural. Llama la atención la de un hombre con 21 disparos en un operativo policial”, apuntó el comisionado. 

Sin embargo, el presidente AMLO aseguró que ninguna institución de su gobierno oculta información alguna.

“Se está entregando toda la información, se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”, dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina.

AMLO añadió que la investigación está abierta y que su gobierno está comprometido “a dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.

Afirmó que los jefes de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en un operativo sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Con la llegada al poder de AMLO se creó la Comisión de la Verdad y una fiscalía especial dentro de la Federal que en 2020 ordenó capturar por primera vez a militares. El anuncio tuvo una gran carga simbólica, dado el cada vez mayor poder que ha dado el presidente a las FFAA, pero sólo se ha informado de un militar capturado.

Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.

AGB con información de medios y agencias