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Crece el temor a la violencia en vísperas de las elecciones legislativas en EEUU: “Es un momento sin precedentes”

Un trabajador procesa las papeletas en el condado de Orange (California) durante la votación para las elecciones presidenciales de 2020.

Dani Anguiano

Redding (Estados Unidos) —

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En la oficina de la secretaria y registradora de votantes del condado de Shasta, que gestiona las elecciones para unas 111.000 personas en esta parte del extremo norte de California, Cathy Darling Allen piensa en todas las mejoras de seguridad que haría si tuviera presupuesto.

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“Tenemos un plexiglás en el mostrador de abajo para la COVID-19, pero eso no detendrá a nadie. Tan solo está pegado a los mostradores”, dice la secretaria y registradora del condado. Estima que, por unos 50.000 dólares (una cifra equivalente en euros), la oficina podría asegurar la parte delantera, lo que limitaría el acceso a las oficinas de arriba. Según sabe, otro condado colocó un cristal antibalas en su vestíbulo años antes. Los funcionarios de ese condado en algún momento se plantearon quitarlo, aunque ya no.

Las oficinas electorales no solían pensar en la seguridad de esta manera, asegura Allen. Hoy no pueden permitirse no hacerlo.

Tras el rechazo de Donald Trump a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, Allen explica que, en condados como el suyo, el trabajo de los trabajadores electorales locales no partidistas, antes de bajo perfil, se ha transformado. La cultura de la  desinformación ha sembrado la duda en el sistema electoral estadounidense y ha sometido a funcionarios, desde Nevada hasta Michigan, a acoso y amenazas. Tan solo en el último año, el FBI ha recibido más de 1.000 denuncias de amenazas contra trabajadores electorales que ahora se preparan para las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre (legislativas nacionales, regionales y locales).

En California, funcionarios y trabajadores de condados pequeños, rurales y con pocos recursos, como el de Shasta, cuentan que están enfrentándose a la hostilidad y el acoso agresivo de los residentes que creen que existe un fraude electoral generalizado. Muchos de ellos están inundando las oficinas electorales locales con solicitudes de registros públicos como parte de una búsqueda incesante para tratar de probar sus afirmaciones.

Los residentes del condado de Shasta han intentado intimidar a los trabajadores electorales actuando como observadores, amontonándose alrededor de Allen durante un tenso enfrentamiento en la noche electoral de junio, y visitando los hogares de los votantes diciendo formar parte de un “grupo de trabajo oficial”. En el condado de Nevada, al noreste de California, la registradora electa asegura que tuvo que pedir una orden de alejamiento contra los residentes que la acosaron y entraron a empujones en su oficina, agrediendo a un empleado.

“Es realmente un momento sin precedentes”, opina Kim Alexander, la presidenta de la California Voter Foundation, una organización no partidista y sin ánimo de lucro que trabaja por la mejora de los procesos electorales. “Hace poco, un colega se refirió a ello como una especie de locura que se ha instalado”, cuenta.

Campaña financiada por millonarios y milicias

Un martes de septiembre, un orador tras otro se presentaron ante la junta de supervisores del condado de Shasta denunciando sin pruebas el “fraude electoral” que, según ellos, está teniendo lugar. Vestidos de rojo, blanco y azul, los residentes describieron sus esfuerzos como un caso de David contra Goliat.

“Se llama auditoría ciudadana y hemos salido a recoger las pruebas que demuestran que hay fraude en nuestro proceso”, dijo un orador. “Esta es nuestra plaza de Tiananmen. Vamos a ponernos delante de los tanques y decir ya basta a las máquinas”, apuntó.

El grupo de residentes que pone en duda las elecciones en Shasta es pequeño pero muy visible y toma habitualmente la palabra en las reuniones de la junta del condado. Han presentado decenas de solicitudes de registros públicos a la oficina de Allen, se han presentado en gran número para la observación de las elecciones, e incluso han visitado las casas de ciertos votantes mientras llevaban la etiqueta “grupo oficial de votantes”. Un acto que, según Allen, puede ser considerado como intimidación al votante.

Esta oposición surge en el marco de una agitación política más extendida a lo largo de este condado rural del norte. Esta tiene su origen en la ira de algunos residentes por la derrota de Trump, las restricciones por la pandemia y los mandatos de vacunación impuestos por el Gobierno progresista de California.

La ira acabó por convertirse en un movimiento antisistema que cuenta con el respaldo tanto de una  financiación externa sin precedentes, proporcionada por un millonario de Connecticut, como de los grupos de milicias de la zona. La presión del movimiento impulsó que, en febrero, fuera revocado un supervisor del condado de larga trayectoria. El comportamiento observado durante esas elecciones llevó a la oficina de Allen a introducir cambios en la seguridad, incluido el seguimiento de todos los que entran en las instalaciones.

Durante las primarias de junio, cuando el superintendente de la escuela, el fiscal del distrito y el sheriff estaban en la papeleta, una multitud de observadores trató de intimidar al personal del condado, dice Allen, y alguien instaló una cámara de seguimiento fuera de la oficina, aparentemente con la intención de vigilar a los trabajadores electorales. El sheriff situó a sus ayudantes en el exterior de la oficina. Después de que cuatro de los candidatos respaldados por el grupo antisistema perdieran rotundamente —Allen venció a su oponente y fue reelegida para su quinto mandato—, los candidatos solicitaron un recuento manual.

El uso de parte del condado de las máquinas de votación Dominion —a las que los seguidores de Trump han difamado como parte de una falsa teoría de la conspiración, que sostiene que la empresa desempeñó un papel en el giro a favor de Biden que dieron las elecciones de 2020— ha suscitado especial preocupación entre los residentes que creen en un fraude electoral generalizado. Algunos de ellos han intentado compartir contenidos a Allen, como 2000 Mules, un documental cuyas falsas afirmaciones sobre el fraude electoral ya han sido desmentidas.

Recientemente, un líder del movimiento de negación de los resultados de las elecciones celebró un evento en una iglesia de la zona. La entrada costaba 20 dólares. A Allen le resulta especialmente frustrante que la gente gane dinero con la difusión de versiones desmentidas sobre las elecciones.

Si hubiera problemas en torno a las elecciones, dice, ella confiaría en los verdaderos expertos que conoce, quienes han trabajado en el campo durante décadas y comparten la información de forma gratuita: “Te garantizo que no van a cobrar a la gente 20 dólares por cabeza en una iglesia de Redding, California, para contar la historia. Eso es llenarse los bolsillos, no es tratar de mejorar algo”.

Allen dice que la oficina ha sido escenario de comportamientos agresivos y acoso, pero aún no ha recibido amenazas. Dadas las amenazas a las que se enfrentan los trabajadores electorales de todo Estados Unidos, sospecha que es solo cuestión de tiempo.

“La gente no se apuntó para esto”, dice. “Me dicen que yo debería tener seguridad privada. Eso no está bien. Pero es el mundo en el que vivimos ahora”, sostiene.

Acoso en otros condados

A unos 240 kilómetros de distancia, en las estribaciones de Sierra Nevada, en el este de California, Natalie Adona cuenta que su oficina también sufre los mismos problemas: “Si está ocurriendo en Shasta, lo más probable es que también esté ocurriendo aquí. Entre los agitadores más prominentes se comparte información de condado a condado”.

Las tensiones políticas en el condado de Nevada, que alberga a unas 100.000 personas en pueblos y asentamientos históricos que estuvieron en el centro de la fiebre del oro de California, han aumentado desde las elecciones de 2020, dice Adona, la secretaria adjunta del condado.

A principios de este año, un grupo de residentes empezó una agresiva y finalmente infructuosa campaña para destituir a toda la junta de supervisores, a quienes acusaban de permitir “crímenes contra la humanidad” por apoyar las medidas de seguridad contra la COVID-19.

Mientras se presentaba a su cargo esta primavera, Adona dijo que ella y su oficina fueron objeto de una campaña de acoso público que se extendió durante meses. Asimismo, recibieron mensajes racistas en un correo electoral en el que había una foto suya oscurecida y falsas acusaciones de que no había pagado los honorarios de registro de inmigración. Después de que Adona ganara por casi un 70%, los opositores solicitaron un recuento.

“Lo consideré una forma más de acoso y creo que uno de los otros propósitos era tratar de conseguir otros documentos que por lo general no pueden obtenerse en un proceso de observación normal”, advierte.

Al mismo tiempo, su oficina ha recibido una avalancha de solicitudes de registros públicos en los últimos meses que parecen ser “copia y pega”, dice Adona: “Lo que estamos viendo hoy son intentos deliberados por poner trabas al proceso electoral o, simplemente, una especie de avalancha de solicitudes que reflejan lo poco que sabe el solicitante sobre las elecciones”, indica.

Adona dice que también ha recibido una amenaza, que no puede ser imputable por ley. “Ciertamente no está al nivel de Georgia o Wisconsin. Me siento afortunada, pero al mismo tiempo mucho de esto es desconcertante”, admite.

La oficina del condado de Nevada ha aumentado su presupuesto para la seguridad en su sede y está trabajando más estrechamente con las fuerzas del orden.

“Tengo el mejor trabajo del mundo. Tengo que servir a los votantes, tengo que servir al público, pero en los últimos años la administración electoral se ha vuelto más difícil”, asegura. “Nos ha hecho preguntarnos a mí y a mi equipo sobre cómo mantener la seguridad de los trabajadores electorales, cómo mantener la seguridad de nuestro personal y, al mismo tiempo, ofrecer los mismos niveles de transparencia en las elecciones que el público merece”, cuenta.

Dimisiones

En todo EEUU, el clima se ha vuelto tan tenso que uno de cada cinco trabajadores electorales ha dicho que es poco probable que siga en su puesto hasta las próximas elecciones presidenciales, según una encuesta realizada por el Brennan Center for Justice, un instituto sin ánimo de lucro especializado en las elecciones y el funcionamiento de la democracia. Alrededor de uno de cada seis dice haber sido amenazado personalmente.

En toda California, grupos pequeños pero notorios, inspirados por actores desinformados o malintencionados, han sido llevados a creer en falsas versiones sobre la forma en que el Estado lleva a cabo las elecciones, apunta Alexander, de la California Voter Foundation, lo que llevó a la organización a hacer de la seguridad de los trabajadores electorales un tema cada vez más importante.

El grupo, junto con el Centro Brennan, impulsó recientemente una ley firmada por el gobernador de California que permite a los trabajadores mantener la confidencialidad de sus domicilios.

“Cuando empecé a trabajar en seguridad electoral, hace casi 30 años, nunca me imaginé que eso incluiría la seguridad física de las personas que administran nuestras elecciones”, recuerda Alexander.

Pero, según ella, las cosas han cambiado rápidamente. Su organización está tratando de apoyar a los funcionarios electorales ofreciéndoles formación en prevención de conflictos y otros recursos. Se necesita más ayuda, y así ha sido durante mucho tiempo.

“La infrafinanciación crónica de la administración electoral en EEUU es una de las condiciones que han llevado a la vulnerabilidad de nuestros trabajadores electorales. Si las oficinas no estuvieran faltas de personal y de recursos en primer lugar tendrían más seguridad”, asegura.

Las oficinas electorales de California ya se vieron afectadas por las elecciones consecutivas de los últimos años, incluida la elección del gobernador en 2021. Meses después de eso, el condado de Shasta celebró sus elecciones locales de revocatoria de cargos.

“No hemos tenido un descanso en unos cinco años”, dice Allen, quien también está en la junta directiva de la California Voter Foundation. “Ningún miembro de mi equipo ha podido desconectar realmente, ni siquiera durante un tiempo. Ni siquiera puedo ir a la cima del Monte Lassen, donde sé que nadie puede localizarme”, cuenta.

Allen dice que, en el pasado, desmitificar el proceso electoral con visitas guiadas a la oficina y un recorrido por sus procedimientos ayudó a disipar los temores de la gente. Asimismo, este año, la oficina está tratando de luchar contra la marea de desinformación con una oferta constante de información fiable  publicada por su oficina a través de las redes sociales y sitios web, tratando de alcanzar a todos los votantes posibles. El condado ha contratado a una persona para que trabaje en la educación de los votantes y la divulgación.

Pero a medida que la desinformación prolifera, hay un contingente creciente de personas que no creen en ningún mensaje que provenga de la oficina, asegura.

“No sé cómo disuadir a la gente de una creencia que han tragado al por mayor como si fuera una religión”, apunta. “Aun así, lo intentaremos”, sostiene.

Sin embargo, Allen mantiene la esperanza de que las cosas mejoren. En una mesa de su despacho hay una pila de tarjetas de agradecimiento de vecinos que expresan su gratitud por el trabajo de su oficina. Ganó la reelección por un amplio margen.

“En junio, seis de esas personas que creen en algunas de estas informaciones falsas sobre el fraude electoral y el robo de las elecciones se presentaron a las elecciones y ninguna de ellas ganó. Ni siquiera uno de ellos. Para mí, esa es la historia: los votantes del condado de Shasta pudieron ver más allá”, opina.

En cuanto a los desafíos nacionales para los trabajadores electorales, Allen dice que “esto también pasará”.

“Creo que va a empeorar antes de mejorar, pero mejorará”, pronostica.

Traducción de Julián Cnochaert.

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