Opinión

¿Por qué no se invierte más? (segunda parte no planificada)

Históricamente Argentina ha oscilado entre políticas que impulsan el consumo y otras que promueven la inversión

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En esta columna en enero me (nos) hice la siguiente pregunta: ¿por qué los empresarios no invertimos más? No pensaba escribir una segunda parte tan pronto, pero dos meses después siento que hace falta volver sobre el tema, dadas las señales recientes de las políticas públicas.

Históricamente Argentina ha oscilado entre políticas que impulsan el consumo y otras que promueven la inversión. Raramente hemos encontrado equilibrio en un péndulo que se mueve en paralelo a las grietas políticas que sufre el país. Un sector levanta la bandera del consumo contra la inversión; el otro el de la inversión contra el consumo. 

En las últimas décadas ambos vienen fallando en alcanzar sus respectivos objetivos, porque el éxito requiere encontrar un equilibrio que implicaría ponderar a ambos términos de la ecuación – y también a la relación entre ellos – para lograr un crecimiento sustentable y más predecible.

El consumo es una parte fundamental de la demanda de la economía y nadie invierte si no tiene quien pueda comprarle. Pero a largo plazo el verdadero motor del crecimiento es la inversión, que es la que logra innovar en procesos, insumos, bienes, servicios, para que una economía pueda producir más con menos; para llegar antes que otros a lo nuevo, a lo que viene; para sostener una posición de mercado y ampliarla; para garantizar empleo futuro y que haya quien consuma mañana. 

En lo que va del año se han anunciado o puesto en práctica una serie de políticas, algunas de las cuales quiero enumerar brevemente.

Por un lado:

  • Empezaron a funcionar las mesas para un acuerdo de precios y salarios que logre atemperar las expectativas de inflación.
  • El Consejo Económico y Social tuvo su primera reunión plenaria. Se fijaron cinco temas para buscar consensos de largo plazo.
  • El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con fondos de inversión internacionales, buscando atraer capitales al país.
  • Se anunciaron incentivos fiscales para que el sector automotriz pueda incrementar inversiones y mejorar el perfil exportador del país (y la balanza comercial). También para el de la construcción, mediante un blanqueo. 
  • Avanza en el Congreso una ley que hará que los trabajadores paguen menos impuesto a las Ganancias. Así, podrán consumir más y el Estado recaudar más. 
  • Se anunció una reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones en 10 provincias del norte. Además, las reducciones serán mayores en el caso de contratar mujeres, travestis, transexuales o transgénero. 

También:

  • Las industrias (aquellas categorizadas como “GUDI”) pagarán un 50-70% más cara su energía. Este cambio aplica en forma inmediata. El costo se trasladará inexorablemente a precios. 
  • Se creó un nuevo sistema informativo “para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE). Aunque el título suene bien, supone volver (siempre volvemos) a controles que ya demostraron servir poco. 
  • Se presentó un proyecto de ley que propone aumentar la alícuota de Ganancias de la mayor parte de las empresas (a una tasa efectiva cercana al 39%). Aunque parezca obvio: a mayor imposición, menor reinversión.  
  • El consenso fiscal que había sido acordado en el Congreso quedará sin efecto y las jurisdicciones sub-nacionales podrán incrementar la presión fiscal al sector privado. 
  • El 1 de abril entra en vigencia una nueva ley de teletrabajo que no tuvo en cuenta ninguno de los comentarios que se hicieron desde el sector empresario. Si bien sus regulaciones no aplicarán todavía para quienes deban teletrabajar por motivos de la pandemia, a mediano plazo el efecto será el contrario al buscado.
  • Rige una prohibición de despidos y suspensiones que ya lleva un año. El cepo a la salida (a la rotación normal y habitual) es también un cepo al ingreso. 

En la columna de enero concluía que si realmente queremos que se invierta más, la política pública tiene que mostrar que existe un norte claro en la hoja de ruta y generar los incentivos para que el sector privado sea el motor del crecimiento. Las definiciones políticas recientes parecen mostrar un problema de coordinación y consistencia con ese objetivo. Ojo: no es exclusivo de la actual administración. En la gestión anterior, por caso, se definieron objetivos pro-inversión pero se terminó incentivando la valorización financiera sobre la productiva. Llevamos varias décadas descoordinados.

Hoy, ¿cómo es compatible el diálogo y los acuerdos con un sistema informativo compulsivo?; ¿Cómo convenceremos a un inversor que esté pensando hundir capital cuando la tasa de impuesto a las Ganancias es la más alta de la región (y muy por encima del promedio de la OCDE)? La falta de respuestas a preguntas como estas (y a lo largo del tiempo a otras preguntas similares) tiene como resultado que la inversión está en un mínimo histórico de 13,2 % del PBI, lo cual no alcanza ni para cubrir la amortización del capital. Nos estamos des-capitalizando. 

Una buena parte del empresariado suele reclamar “seguridad jurídica” como una panacea que nos brindaría todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Pero la seguridad jurídica por sí misma no alcanza. Precisa un proyecto consistente de crecimiento, que incluya una macroeconomía orientada al desarrollo, políticas industriales y sectoriales activas, un marco de incentivos a la inversión y financiamiento que acompañe, una política comercial inteligente. Las reglas de juego se tienen que alinear a esos objetivos para alcanzar las metas que se buscan y luego deben mostrar una trayectoria sin péndulos a lo largo del tiempo. Seguridad jurídica, sí, pero al servicio de un proyecto consensuado de desarrollo. 

Aún con los matices de cada momento político, el equilibrio entre consumo e inversión, entre trabajo y capital, es una de las principales políticas de Estado que tenemos que acordar, porque todos compartimos el objetivo de incrementar la capacidad productiva y exportable de Argentina, para crear más empleo y agrandar la torta que distribuimos. La forma de lograrlo es el diálogo – no por el diálogo mismo, sino para diseñar políticas que nos saquen del juego de suma cero en que parecemos atrapados.

CC

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