Italia: el Gobierno ultra de Meloni acusa a los jueces de hacer “oposición” por investigar a miembros de su partido

El Gobierno de extrema derecha de Italia está sumido en una lucha de poder con la judicatura del país por unas polémicas investigaciones que involucran a miembros destacados de la coalición gobernante, integrada por tres partidos de derecha y ultraderecha.

Una nota difundida la semana pasada en la que se citan fuentes de la oficina de la primera ministra, Giorgia Meloni, señala que un “sector de la judicatura” está siendo atacado porque “eligió jugar un papel opositor activo” en un supuesto intento de tumbar al actual Ejecutivo italiano antes de las elecciones europeas de 2024.

La tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial se agudizó con las acusaciones contra la ministra de Turismo y colaboradora cercana de Meloni, Daniela Santanchè, a la que se le ha pedido que dimita por las investigaciones relacionadas con sus actividades empresariales.

La semana pasada Santanchè negó en el Senado que estuviera siendo investigada, pero fuentes judiciales confirmaron poco después de sus declaraciones que hay una investigación contra ella en marcha desde octubre relacionada con su grupo editorial, Visibilia, por quiebra y falsedad contable.

“Nunca me he apropiado de nada que no me pertenezca, nunca he abusado de mi posición de poder en las empresas, reto a cualquiera a que demuestre lo contrario”, afirmó la ministra.

El Gobierno italiano también ha criticado al juez que rechazó la petición de la Fiscalía de archivar un caso que implica a Andrea Delmastro, un alto cargo de Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), el partido de raíces neofascistas liderado por Meloni, y subsecretario de Estado de Justicia. Delmastro había sido acusado de revelar secretos oficiales por hablar en el Parlamento sobre Alfredo Cospito, un anarquista encarcelado en régimen de aislamiento, normalmente reservado para los capos mafiosos.

El ultraderechista Ignazio La Russa, cofundador de Fratelli d'Italia y presidente de la Cámara Alta, ha generado otra polémica al poner en duda las acusaciones de violación que una mujer ha formulado contra su hijo, Leonardo La Russa.

Por su parte, el político Maurizio Gasparri, del partido del difunto Silvio Berlusconi, Forza Italia, ha acusado al poder Judicial de “atentar contra la Constitución” italiana.

Deslegitimar a la judicatura

Los magistrados han contraatacado y sostienen que las acusaciones “falsas” contra ellos socavan la confianza en el poder judicial.

“Hacer esto por el mero hecho de que un juez haga su trabajo a conciencia y se ocupe de un caso que casualmente concierne a un político supone deslegitimar una institución del Estado”, declaró a la emisora Rai Radio 1 Salvatore Casciaro, secretario de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM).

Además, el Gobierno de Meloni está tratando de impulsar cambios judiciales criticados por los magistrados, como limitar las escuchas telefónicas y abolir el delito de abuso de funciones. Asimismo, pretende separar la carrera de juez y la de fiscal para evitar que puedan pasar de un cargo a otro, una medida que varios magistrados han considerado como una forma de “castigar a la judicatura”.

“Al no estar dentro de los parámetros legales, es inevitable que este Gobierno de derechas choque con los que tienen que hacer cumplir esos parámetros legales”, ha señalado un exmagistrado de Bolonia, Carlo Sorgi. “Cuando surge un caso [contra uno de los suyos] se sienten escandalizados, es absurdo, pero la verdad es que están atacando a los magistrados porque quieren debilitar la confianza que la opinión pública tiene sobre ellos”, ha dicho.

Matteo Salvini ha acusado en repetidas ocasiones a los magistrados de favorecer a la izquierda. El viceprimer ministro y líder de la formación ultraderechista Liga ha sido imputado por secuestro de personas al impedir el desembarco en la isla de Sicilia de migrantes rescatados en el mar cuando era ministro del Interior en 2019.

Gian Domenico Caiazza, presidente de la Unión Italiana de las Salas de lo Penal, dice que “esta es una pelea que dura 30 años”. “Hay un desequilibrio entre los políticos y el poder judicial; no es un problema de izquierdas o de derechas, es un problema peculiar de nuestro país... y cada vez que surge un caso que afecta a un ministro o a un subsecretario, se toca una fibra sensible”, asegura.

Por su parte, Elly Schlein, líder de la principal formación de izquierdas, el Partido Democrático, ha cargado contra Meloni por guardar silencio sobre las investigaciones, especialmente por la que implica a Santanchè, acusada de fraude en las ayudas a empresas por la COVID-19, de no pagar a proveedores y de despedir a empleados sin indemnización.

“En un sistema democrático es absolutamente inaceptable que, en lugar de responder a las graves acusaciones sobre esta cuestión, Palazzo Chigi [sede de la jefatura de Gobierno] alimente un peligroso enfrentamiento entre los poderes del Estado haciendo circular una nota en la que se refieren al poder judicial con tonos intimidatorios”, ha denunciado Schlein en un comunicado, en el que ha pedido a Meloni que asuma sus responsabilidades.

Según Francesco Galietti, fundador de la consultora política con sede en Roma Policy Sonar, “esta es una lucha de poder”. “Hay un poder que cree tener un mandato fuerte y que quiere quitarle oxígeno al otro, que está devolviendo el golpe y golpeando donde duele”, explica.

“La cuestión ahora es cuánto tardará en alcanzar su apogeo... y si puede o no desestabilizar al Gobierno antes de las elecciones europeas”, se pregunta.

Traducción de Francisco de Zárate