Perú indemnizará a las víctimas del plan de esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori

Más de dos décadas después de que miles de mujeres fueran sometidas sin su consentimiento a ligaduras de trompas en el Perú, el Estado reconoció el derecho de las víctimas a una reparación. En una decisión histórica, el Poder Ejecutivo peruano promulgó la Ley 31.119 que modifica los artículos 3 y 6 de la Ley del Plan Integral de Reparaciones para sumar a partir de ahora “todo tipo de violencia sexual”, lo que incluye a las mujeres, mayoritariamente indígenas, nativas, y migrantes internas descendientes de pueblos originarios, que sufrieron esterilizaciones forzadas. “¡Ahora es ley!”, compartió la congresista y militante feminista Rocío Silva-Santisteban en su cuenta de Twitter.

Todavía se ignora el monto de la indemnización, pero el reconocimiento de la necesidad de reparar resultó enormemente significativo a los ojos de las organizaciones feministas, como Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). Este colectivo había colaborado con movimientos sociales en una gráfica campaña de concientización, y junto a la ex congresista indígena Tania Pariona impulsaron el tratamiento legislativo de los reclamos postergados durante décadas.

Un plan de Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica (AVQ) fue convertido en ley por el presidente Alberto Fujimori en 1995, aunque un programa de salud pública de esta índole venía cumpliéndose desde antes sin sanción legal. Caído Fujimori, el ministro de salud Fernando Carbone informó en 2002 al Congreso que, según una comisión investigadora, entre los años 1993 y 2000, 294.000 mujeres habían sido esterilizadas, mientras que a más de 18.000 varones se les había practicado una vasectomía. El objetivo declarado era reducir la natalidad de las franjas sociales más pobres del Perú, y había apuntado muy especialmente a grupos indígenas de áreas alejadas.  

Muchas mujeres padecieron severas secuelas físicas e incluso complicaciones derivadas de la cirugía que llevaron a su muerte. No se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas. Al parecer fueron muchas muertes, pero las organizaciones deploran la falta de autopsias.

Aunque otras entidades calculan cifras superiores de mujeres perjudicadas, hasta el momento figuran 8.000 en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2016.

De las víctimas contempladas en el registro, 2.074 presentaron sus denuncias de manera formal durante el proceso penal contra el expresidente Fujimori, y reclamaron que el ministro de Justicia, Eduardo Vega, provea de inmediato para que comience la asignación de las indemnizaciones.

El próximo 1 de marzo un juez determinará si les abre una causa penal a tres ministros de Salud del régimen fujimorista, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, así como a otros exfuncionarios del Ministerio por el mismo caso. En este proceso ya se encuentra imputado Fujimori, quien está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.