El Senado debate la reforma laboral con concesiones del oficialismo y una movilización sindical en rechazo

El Senado debate este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el oficialismo introdujo una serie de modificaciones al textp para garantizar los votos necesarios y atenuar el rechazo sindical. El eje del conflicto volvió a centrarse en el impacto directo sobre los trabajadores, en un contexto de salarios que no lograron recuperar poder adquisitivo y paritarias rezagadas.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para llevar el dictamen al recinto y sostuvo que se trató de “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. La negociación incluyó concesiones a gobernadores, a bloques parlamentarios aliados y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había cuestionado puntos centrales del articulado original.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. Ese punto había generado un fuerte rechazo de los gobernadores por el impacto fiscal sobre las provincias. La quita de ese artículo fue determinante para destrabar el apoyo político necesario para avanzar con la sesión.

En paralelo, el oficialismo cedió a reclamos históricos de la CGT vinculados al financiamiento sindical y de las obras sociales. Se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y se sostuvo el aporte del 6% destinado a las obras sociales, en lugar del recorte que planteaba el texto original. Estas modificaciones evitaron un desfinanciamiento inmediato de las organizaciones sindicales, uno de los puntos que había concentrado mayor resistencia.

También se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un tope del 0,5%, y se descartó la posibilidad de que los salarios se paguen a través de billeteras virtuales. El dictamen estableció que los sueldos deberán abonarse exclusivamente mediante cuentas bancarias o en entidades de ahorro oficial, una demanda compartida por los sindicatos y el sistema bancario. El Gobierno argumentó que habilitar otros mecanismos podía generar “enormes problemas” para los trabajadores.

Con estos cambios, La Libertad Avanza llegó al recinto con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, y alcanzó un número que le permitió proyectar la sanción de la ley. El oficialismo cuenta 41 votos, aunque al cierre del día persistían dudas sobre la posición de algunos senadores provinciales. La construcción de mayorías quedó atada a concesiones explícitas, reconocidas incluso por la propia Bullrich, quien admitió que sin esos cambios no contaban con los votos necesarios.

Otro punto sensible del acuerdo fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir despidos. El esquema final estableció dos categorías: un aporte del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con la posibilidad de ajustes posteriores bajo control de una comisión bicameral. El fondo fue presentado como un mecanismo de contención, aunque los sindicatos cuestionaron que se avance en paralelo con cambios que abaratan y flexibilizan los despidos.

El dictamen también ratificó la decisión de derogar distintos estatutos laborales, entre ellos el Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para negociar nuevos convenios colectivos. La medida generó alarma en sectores que advirtieron sobre un vacío normativo y una pérdida de protecciones específicas, en un escenario donde la correlación de fuerzas en la negociación colectiva aparece debilitada.

Protestas

Mientras el Senado sesiona, la conflictividad se traslada a la calle. La CGT y las dos CTA convocaron a una movilización frente al Congreso desde las 14.30 para rechazar el proyecto. Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas parcial desde las 13, sin paralización total, para facilitar la participación en la marcha. Las CTA y ATE, en cambio, dispusieron un paro de 24 horas.

En su convocatoria, la CGT sostuvo que la reforma “no es modernización” sino “ajuste sobre las y los trabajadores” y advirtió que implica una pérdida de derechos laborales, previsionales y provinciales. El mensaje apuntó a unificar el rechazo en torno a la defensa del trabajo y las jubilaciones, y a marcar un límite político al avance del oficialismo.

Dirigentes sindicales reforzaron ese posicionamiento. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, afirmó que el proyecto fue elaborado con un “criterio antisindical” y que busca desfinanciar a las organizaciones gremiales. Rodolfo Aguiar, de ATE, advirtió que los gobernadores que avalen la reforma “estarán firmando su propia sentencia de muerte” y reclamó que defiendan a los trabajadores de sus provincias.

Durante las horas previas al debate, distintas organizaciones sindicales desplegaron campañas de difusión para advertir sobre los efectos concretos de la reforma. Las piezas apuntaron a cambios en la jornada laboral, el pago de horas extra, las vacaciones, las indemnizaciones y la estabilidad del empleo, con un mensaje directo hacia quienes dependen de su salario para sostener sus ingresos.

El debate legislativo se desarrollará así en un clima de alta tensión política y social. Mientras el oficialismo celebró haber alcanzado un acuerdo parlamentario, los sindicatos dejaron en claro que la disputa no se agotará en el recinto.

JJD, con información de NA