Lawfare en el primer mundo y un 17 de Octubre ibérico
El jueves por la tarde en Madrid una camioneta con una pantalla de grandes dimensiones salió a recorrer la ciudad. Lo que reproducía en loop era un aviso muy corto en el que una leyenda gritaba: “Pedro y Begoña: corrupción y tráfico de influencias. Fuera YA!”
Adentro de la camioneta, el conductor, un hombre de unos 50 años, conducía con total normalidad junto a una chica. Sus gestos no expresaban nada en particular, aunque su vehículo formaba parte de una gran campaña de acusación sin pruebas contra la mujer del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, orquestada por un conjunto de actores de la ultraderecha española dedicados desde hace años a ensuciar a dirigentes políticos progresistas y buscar la complicidad de algún juez que les siga el juego.
La campaña ha puesto a la política y la sociedad española en un estado de suspenso absoluto. El miércoles por la tarde Sánchez publicó una carta sin el sello del Gobierno –es decir, ubicándose en el lugar de la persona y no del funcionario– en el que manifestó que la denuncia realizada por el pseudo sindicato “Manos limpias” contra su mujer por tráfico de influencias sin ninguna prueba más que un par de artículos publicados por medios sensacionalistas, no tenía otro sentido que atacarlo a él como presidente del Gobierno, y líder del Partido Socialista Obrero Español.
Llegado ese punto, el dirigente se preguntó si merecía la pena (seguir en política), y anunció que se tomaría hasta este lunes para reflexionar junto a su espos y decidir cómo seguir adelante. Un “seguir adelante” que podría incluir la opción de dejar el Ejecutivo en manos de otro dirigente del Gobierno, o hacer un llamado a elecciones, entre otras posibilidades.
El hecho no tienen antecedentes en el sentido que nunca antes se puso en duda la continuidad de un líder del ejecutivo elegido de forma democrática por un caso de denuncias falsas contra un familiar, pero sí que existen numerosos ejemplos del mismo tipo de acciones instigadas por los medios e impulsada luego por algún juez cómplice. Los integrantes de Podemos, por citar solo un caso, han sido víctimas de este tipo de denuncias falsas de forma recurrente. Pero también han sido atacados dirigentes de otros partidos, además de periodistas.
Ahora bien, la maniobra de Sánchez –que, quienes lo conocen, aseguran que no está motivada por el cálculo político sino por una cuestión de índole personal y emocional– ha puesto de relieve la enorme gravedad que tiene para las sociedades lo que en Sudamérica conocemos popularmente como lawfare, pero que en España ha empezado a llamarse del mismo modo y que pronto podría exportarse a otros países del mismo continente.
Es temprano para entender el impacto que tendrá la medida de Sánchez en la gente, en los medios y en los partidos políticos, y también dependerá de lo que el líder socialista anuncie este lunes. Por el momento, el arco de fuerzas progresistas se ha solidarizado con el mandatario, pero las fuerzas de la oposición lo acusaron de victimizarse y casi lo animaron a dejar el gobierno.
Sería ingenuo pensar que las personas y empresas que controlan a los medios que orquestaron la denuncia sin ninguna prueba se plantearan terminar con este tipo de persecución política. Sin embargo, no está claro que la sociedad –independientemente de sus preferencias políticas– pueda reflexionar sobre una probable verdad: en la medida que estas prácticas se naturalicen, será más fácil que terminen siendo utilizadas por cualquier fuerza del arco político. ¿Cuánto falta para que la política sea suplantada por la guerra judicial? La pregunta no es nueva, pero sí el giro que ha tomado en España el tema.
El más peronista de los dirigentes europeos
Este sábado la dirigencia socialista llamó a realizar una gran marcha de apoyo a Sánchez. Pasado el mediodía, unas 12.000 personas se congregaron frente a la sede del PSOE para pedirle al líder que permaneciera en el cargo.
Los medios reflejaron la manifestación con titulares del tipo: “Clamor unánime del PSOE para evitar la dimisión de Sánchez”; “La dirección del PSOE pide a Sánchez que no dimita y se une en la calle con los simpatizantes para agradecer el apoyo”; “Dirigentes socialistas se unen a miles de militantes y simpatizantes en Ferraz para pedirle a Sánchez que no dimita: No te rindas”, entre otros.
Es posible que algún dirigente socialista recuerde una de las fechas religiosas del peronismo, el 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de obreros forzó la liberación de Juan Domingo Perón. La épica peronista no desentona con la que forjó Sánchez desde que ha llegado a la cúspide del Gobierno español.
En el 2018, el líder socialista renunció a su acta de diputado en oposición a la decisión del PSOE de permitir que Mariano Rajoy, exlider del Partido Popular, pudiera convertirse en presidente del Gobierno. El hecho, que para muchos significó el fin de la carrera de Sánchez, fue, en realidad, el inicio de su maratónico ascenso a la dirección del PSOE, y el lugar desde donde impulsó una moción de censura contra Rajoy, que puso fin al mandato del popular.
Otro hecho, igual de importante, es más reciente. El año pasado, cuando las elecciones autonómicas (provinciales) le mostraron al PSOE que la suerte se estaba diluyendo, y que en una generales podría perder el poder, Sánchez sorprendió a propios y extraños con un imprevisto llamado a elecciones anticipadas. La iniciativa, que para algunos resultaba temeraria, volvió a colocarlo al frente del Gobierno, no sin antes tener que atravesar un espinoso camino de acuerdos y concesiones con otras fuerzas políticas que lo apoyaron.
El fondo de la carta de Sánchez es un complejo escenario de apoyos y desconfianzas que entorpecen (y entorpecerán) la legislatura de Sánchez, a la que, en los papeles, le quedan otros tres años. Como fuera, el más peronista de los europeos sigue siendo el factor más importante de la política española e incluso lo será si este lunes anuncia su dimisión. Hasta que ese momento llegue, la camioneta con la pantalla seguirá circulando por la ciudad con su falsa acusación.
AF/DTC
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