Más inmigrantes, menos delitos: los datos que desmienten el discurso racista de la ultraderecha en España

En el año 2005, España vivía los estertores del boom inmobiliario, los celulares eran para llamar, no había llegado Facebook, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y sonaba Amaral en todas las radios. Entonces, España tenía, según los datos oficiales de población continua del Instituto Nacional de Estadística (INE), 44 millones de personas, de las cuales, 3,7 millones eran de nacionalidad extranjera (el 8,5%). Ese mismo año, la tasa de criminalidad era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes.

Los mismos datos de las mismas fuentes desmienten que España sea hoy un país más peligroso, más inseguro y, mucho menos, que eso tuviera que ver con la llegada de migrantes. En 2025 hay el doble de residentes con nacionalidad extranjera (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española). Sin embargo, la tasa de criminalidad no ha subido con esa multiplicación de inmigrantes, al contrario: 40,6 delitos por mil habitantes, la banda más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Es decir, mientras sube el número de extranjeros que vive en el país, baja la tasa de criminalidad (-2,8%, según los datos más recientes), una tasa que ha experimentado una tendencia descendente desde hace décadas con algún altibajo después de la pandemia, achacado por Interior a la explosión de delitos de ciberdelincuencia.

Sin embargo, el número de condenas entre personas de nacionalidad extranjera es mayor de lo que les correspondería por peso poblacional (14,2% son extranjeros y son el 28% de condenados, según las estadísticas de 2023, con especial relevancia de los nacidos en América, África y seguidos de cerca por europeos de la UE). Entonces, ¿sí que delinquen más?

Los expertos consultados coinciden en que no tiene que ver con ser migrantes. Por una parte, los datos de condenas son un indicador, pero son parciales porque dan poca información detallada. En cualquier caso, “no es el origen, son las condiciones materiales”, explica Andrea Ruiz, doctora en Antropología y directora de la Fundación Begirune del País Vasco, dedicada a políticas sociales y migraciones. “De hecho, de manera general los estudios demuestran que es al contrario”. En el caso de migraciones económicas, “las familias seleccionan en el país de origen al miembro más apto, al que tenga más posibilidades de adaptarse y conseguir trabajo. En general, quienes migran quieren quedarse y obtener la ciudadanía, no les interesa delinquir porque saben que pueden ser expulsados, no tiene sentido, suelen ser personas más respetuosas con la ley, a tenor de la conclusión de estudios recientes”.

El mantra de los delitos sexuales

Al discriminar por delitos, la media es alta en “delitos contra el patrimonio”, entre los que hay robos y hurtos, donde el 70% de las infracciones fueron cometidas por ciudadanos nacidos en España y el resto fueron cometidas por extranjeros, lo que incluye también ciudadanos de países de la UE o EEUU. Sin embargo, en violencia de género o delitos sexuales –otro de los mantras que agitan los ultras es el de “la seguridad de nuestras mujeres”– hay una evidente mayoría de españoles entre los condenados (por ejemplo, en delitos sexuales, 406 condenados frente a 94, según el INE).

“Claro que hay delincuentes extranjeros, pero la variable nacionalidad que se recoge en las estadísticas es equívoca”, explica Javier Guardiola, profesor de Derecho Penal y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Criminología en la Universitat de València, que profundiza en que esos datos incluyen “desde un español que vive fuera y comete un delito aquí, a un extranjero que lleva aquí viviendo 20 años”. O al extranjero que ha venido en avión con droga y, al ser detenido en Barajas, cuenta en la estadística como extranjero que comete un delito España, pero que no vive aquí, especifica Andrea Ruiz, que apunta que además los datos no especifican los reincidentes.

Esa sobrerrepresentación se basa además en varios factores, según esta experta: “Hay un factor edad, porque entre migrantes la media de edad es más joven [y es la franja de mayor violencia]. Además, tienen más tasa de riesgo de pobreza. También los paran más en controles y registros –un latino tiene 3,5 veces más de probabilidad de que le paren, un negro tiene seis veces de probabilidades más y un gitano, 10–”. Ruiz señala también a algunos medios de comunicación que siempre que hablan de migración es en términos negativos y el “imaginario” creado en series y televisión, que contribuye a la idea de que los extranjeros (de algunas razas y nacionalidades concretas) son más peligrosos.

'Ideas zombis' resistentes a los datos

Es lo que Rubén Rumbaut llama “ideas zombis”, como recoge la experta Elisa García España en un artículo sobre la vinculación inmigrante/delincuente: “Estas ideas permanecen vivas de forma persistente en el imaginario popular. Son inmortales y resistentes a cualquier dato objetivo que las contradiga”. Una de esas ideas es que no se hace nada con quien delinque o, incluso que se les dan pagas, como dice Vox. Solo en 2024, el Ministerio de Interior expulsó a 3.031 extranjeros por diferentes motivos de seguridad nacional (más de 8 expulsiones de media al día). Además, el artículo 89 del Código Penal contempla sustituir penas de más de un año por la expulsión de la persona extranjera, incluida la que tiene permiso de residencia, algo que pasa constantemente en el sistema judicial español.

“Se hacen vinculaciones con los extranjeros como delincuentes, pero ¿qué pasa con los extranjeros como víctimas? Nunca se cruza esa idea”, expone Ruiz. Según el último CIS de julio, los españoles consideran la inmigración el quinto de los “problemas” que les afectan, por detrás de asuntos económicos, vivienda, sanidad y paro. La sobreexposición por el caso de Torre Pacheco, los llamamientos ultras y la validación del argumento racista podría hacer subir esta percepción en el próximo barómetro, apuntan los sociólogos.

Respecto a los ataques racistas, los últimos datos disponibles del informe de delitos de odio en España, elaborado por el Ministerio del Interior, supone también una alerta: subieron un 21% respecto al año anterior. Entre ellos, los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 856 hechos, fueron los más numerosos y representaron el 41,8% de total de las denuncias.

Lo de Torre Pacheco y otros muchos casos “es algo que tiene que ver más con la raza que con la migración”, apunta el periodista antirracista Moha Gerehou. “Se genera una sospecha eterna y se apunta a negros, marroquíes... No es contra población inglesa o francesa. Suele haber una vinculación racial”, explica. El periodista también pone el foco en el peso que han tenido los medios de comunicación: “Cuando el que comete un delito es migrante se pone en el titular o en la noticia. Cuando es un blanco español no se hace referencia. Y ahora ya está pasando que en los medios progresistas especifican que no es migrante, y esto entra en el juego”.

Miedo de ser migrante

El polvorín de Torre Pacheco es un ejemplo claro y hay ataques raciales a negocios y vecinos de allí aunque el agresor del hombre de 70 años, el caso con el que se inició la espiral de violencia, no era de la localidad y ya está detenido. “La primera consecuencia es el miedo, porque el ataque es algo muy aleatorio. Atacaron un kebab, que puede estar regentado por un marroquí o un turco o un español. Nos hace sentir que no estamos a salvo en ningún contexto y eso es muy intimidatorio. La gente piensa que pueden ir al colegio de sus hijos, a su trabajo, como está pasando con las redadas en Estados Unidos. También se percibe indefensión porque no se ve contundencia por parte de las autoridades, no se lo toman todo lo en serio que deberían”, percibe Gerehou.

“Los delitos de odio cuestan de probar porque muchas veces su comisión o difusión es a través de redes, donde hay anonimato, las empresas están fuera de España y no siempre colaboran. Por otra parte, necesitan un componente subjetivo, hay que probar que se incita al odio o que se hace para humillar”, explica Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio en la Comunitat Valenciana. También desmiente un mito: “Vemos acciones organizadas como en Torre Pacheco, pero la regla general es que los autores de delitos de odio son personas 'normales' con todas las comillas, que no pertenecen a ningún grupo, que piensan esto y se ven legitimados por las redes o declaraciones de políticos”.

“La imagen del migrante delincuente es fácil de vender, es la alienidad, pero no se compadece con la realidad”, dice el experto en derecho y criminología Javier Guardiola. Solo hay que mirar alrededor un día cualquiera o fijarse en otros ejemplos igual de reales, pero totalmente positivos, como las cuadrillas de marroquíes que hicieron posible, trabajando hasta en Navidad, resolver el colapso de la red pública de alcantarillado tras la dana de València. Es el mismo colectivo general al que hoy, grupos de ultraderecha quieren “dar caza” y que ha puesto en alerta a policías y guardias civiles en la localidad de Murcia.

La delincuencia es un fenómeno complejo, cambiante, poco perfilado y cuyas estadísticas engloban desde asesinatos a una lesión, tráfico de drogas, prevaricación o ciberestafas (el delito que más está creciendo), explican los expertos, por eso es arriesgado sacar conclusiones. “Simplemente, el binomio extranjería/delincuencia no es real”. Aun así, partidos como Vox coquetean con la idea, como también Isabel Díaz Ayuso con su bulo de Alcalá en 2024, los independentistas de Aliança Catalana o el propio Feijóo, que especificó hace unos meses sobre la inmigración que la gente tiene derecho a vivir “con seguridad”, contraponiendo dos ideas que, a tenor de los datos de criminalidad y población extranjera en España, no son contrapuestas.